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Enrique Kawamura: Default, odisea 2015

El estado de cesación de pagos será un problema para quien asuma el próximo gobierno. Entre otras consecuencias, Implicará una baja en la reputación internacional, lo que hará más dificultoso financiar actividades de desarrollo productivo de alta inversión como Vaca Muerta. Es a los posibles candidatos presidenciales a quienes debiera realmente preocupar esta situación económica generada en el desacuerdo con los fondos buitre. La versión original de la nota puede verse aquí: http://www.bastiondigital.com/notas/default-odisea-2015

Frente a la realidad de que técnicamente los bonos emitidos por el Estado argentino ingresen otra vez en una situación de default es que recrudeció la discusión acerca de las posibles consecuencias que sufrirá la economía argentina. En un intento por razonar lo más objetivamente posible ante un escenario a futuro, es recomendable hacer un poco de memoria sobre lo que ocurrió en el país desde el último default, en diciembre de 2001, para luego aventurar algunas conjeturas.

La economía argentina mantuvo una presencia activa en los mercados financieros internacionales en parte gracias a la re-estructuración de la deuda adquirida a fines de los '70 y comienzos de los '80 con el Plan Brady. Esta participación, sin embargo, fue interrumpida en forma abrupta con la declaración del default en 2001 y el posterior abandono del Plan de Convertibilidad en enero de 2002.

Desde ese momento, el país entró en un período en el que dejó de acceder a la posibilidad de financiamiento externo. Durante la administración de Néstor Kirchner, con la re-estructuración de parte de la deuda en default y los precios internacionales de los commodities favorables a las exportaciones argentinas, esta situación no significó un problema. Por el contrario, gracias a estos valores y a la consecuente recaudación el Estado las arcas argentinas no dejaron de disfrutar de continuos superávits. Esta dinámica siguió por algún tiempo de la primera presidencia de Cristina Fernández aunque con algunos altibajos, especialmente durante la época de la crisis financiera en Estados Unidos. Sin embargo, transcurridos los primeros meses de la segunda gestión de la Presidenta, la situación económico-financiera del Estado nacional, como así también el frente externo, comenzó a deteriorarse en parte por la percepción cada vez más generalizada de problemas provocados por las variables internas de la economía, entre ellos los efectos de la inflación sobre la competitividad de los productos argentinos y el mercado cambiario, lo cual llevó a implementar el sistema monetario que todavía tiene vigencia. Esta situación parece haber llevado al Gobierno a intentar un regreso a los mercados financieros internacionales, expresado especialmente este año con el pago realizado al Club de París. Por supuesto, el objetivo era (y es) volver a tomar préstamos en los mercados financieros a través de una nueva emisión de bonos públicos.

En medio de estos intentos apareció la confirmación del fallo del juez Thomas Griesa acerca de la necesidad de pagar a los llamados holdouts (tenedores de bonos en default). El fracaso de las negociaciones con los fondos buitre afecta, primero, la posibilidad de regresar a los mercados financieros internacionales en el corto plazo. Si bien no se vería alterada una situación que se vive a nivel local desde hace más de 12 años, con las necesidades de financiamiento que tiene el Gobierno para solucionar el déficit fiscal, la continuidad de este escenario no es una buena noticia.

Por ese motivo, esto implica una mayor presión sobre el frente interno para evitar un incremento importante en el déficit potencialmente financiado por préstamos del Banco Central que deriven en una emisión monetaria. Este riesgo está contemplado desde hace meses en la percepción de los analistas, para quienes no parece obvio un escenario de catástrofe de corto plazo. El problema más bien es que el default prolongaría una especie de “agonía" en lo económico: un estado de alta inflación y desaceleración (o recesión) en la actividad económica y el empleo, escenario en el que nos encontramos desde hace meses.

El otro gran problema aparecerá en el horizonte de quien asuma el gobierno en 2015, porque parece visualizarse una situación de mayor complejidad. El default implicará una baja en la reputación internacional que, con alta probabilidad, hará más dificultoso financiar actividades de desarrollo productivo de alta inversión, como la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. También la propia situación de default probablemente provocará una demanda por parte de inversores internacionales hacia el nuevo gobierno sobre cómo salir de tal situación, si implica una nueva renegociación, etc. Llama la atención el silencio de buena parte del arco político percibido como "oposición" acerca de estas consecuencias. Ciertamente, los equipos económicos de los distintos precandidatos deberían comenzar a trabajar muy seriamente sobre cómo, si llegan a asumir el poder en diciembre de 2015, solucionarán este problema. Es a los posibles candidatos presidenciales a quienes debiera realmente preocupar este posible nuevo default. Sin embargo, no se observan demasiados movimientos en ese sentido. Y eso sí que es preocupante para la población en general.