Violencia legítima


Por Lorena Moscovich, profesora del Departamento de Ciencias Sociales.

“Macri quiere eliminar a los mapuches”. Dudo que Macri tenga esto entre sus planes.  “Macri busca sacar a los mapuches del medio para defender a los que quieren hacer negocios”. Probablemente tampoco. Sin embargo, el Presidente y el gobierno en general son responsables por las acciones de burocracias y fuerzas de seguridad.  ¿Cuál es la responsabilidad del Presidente en hechos como la represión en la que Rafael Nahuel perdió su vida cuando recibió un tiro por la espalda? ¿O, dicho de otro modo, en su asesinato?

Cabe recordar qué son los Estados y por qué usan la violencia. Según Max Weber, el Estado es una empresa de dominación que reclama para sí con éxito el monopolio de la fuerza legítima en un territorio y que dispone de los medios de administración para usarla. Como todas las formas históricas de dominación efectiva, se funda en el consenso (la voluntad de obedecer), la coerción (la obediencia por la amenaza del uso de la fuerza) y la administración (la posibilidad de aplicar las anteriores).

Las sociedades se organizan y están dispuestas a tener un Estado. Pero son los Estados los que garantizan que existan individuos por medio del respeto de sus libertades básicas. ¿Cuáles son las “básicas”? La respuesta no es fácil. Ningún gobierno puede satisfacer todas las demandas. En democracia, aunque una posición no se imponga a las del resto, de mínima nadie debería proponer algo que implique un daño irreparable para cualquier persona, porque la presencia de cada uno cuenta. La Constitución de cualquier Estado democrático debe garantizar estos derechos.

¿Cómo expresamos nuestra opinión para que cuente?  Votando para continuar o cambiar el gobierno, influyendo en la orientación de las políticas o protestando (lo explico mejor acá https://elgatoylacaja.com.ar/ganar-la-calle/). Pero si la Constitución no garantiza nuestros derechos, si el gobierno no escucha las demandas o si somos débiles para influir,  siempre podemos protestar. La protesta es un derecho constitutivo e inalienable de las democracias.

Entonces, existe una tensión en democracia entre la posibilidad de usar la fuerza y el derecho a expresar demandas protestando.  Cualquier gobierno democrático puede elegir reprimir las protestas. En países como la Argentina, con fuerzas de seguridad poco profesionalizadas, con salarios bajos y con resabios de la dictadura activos, las chances de que existan abusos son muchas. Los casos de Santiago Maldonado y de Nahuel muestran que los riesgos de la represión son altos y los pagan los más débiles, los ciudadanos cuya vida el Estado debe proteger. 

¿Se justifica reprimir algunas demandas más que otras? ¿Importa si éstas son legítimas o no? Al caso, no, no importa. El respeto de la vida por parte del Estado debe garantizarse a todos los ciudadanos. A una persona demandando por trabajo, por el derecho a la tierra o a un neonazi. Más que la naturaleza de las demandas, la reacción del Estado debe ser proporcional a la amenaza que esas demandas representen. En este caso, la ética de la responsabilidad –aceptar el riesgo de vulnerar el beneficio de algún individuo en pos del bienestar de la mayoría– tiene que estar fundada en una amenaza real, que bajo ningún concepto, en su estado actual de desarrollo, la RAM, sus demandas y su escala de accionar, representa. 

¿Podemos aspirar a que el Gobierno no se equivoque? No, los gobiernos, sus burocracias y sus fuerzas de seguridad corren siempre el riesgo de equivocarse. Pero debemos velar por el control democrático del ejercicio de la violencia legítima. Podemos pretender y exigir que el Gobierno la use de un modo proporcional a la amenaza que intenta combatir. Y, principalmente, que responda a los errores con un claro e incuestionable compromiso con el valor más básico a proteger: la vida de sus ciudadanos. Ese compromiso debe expresarse por medio de la búsqueda de los responsables de esos errores y de su castigo ejemplar.

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04 de Diciembre de 2017