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Gloria Orrego Hoyos: Archivos y Bibliotecas, jugadores clave de la transformación democrática en Argentina

La creación de centros de documentación y bases de datos de instituciones protagonistas de la historia nacional favorecerá la educación de una ciudadanía crítica, garantizará sus derechos y reivindicación cuando sean violentados, asegura Gloria Orrego Hoyos, coordinadora de Servicios de la Biblioteca Max von Buch.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en 2006 que el acceso a la información es parte fundamental de la libertad de expresión. Este importante reconocimiento, primero en el mundo, se erige como pilar fundamental en los estados americanos y como modelo a seguir por los estados a nivel mundial.

En el caso de la Argentina, en lo que respecta a los llamados “archivos de la represión”, el acceso a la información es entendido como sinónimo de libertad y piedra angular de legitimidad de una democracia que cumple 30 años. Sin embargo, el esfuerzo de la sociedad argentina y de los múltiples actores de la militancia en derechos humanos no se agota, ni deberían agotarse, en esos archivos.

Es más, sus esfuerzos trascendieron los documentos de las acciones militares y subversivas durante la dictadura, lo que permitió crear evidencia y dar prueba del accionar cívico-militar de la represión, violencia, apropiación y masacre. Ello favoreció la posibilidad de investigar los delitos de lesa humanidad, recuperar a los nietos/as, reconocer los restos humanos y, así, construir la memoria certera de lo ocurrido.

La ciudadanía se lanzó en busca de librerías, archivos, bibliotecas y museos cuando la Argentina decidió comenzar la reconstrucción de su identidad como nación. Había caído el régimen y era el momento de leer y re-crearse en la búsqueda de los pedazos perdidos de la historia y la vida.

Las iniciativas gubernamentales favorecieron esta reivindicación cultural. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se promulgaron múltiples decretos, leyes y resoluciones para recuperar los libros censurados y destruidos en la dictadura. También se promovió la libre producción intelectual, la construcción de archivos y repositorios, bibliotecas populares y centros de información para fomentar la adquisición de materiales que apoyaran educación ciudadana.

Para trabajar en pos de esta reivindicación cultural era necesario también garantizar que la información y documentación estuviera disponible, no solo en términos de que pudiera ser consultada sino descripta, organizada y tratada de modo que cumpliera con el propósito de servir como prueba para la investigación judicial. Por eso resultó imperiosa la creación de nuevos programas en materia de bibliotecología, archivología y ciencias de la información en general.

Las iniciativas documentales transitaron por tres líneas, a veces confluentes y otras veces no, pero siempre con el mismo propósito: evidenciar, tanto para la persecución de los actores de la represión como para la educación de la ciudadanía, la estrategia desarrollada por la dictadura como proyecto consciente, centralizado, no improvisado y llevado a la práctica durante los años que se extendió el régimen represivo. Primero, los archivos originales de las órdenes militares dadas en el período de la dictadura. En segundo lugar, los derivados de las investigaciones post-dictatoriales y, en tercer término, los archivos o centros de documentación creados para preservar y reconstruir la memoria.

En el caso de los archivos originales, o los ya mencionados “archivos de la represión”, existen documentos relativos a los ataques del régimen militar, aun los más infames, identificados con detalle en miles de actas y resoluciones. Sin embargo, la reconstrucción de los mismos fue una tarea muy difícil. En los últimos días de la dictadura se libraron órdenes para la destrucción de toda la documentación que evidenciara el accionar militar y, por esto, se perdieron millones de fojas con información que permitiera reconstruir las acciones castrenses.

No obstante, la misma estrategia y organización de la dictadura impediría que fueran borrados sus actos. Habían sido muchos años de órdenes escritas, protocolos a seguir y múltiples secretarías, ministerios y oficinas que los albergaban. Aquellos documentos que sobrevivieron a la quema y destrucción, fuera por el azar o por el accionar de alguna persona, forman hoy el acervo documental de la historia del horror.

Un ejemplo es el archivo estatal BANADE de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires),  que guardaba los informes de la “Asesoría Literaria del Departamento de Coordinación de Antecedentes de la SIDE” entre 1977 y 1979. Ese lugar atesora una primera colección de documentos con análisis de diversas producciones culturales realizada por los servicios de inteligencia a los fines de decidir si ponían en peligro la seguridad nacional o si fomentaban o hacían apología a las llamadas actividades comunistas y subversivas.

Dentro del segundo tipo de archivos, los derivados de la investigación, los más famosos son el fondo CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), hoy en el Archivo Nacional de la Memoria, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, este último un claro ejemplo de los denominados archivos “no tradicionales”, porque contiene elementos que favorece a la identificación de los niños, niñas y adolescentes secuestrados y también el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad.

Finalmente, los centros de documentación para preservar y reconstruir la memoria. Este tipo de documentación confluye tanto con los archivos de represión y los de investigación, como el caso de los del CELS y las Madres de Plaza de Mayo, que contienen, por ejemplo, los habeas corpus presentados por familiares de las víctimas de la dictadura.

La demanda por información en la Argentina está en curso. Constantemente surgen nuevos temas, algunos relativos a la dictadura y otros a situaciones represivas bajo el sistema democrático. Es por ello debe continuar el apoyo a la creación de centros de documentación, bases de datos y archivos, por ejemplo, de empresas, universidades y otras instituciones protagonistas de la historia nacional que permitan la educación de una ciudadanía crítica gracias a la consulta irrestricta de la información, garantizando sus derechos y la reivindicación de los mismos cuando sean violentados.