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Lucas Grosman: “No existe un derecho constitucional a realizar un piquete”

: Durante una exposición que realizó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, el director del Departamento de Derecho consideró también que este tipo de protestas “no son una forma de manifestarse que favorezca la deliberación democrática”.

El debate legislativo de una propuesta que busca establecer un “Régimen para la Consolidación del Derecho a la Petición Social y la Convivencia Ciudadana” convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a distintos expertos en el tema: Lucas Grosman, profesor y director del Departamento de Derecho y de la carrera de Abogacía de San Andrés; la ex Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini; la directora de Justicia y la Coordinadora del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky y Marcela Perelman, respectivamente, y la Coordinadora Área Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

“A diferencia de los otros expositores, entiendo que no existe un derecho constitucional a realizar un piquete. No se trata de una forma de manifestarse que favorezca la deliberación democrática. El derecho no puede tolerar que se genere un daño intencional a terceros para presionar a las autoridades”, comentó Grosman.

En su participación, sostuvo la idea de que “la regulación de la protesta no puede depender del mérito sustantivo del reclamo. La regulación –agregó- debe ser neutral y universalizable; es decir, debe ser independiente de que creamos que el manifestante tiene razón o no”.

“Y también debe ser factible, en el sentido de que no puede basarse en distinciones cuyo análisis llevaría largo tiempo a los tribunales. La regulación debe ser clara y fácil de aplicar en las particulares circunstancias de este tipo de situaciones. Realizar un análisis de fondo acerca del mérito del reclamo excedería tales márgenes, y por ende no sería factible”, afirmó Grosman en el encuentro.

Por su parte, Litvachky, según publicó el diario Clarín, opinó que los proyectos que se analizan en la Cámara de Diputados “se paran desde la idea de que hay un uso abusivo de la protesta y que hay que restringirlo. La discusión debe ser sobre una legislación que clarifique la forma en que el Estado protege a quienes protestan y garantiza sus derechos”, dijo.

Para García Rey, en tanto, “el marco de acción del Estado para regular el derecho a la protesta está restringido” por los estándares internacionales.

“El Estado debe tener un rol de protección y prevención frente al conflicto, no está sólo para restringir”, señaló Pierini.