EL DÉFICIT FISCAL PLANTEA SERIAS DUDAS SOBRE EL FUTURO DE LA ECONOMÍA


Revista NBS Bancos y Seguros

El Gobierno eligió el camino del gradualismo para reducir el elevado desequilibrio que existe, apuntando a un déficit primario del 2,2% en el 2019. Prioriza la viabilidad política sobre las certezas económicas. Importantes economistas consultados por NBS Bancos y Seguros apoyan la estrategia elegida por la administración.

El déficit fiscal, que incluye provincias y municipios, este año va a cerrar por encima del 7% del PBI, planteando una seria amenaza para la economía. Puede sostenerse algunos años, gracias al bajo endeudamiento relativo de la economía argentina y el favorable contexto internacional, pero si no se corrige, tarde o temprano va a terminar provocando una nueva crisis económica de magnitud como las que hemos atravesado en el pasado.

El Gobierno se ha comprometido a ir reduciéndolo en forma gradual. Para ello, planteó objetivos de déficit fiscal primario de la Nación del 4,2% del PBI este año, del 3,2% el año que viene y del 2,2% en el 2019, el último año del actual mandato.

“La meta es razonable porque hoy, para la reactivación del sector privado de la economía, es más importante cambiar la composición del gasto productivo versus improductivo, que llevar el déficit a cero”, dijo Adolfo Sturzenegger, economista y profesor de la Universidad de La Plata. “De cualquier forma, esa reactivación por sí misma reducirá el déficit fiscal”, agregó.

“A todos nos gustaría que sea más rápido, pero el gradualismo también tiene la ventaja de evitar problemas de gobernabilidad y de inestabilidad institucional”, dijo José Fanelli, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

“Como la Argentina aún puede endeudarse, si las metas se cumplen sería un avance. Sería la primera vez que se arregla una situación macroeconómica mala, como la que heredó este gobierno, sin recurrir a un shock desordenado. El riesgo es que el gradualismo se convierta en un mecanismo para posponer las reformas necesarias para reducir permanentemente el déficit”, advirtió.

José Luis Machinea, ex ministro de Economía y ex presidente del BCRA, también apoyó la estrategia que viene desplegando el Gobierno: “Este nivel de gasto es elevado, pero la única manera de reducirlo es gradual. Esto encierra peligros ya que, como hay una parte del gasto que se incrementa respecto de la inflación pasada mientras se reduce la inflación, el gasto aumenta en términos reales y eso implica bajarlo en otro lado. Es una tarea complicada, teniendo en cuenta la sensibilidad social y política”.

El economista explicó que, como al menos el 40% del gasto está indexado por la inflación pasada, en un contexto de inflación decreciente, el 60% restante debe reducirse en términos reales para alcanzar las metas.

Y alertó sobre la minoría que mantiene el gobierno en el Congreso, lo que demanda de ciertos acuerdos sociales y especialmente políticos para que el gasto crezca por debajo de la inflación.

Por su parte, el economista José Luis Espert cuestionó la elección del déficit primario de la Nación como objetivo: “El Gobierno se ha fijado una definición de déficit que puede cumplir porque no incluye los intereses de la deuda ni el gasto de las provincias. Me extraña de un gobierno que puso un BCRA que no miente y un INDEC que no miente”.

Y agregó: “El déficit consolidado no está bajando. Está en 8% del PBI y no baja porque se puede lograr bajar el gasto primario, pero sube la tarifa de intereses de manera significativa por cómo se está endeudando el Gobierno”.

El nivel de intereses en el déficit fiscal se duplicó en términos interanuales en los primeros cinco meses del año. Según entiende Espert, la factura de intereses crece 0,5 puntos del PBI por encima de la economía. Y el gasto primario crece 12 puntos por encima del crecimiento del PBI. “El resultado lo pueden conseguir porque los ingresos crecen en términos del PBI”, añadió.

Fanelli señaló que si no se cumplen los objetivos planteados “siempre estará la amenaza de lo que los economistas llamamos dominancia fiscal. Esto es: que la política fiscal domine a la monetaria. Una situación así es incompatible con un régimen de metas de inflación”.

El académico se preguntó qué haría el Gobierno para financiar el déficit si un shock internacional en los mercados emergentes generara una reversión en los flujos de capital. “Tener déficit con un mercado financiero doméstico pequeño como el nuestro es siempre algo que no está libre de riesgos”, alertó.

Las provincias aportan entre un 1,2% y un 1,3% del PBI al déficit consolidado del sector público argentino. Teniendo en cuenta esto, el Gobierno enviará, junto con el proyecto de presupuesto de este año, una ley de responsabilidad fiscal para que las provincias no aumenten su gasto por encima de la inflación y no eleven el empleo público por encima del crecimiento de la población.

Para Sturzenegger, el déficit fiscal planteado debería incluir los déficits provinciales y municipales: “Hoy el riesgo país cambia igual, ya sea la Nación o una provincia la que se endeude”.

Pero a las provincias más pobres y con problemas de empleo les resulta más difícil reducir la plantilla de empleo público. En tanto, muchas provincias imitan a la Nación y emiten deuda para financiar gasto corriente.

El economista José Luis Espert indicó que “el déficit consolidado de Nación y provincias, de 8 puntos del PBI, tiene que recontra bajar. Las que están empleando el grueso de los 1,5 millones de empleados públicos que sobran son las provincias y son las que tienen que hacer el ajuste”.

El núcleo del problema fiscal

El núcleo del problema fiscal de la Argentina es el abultado gasto público que existe, del 40% del PBI, que no puede ser financiado en forma viable a través de la recaudación impositiva.

Machinea enfatizó que un nivel de gasto público de 40% del PBI es insostenible: “Dado el bajo nivel del gasto en infraestructura, una disminución abrupta del gasto público requeriría recortes en áreas políticamente sensibles. La decisión ha sido bajar el peso del gasto aumentando el denominador, el producto, y manteniendo constante en términos reales el numerador, el gasto real”.

El analista entiende que “es la mejor alternativa, dadas las restricciones económicas, sociales y políticas” que enfrenta el Gobierno, que cuenta con la ventaja del bajo endeudamiento.

Para Espert, “el gasto público debería volver a los niveles que tenía antes del kirchnerismo. El gasto, con los K, subió de 25 a 42% del PBI. Esos 17 puntos adicionales están compuestos principalmente de 4% de subsidios, 1 o 2% de corrupción y 7% de los 1,5 millones de empleados públicos que sobran”.

Un rubro del gasto que viene creciendo este año, y que dificulta bajar el déficit, es el de infraestructura, que en mayo acumuló un alza del 38% anual, producto de la alta ejecución de los proyectos de obra pública.

Fanelli se refirió a la necesidad de que los privados participen en la financiación de las inversiones pesadas: “Dado el estado de la infraestructura, es difícil pensar que habrá crecimiento sostenido sin mejorarla. En este aspecto también ayudaría que se acelere la movilización de recursos privados a través de esquemas de asociación público-privadas. Hay mucho ahorro de argentinos atesorado en activos externos que podría movilizarse con esquemas apropiados”.

Para el economista, “sin reducir el gasto, será difícil cumplir con el objetivo de déficit primario que se propusieron las autoridades, no tanto este año, que tuvo la ayuda del blanqueo, sino de aquí en adelante”.

“Creo que el Gobierno irá más por el camino de esperar que el crecimiento vaya licuando el gasto, ya que muchos componentes del mismo son difíciles de reducir, como el gasto en seguridad social o el empleo público”, agregó.

De todos modos, para Fanelli, “un punto importante es que este gobierno ha dado pasos para mejorar la calidad del gasto. Por ejemplo, si el gasto no baja pero la proporción dedicada a inversión pública aumenta, es un avance importante”.

El desafío de bajar el gasto

Para bajar el gasto, la administración de Mauricio Macri se ha concentrado, hasta el momento, en la reducción de los subsidios a los servicios públicos, que caerían a un 2,5% del PBI este año.

“El problema es que estos recortes tienen repercusión directa en el presupuesto de los trabajadores. Aquí nuevamente el crecimiento ayudaría”, dijo Fanelli.

El analista destacó que “si el empleo y los ingresos de los trabajadores están subiendo es más fácil realizar las correcciones. El crecimiento también ayuda de otra forma: si el PBI crece y el gasto público no aumenta, el peso de este gasto sobre la economía se estaría reduciendo todos los años en una magnitud bastante importante”.

“Pensando en mejorar la rentabilidad del sector privado de la economía, objetivo que hoy debe ser dominante para nuestra política económica, la separación más relevante de áreas a tener en cuenta es entre gastos públicos no productivos y gastos públicos productivos. Reducir los primeros y aumentar los segundos”, dijo Sturzenegger.

“En estanflación, el lujo de un alto nivel de gastos meramente redistributivos y no productivos es muy caro para la macroeconomía”, enfatizó.

Una vez que pasen las elecciones, se abrirá una nueva ventana de oportunidad para que el Gobierno avance en forma más decidida en la reducción del gasto público.

Para Sturzenegger, “probablemente existirán menores restricciones políticas para hacer los cambios necesarios para reducir el gasto público improductivo”.

Además de que el gobierno podrá tomar decisiones antipáticas sin una elección por delante, también podría obtener apoyo de otras fuerzas políticas tras los comicios.

Fanelli indicó que el resultado de las elecciones puede hacer más fácil la baja del gasto público: “La Argentina no puede crecer a tasas razonables y de manera sostenida con el peso enorme que el gasto público ejerce sobre la oferta de bienes no transables. Ello le quita competitividad al sector transable. Pero la tarea de corregir este desvío no es para una sola fuerza política. Se necesitan acuerdos básicos entre las fuerzas políticas más comprometidas con el crecimiento, la inclusión y la transparencia institucional para hacer las reformas que se necesitan”.

Las dificultades para reducir el gasto público ponen obstáculos a la posibilidad de avanzar en la reducción de la presión tributaria, que ejerce un peso importante sobre la economía.

Como señaló Machinea, la situación actual “reduce de forma sensible la posibilidad de mejorar la competitividad mediante la baja de impuestos distorsivos, lo que implica una carga adicional sobre el tipo de cambio real”, que repercute en uno de los factores que puede hacer crecer el PBI (“el aumento de las exportaciones de bienes y servicios parece casi descartado”).

Revista NBS Bancos y Seguros
Jueves, Agosto 31, 2017