En contexto

Enfoques sobre la actualidad del país y del mundo

Comunicación Institucional

San Andrés en imágenes

Galería multimedia

+ San Andrés

Actualidad

Manuel Garrido: Las deudas de la democracia en la lucha contra la corrupción

“Los desafíos hacia el futuro siguen siendo consolidar políticas públicas que se vayan perfeccionando y no sucumban frente a las tentaciones que suele ofrecer un poder con pocos límites y controles”, asegura Manuel Garrido, diputado nacional por la UCR y docente del Departamento de Derecho.

El cumplimiento de tres décadas de la recuperación democrática abre un espacio para el balance de los logros y de las asignaturas aún pendientes en materia de una democracia plena. Entre las deudas se halla, sin lugar a dudas, la necesidad de reducir sensiblemente los niveles de corrupción mediante políticas de Estado serias, sostenidas y eficaces.

En 1983 la corrupción no era un tema central en la agenda pública frente a otras urgencias que apremiaban. El entonces presidente Raúl Alfonsín colocó, con acuerdo del Senado, en el puesto de fiscal nacional de Investigaciones Administrativas a Ricardo Molinas, un dirigente proveniente de un partido político distinto al radicalismo que, con sonadas investigaciones sobre casos de corrupción del gobierno militar, ubicó en el registro colectivo a ese órgano de control.

En esa época regía la idea de que la corrupción debía ser enfrentada a través de la acción de la Justicia. Y en el ADN político de Alfonsín ese no era un tema que debía ocupar un lugar central en la acción política; sabía bien que en la aciaga historia argentina del siglo pasado había sido un tema bastardeado para desestabilizar y derrocar gobiernos democráticos.

El desmantelamiento del Estado y el profundo proceso de privatización de empresas públicas fueron acompañados por extraordinarios niveles de corrupción que pasaron a ocupar un lugar central en el tratamiento de los medios de comunicación, primero, y de la agenda política después.

Carlos Menem echó al fiscal Molinas por decreto, lo reemplazó por un personaje oscuro sin acuerdo del Senado, sustituyó al Tribunal de Cuentas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y politizó en extremo la composición de la Justicia Federal con el objeto de garantizar una sistemática impunidad en los casos de corrupción, lo que perdura hasta hoy.

El objetivo de ser reelegido hizo que Menem negociara una reforma constitucional que introdujo algunos elementos propiciados por Alfonsín que apuntaban a corregir problemas que favorecían el desarrollo de la corrupción, aunque sin demasiada concreción en la práctica posterior. En esa línea cabe mencionar la creación del Consejo de la Magistratura, la independencia del Ministerio Público y la ubicación de la AGN en manos de la oposición.

Sobre el final de la gestión menemista, a partir de presiones internacionales, vio la luz la Ley de Ética en la Función Pública y se creó la Oficina Nacional de Ética Pública, que empezó a trabajar en un sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos.

El panorama se vio transformado a partir del efímero gobierno de la Alianza, que había incluido el tema de la corrupción como uno de los principales de la campaña electoral.

La creación de la Oficina Anticorrupción (OA), que absorbió a la  Oficina Nacional de Ética Pública, implicó también una modificación de paradigma, porque el impulso de las investigaciones de hechos de corrupción, forzado por la inactividad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sumó una nueva concepción en la que las políticas preventivas, la transparencia, el acceso a la información y los controles ocuparan un lugar esencial.

La OA promovió sin suerte sustanciales cambios legislativos, modernizó y otorgó eficacia al control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos por medio de las declaraciones juradas, controló posibles conflictos de interés y, fundamentalmente, dio visibilidad a un concepto moderno acerca de cómo deben encararse las imprescindibles políticas públicas en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. La hecatombe de 2001, sin embargo, volvió a restar centralidad a esta agenda, que fue superada por el desastre económico.

En ese contexto, salvo en un comienzo, cuando impulsó diversas iniciativas promovidas por la OA a través de un decreto que estableció mecanismos de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo y la publicidad de las agendas de los funcionarios, el período kirchnerista desmanteló estas políticas y los mecanismos de control  preexistentes.

Para ello, supo aprovecharse de la falta de independencia, como en el caso de la OA y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), o de las deficiencias abrumadoras de la regulación, como ocurre en el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que vio cómo se recortaron sus atribuciones merced a interpretaciones normativas de carácter restrictivo que fueron la respuesta a investigaciones que pusieron en aprietos a altos funcionarios del  gobierno.

El cumpleaños número 30 de la recuperación democrática aparece signado por la destrucción del sistema de declaraciones juradas patrimoniales, demostrando que la suerte de estas políticas está atada a los vaivenes de la voluntad de los gobiernos, que ha sido sumamente frágil.

Entre algunas de las frustraciones de estos años se cuentan la falta de una ley de acceso a la información pública, una mejor regulación de los organismos de control, sistemas eficaces de rendición de cuentas, protección de whistleblowers, mecanismos de recuperación de activos provenientes de la corrupción que sean más eficaces, una regulación del lobby, una reforma integral a la Ley de Ética Pública que posibilite su correcta aplicación y una justicia penal más independiente, rápida y eficaz.

Los desafíos hacia el futuro siguen siendo los mismos: consolidar políticas públicas que se vayan perfeccionando y no sucumban frente a las tentaciones que suele ofrecer un poder con pocos límites y controles.