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Roxana Mazzola: Un proceso en permanente construcción

"Profundizar la participación, territorialidad y solidaridad en las políticas públicas aparece como clave para avanzar en una agenda más cualitativa y geográficamente diferenciada y de ampliación de capacidades, donde a fin de cuentas se trata de avanzar en una 'distribución efectiva de poder'”, destacó la Magíster en Administración y Políticas Públicas de San Andrés. La versión original de la nota puede verse aquí: http://goo.gl/iLhoUq

Al ir a trabajar, al colegio o la universidad, al cobrar la jubilación, etc., nos encontramos con algunos de los lugares donde está actuando el Estado con políticas públicas diferenciales, algunas de las cuales amplían derechos e inclusión y hacen ciudadanía e interactúan con ella, mientras otras no tanto, perteneciendo a paradigmas de antaño. Por lo tanto, referir a estos temas no es un tema trivial ni una digresión teórica o retórica, sino que por el contrario tiene repercusiones muy concretas en la vida cotidiana de millones de personas.

En esta tríada, Estado, ciudadanía e inclusión hay un carácter relacional insoslayable. Por un lado, el Estado tiene un rol esencial como promotor de la ciudadanía y la inclusión en contextos de amplia desigualdad como los aún presentes en el país. Por otro lado, la extensión y expansión de los derechos ciudadanos ha demostrado que el proceso de inclusión es resultado de luchas que generan conquistas de derechos ciudadanos.

La Asignación Universal por Hijo y para embarazadas, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), el voto a los 16, la alfabetización digital promovida mediante el programa Conectar Igualdad, la nueva ley educativa nacional, la cobertura de salud garantizada a través del Plan Sumar/Nacer son algunas de las intervenciones a favor de la infancia y juventudes inclusivas, reparadoras de derechos, redistributivas y promotoras de una igualación de oportunidades que se han implementado en los últimos años, las cuales son expresión de conquistas sociales. En su conjunto y contra todos los prejuicios, manifiestan que estamos ante un nuevo paradigma, el de la “protección ampliada” en la infancia y adolescencia que porta una toma de postura del Estado diferencial en relación a otros paradigmas previos, siendo más amplio e incluyente.

No obstante, suponer que de por sí hay una relación virtuosa y positiva entre Estado, ciudadanía e inclusión es también ver los procesos de forma lineal cuando a menudo son más dialécticos, con avances y retrocesos, y por tanto, portan cierta ambivalencia.

Además, no hay que olvidar que en nuestra historia y en la latinoamericana en general, no siempre esta tríada ha ido de la mano ni se ha retroalimentado. A tal punto es así, que hay muchos temas pendientes aún en el camino de la inclusión y mayor ciudadanía.

Son importantes las mejoras sociales de la última década. Sin embargo, la desigualdad continúa siendo el problema central perjudicando en mayor medida a la niñez y sus familias: al año 2013 sólo el 5% del ingreso que producimos todos los argentinos se concentra en el 20% más pobre de la población (1º quintil de ingresos), mientras el 46,5% se concentra en el 20% más rico (5º quintil). Durante décadas, hasta inicios del siglo XXI, los derechos básicos de los niños a la salud, educación, seguridad social, al juego, recreación y participación, a vivir en condiciones dignas fueron vulnerados.

En este sentido, el desafío es profundo y aparecen en la agenda social varios temas. Aún debemos rediscutir el sistema de salud que fuera descentralizado bajo un criterio eminentemente fiscal en el pasado. También el sistema educativo tiene fuertes desafíos para hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños, especialmente en la primera infancia y en el secundario. Una política de servicios de cuidados universal para la infancia y que sea de calidad, aparece como clave en la agenda que viene no sólo por sus repercusiones en el desarrollo infantil, sino también por sus impactos en las familias y en las condiciones laborales de las mujeres, dado que hoy gran parte de ellas trabaja. Hay que avanzar con una política amplia e interministerial de urbanización de villas y asentamientos precarios y en la apropiación del espacio público que es un modo diferencial de hacer frente a la problemática de la inseguridad. Profundizar la participación, territorialidad y solidaridad en las políticas públicas aparece como clave para avanzar en una agenda más cualitativa y geográficamente diferenciada y de ampliación de capacidades, donde a fin de cuentas se trata de avanzar en una “distribución efectiva de poder”. Esto necesita acompañarse de mayor inversión, que sea progresiva, con una reforma impositiva y agraria. E implica, claro está, hacer frente a fuertes desafíos político - institucionales y en el desarrollo de capacidades gubernamentales y debatir el rol de los diversos niveles de gobierno en la equidad.

Continuar revertiendo la desigualdad y mejorando la situación de sus familias y de la infancia en sí, requiere de una activa participación por parte del Estado así como un compromiso y madurez histórica por parte de todos los sectores de la sociedad para no volver atrás, ni perjudicar a las infancias, adolescencias y juventudes que comprenden al 42% de la población.

Habitualmente escuchamos decir que proyectos políticos de largo alcance son esenciales para avanzar en este sentido, pero no siempre se remarca que elegir un camino que favorezca el ejercicio de la ciudadanía y que sea incluyente no es un proceso sencillo porque implica fuertes pujas políticoinstitucionales y distributivas como luchas simultáneas por la inclusión/exclusión.

Recordemos que la desigualdad presente es resultante de un proceso sistemático de deterioro instaurado por la dictadura de 1976 y también por políticas públicas regresivas implementadas en los ’90, que favorecieron un patrón de fuerte concentración de la riqueza. Más allá en el tiempo, es resultado de nuestro pasado colonial, de la desigual distribución del patrimonio y a fin de cuentas es expresión de un orden social injusto y un capitalismo excluyente. Por otra parte, la ciudadanía es más exigente en contextos de mejora social donde nacen nuevas demandas y desafíos para el quehacer estatal y las políticas públicas. Con ello quiero resaltar que son importantes los avances producidos pero aún hay más por hacer, porque el desafío es de magnitud y, en este sentido, el Estado, la ciudadanía y la inclusión están en permanente construcción.