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Lucas Ronconi: La deuda social a 30 años de la recuperación democrática

“Las políticas sociales son de vital importancia, pero lamentablemente la fragilidad institucional” provoca que los recursos sean distribuidos “de manera tal que no se producen los efectos deseados” en la población, considera en esta nota, escrita para la revista de San Andrés, el Licenciado en Economía (Cum Laude) de San Andrés, Ph.D. en Políticas Públicas de la Universidad de California Berkeley y vocal de FUDESA.

“Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”, aseguraba Raúl Alfonsín en 1983 a una entusiasmada multitud. A 30 años de aquella campaña electoral, la promesa aparece incumplida. En las últimas décadas la desigualdad en la distribución del ingreso ha aumentado escandalosamente; entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población la relación en el ingreso es de 30 a 1. Hoy alrededor de un tercio de los argentinos vive en la pobreza, la desnutrición infantil causa pérdidas irreparables en el norte del país y el hacinamiento tiene graves consecuencias para el desarrollo humano en el conurbano bonaerense. En este marco las políticas sociales son de vital importancia. Lamentablemente, dada nuestra fragilidad institucional, los recursos destinados a ellas frecuentemente son distribuidos de manera tal que no se producen los efectos deseados. Tres grandes problemas atentan contra el ansiado bienestar social.

El primero es la precariedad de la seguridad social debido a la informalidad laboral. En la actualidad el empleo “en negro” afecta al 40% de la población ocupada. Por no contribuir al sistema, estos trabajadores quedan excluidos del acceso a la jubilación, una obra social y el seguro de desempleo, siendo justamente ellos quienes más los necesitan. Mientras que en los últimos años se benefició a esta población con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones no contributivas, poco se hizo por combatir la informalidad que vulnera especialmente los derechos de los más pobres.

El segundo problema es la falta de marco institucional para la implementación de algunos de los planes sociales más importantes destinados a los sectores pobres. Si bien la AUH no es clientelar, desde hace más de dos décadas los planes sociales condicionados a prestaciones laborales vienen siendo objeto de la manipulación política. Pese a que han existido problemas con la implementación de la AUH en las provincias con gobernadores no oficialistas, y a que algunos punteros logran crédito acercando la información a las personas y acompañándolas a realizar el trámite, el programa no es clientelar. Esto se debe a tres factores: que no tiene cupo de beneficiarios, que no exige contraprestación laboral y que el órgano ejecutor es la ANSES. Distinto es el caso de las cooperativas del Programa Argentina Trabaja. En la actualidad habría alrededor de 250.000 cooperativistas abarcados por este plan que perciben entre 1.200 y 1.750 pesos mensuales. En teoría estas cooperativas se distinguen de los anteriores planes laborales por la autonomía y la horizontalidad de las relaciones entre sus miembros. En la práctica, sin embargo, comparten muchos de sus rasgos. La auto-organización –característica fundamental de las cooperativas– es nula y las decisiones son impuestas. Los puestos en las cooperativas de la Argentina Trabaja son unos de los recursos con los que los intendentes arman y mantienen sus redes de referentes políticos. Con la excepción de algún municipio donde rige la imparcialidad, los punteros son en general quienes arman las cooperativas. Como capataces desempeñan un papel importante en determinar la permanencia o no de los beneficiarios dentro del programa ya que están encargados de tomarles asistencia. Es este poder el que les permite quedarse con un porcentaje del salario de los cooperativistas y exigirles apoyo político a cambio de excusarlos de asistir a trabajar.

El tercero es la incapacidad de un amplio arco de la elite política y económica para elaborar propuestas creíbles a los pobres. Para millones de compatriotas, la lucha por la supervivencia se impone por sobre los temas que abruman a las clases media y alta. La reforma constitucional no es una preocupación fundamental cuando se vive hacinado.

El atropello sobre las empresas privadas es un tema menor cuando la desnutrición amenaza con que el cerebro de los hijos no alcance los 900 gramos a los 14 meses, limitando así su desarrollo de por vida. El Impuesto a las Ganancias es un tema lejano cuando se es jubilado en una villa. No es que estos asuntos no revistan importancia, pero la miseria impone otras prioridades. Sin propuesta política creíble para los más pobres, los sectores sociales mayoritariamente no peronistas y, fundamentalmente, sus representantes, se condenan a la intrascendencia política. Les faltan respuestas para un tercio de la población. El desafío fundamental de estos sectores debería ser cómo ganarse la credibilidad de los  más vulnerables. Una alternativa política que desatiende a los más pobres no es justa y tampoco viable.

Los pobres no se acogen a planes clientelares porque sean inmorales o irracionales, sino porque son muchas veces la única respuesta que encuentran. El desafío para los argentinos es, entonces, qué propuesta superadora al clientelismo se planteará a los más pobres. La democracia aparece hoy consolidada. El desafío que queda pendiente es, sin embargo, que todos los habitantes puedan gozar de los derechos sociales y políticos que supone este sistema.

(*) La nota fue escrita junto a Rodrigo Zarazaga S.J.