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Raquel San Martín

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Alberto Föhrig: "Discutir en abstracto sobre seguridad habilita a hacer afirmaciones temerarias"

El profesor del Departamento de ciencias Sociales de San Andrés opinó que "todos" los debates acerca de las políticas públicas implementadas para reducir el crimen se dan a partir de que "el Gobierno oculta la información" sobre el delito. La versión original de la nota puede verse aquí: goo.gl/fe2LmB

Que la seguridad es una sensación. Que el delito es un problema "dramático". Que en el país se produce droga. Que no. Que los piquetes deben tolerarse. Que hay que reprimir a quienes protestan. Y el último capítulo de esta línea zigzagueante: que los extranjeros tienen la culpa.

"Durante el fin de semana largo hemos detenido a más de sesenta delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir (?). Quiero pedirles a los señores legisladores que se sienten a legislar y le den a la sociedad la respuesta que se merece para que los delincuentes extranjeros vuelvan a su lugar de origen", dijo hace días el secretario de Seguridad, Sergio Berni, barriendo con esa frase con la Constitución nacional y un par de leyes vigentes, pero dando en el blanco en el sentido común de, dicen los expertos, un 30% de los argentinos.

¿Puede un gobierno que dice promover la gestión democrática de la policía, las condiciones dignas de encarcelamiento y la no represión de las protestas agitar al mismo tiempo la bandera de los extranjeros delincuentes? Sí, puede. El kirchnerismo lo hace: aloja en su seno a Berni (la voz de la "mano dura" oficialista y la racionalidad militar contra el delito, el protagonista de cinematográficas llegadas a piquetes, desalojos e inundaciones), y también al proyecto progresista de reforma del Código Penal que se debate en el Congreso.

En rigor, la dicotomía progresismo-mano dura para enfrentar el delito, que volvió a ponerse en evidencia en estos días, después del asesinato de Melina López, de 18 años, en un robo en Villa Lugano y el desalojo del asentamiento Papa Francisco, hace una semana, no es nueva. Al contrario, atraviesa buena parte de la década kirchnerista hasta convertirse en una marca de identidad, con enfrentamientos públicos de distintos miembros del elenco gubernamental y sus legisladores en torno al narcotráfico, el manejo de la policía, la represión de piquetes y protestas sociales y la baja en la edad de imputabilidad de los menores.

¿Es el sano disenso de cualquier gobierno, como opinan algunos? ¿O la evidencia más clara de que el Gobierno no ha podido diseñar ni implementar una política que enfrente de manera efectiva la inseguridad? ¿Mostrará las dificultades de muchos gobiernos que se dicen de izquierda para hacer frente a las demandas por seguridad? ¿O será que, ante el reclamo ciudadano en tiempos electorales, el kirchnerismo apuesta por hablar a derecha y a izquierda al mismo tiempo?

Si en otros aspectos la década kirchnerista avanzó sin medias tintas, más allá de sus resultados concretos -la inversión en educación y salud, las políticas sociales-, el delito parece concentrar todas sus inseguridades: entre el populismo penal que endurece castigos y el "garantismo" de su discurso y sus designaciones en el Poder Judicial; entre el control civil de la policía y la autogestión policial de sus "negocios" a cambio de seguridad; entre reprimir los piquetes y convocarlos. Mientras tanto, señalan los expertos, se dibuja una paradoja: lejos de ser una preocupación de acomodados, el delito hoy afecta mucho más a los pobres, pero por alguna razón la "inclusión" no supone vivir sin miedo y sin violencia.

HISTORIA DE AMBIVALENCIAS

"Desde 2003 el kirchnerismo pasó por distintos momentos en su vínculo con el problema del delito", apunta Máximo Sozzo, director del Programa Delito y Sociedad, de la Universidad Nacional del Litoral. Y describe: una primera etapa, en el gobierno de Néstor Kirchner, de una retórica progresista, con la designación de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema y la persecución de los crímenes de la dictadura, que se interrumpió en 2004 con el caso Blumberg, cuando varias plazas repletas de reclamos hicieron que los legisladores bonaerenses kirchneristas aprobaran leyes para endurecer penas.

"En cuanto a las fuerzas de seguridad, hubo una tentativa más reformista durante la gestión en el Ministerio de Justicia de Gustavo Beliz, que luego se abortó y quedó sepultada. Eso cambió con la creación del Ministerio de Seguridad en 2010 y la gestión de Nilda Garré, rodeada de una retórica progresista y algunas iniciativas que encarnaron esa agenda -sigue-. Pero ya desde antes de la llegada de Berni se introdujo una cuota de ambivalencia, que hoy es extraordinaria. Berni recuerda a los peores momentos de endurecimiento policial de fines de los 90."

¿A qué se deben estos vaivenes? "Como alianza política, tener un programa de carácter reformista nunca fue un compromiso fuerte del kirchnerismo. Ha sido promovido por ciertos sectores de esa coalición, que tuvieron dificultades para imponerlo. Es parte de su heterogeneidad", apunta Sozzo, y le da dimensión regional al problema: "Es algo que se puede ver en otras alianzas políticas de la región, más identificadas con la derecha, como en Chile, y más con la izquierda, como en Venezuela. Es parte de cómo se juega el control del delito en las sociedades contemporáneas, y revela la incapacidad de los actores políticos de construir programas y de no terminar haciendo planes de corto plazo, que responden a la emergencia, sólo mirando la visibilidad y ligados a la competencia electoral", afirma.

Para otros, se trata de la distancia relato-realidad, que en temas de seguridad se hace mucho más evidente. "La contradicción ha sido constante en este gobierno en temas de seguridad. El resultado es que no ha habido política en el tema. En lo operativo lo delegaron en Berni, pero en lo declarativo sigue esa misma visión ideologizada. Entonces, como sociedad nos movemos con soluciones ilusorias, porque la mano dura también lo es", apunta Eugenio Burzaco, ex jefe de la Policía Metropolitana y referente de seguridad de Pro, hoy CEO de Templar, una compañía de seguridad integral. "Hablamos con especialistas con los que tenemos miradas políticas diferentes y en el 80% de las cosas estamos de acuerdo, pero cuando eso se traduce en el discurso político entran a jugar los extremos", dice.

Para otros, no es más que lógico disenso. "El Gobierno somos todos, los tres poderes del Estado, no es una unidad. No todos los funcionarios tienen una perspectiva uniforme, y dentro del Poder Ejecutivo no todo el mundo piensa igual y debe haber discusiones internas", dice Javier De Luca, fiscal de la Cámara de Casación y profesor en la UBA, en general cercano a las posiciones del Gobierno. ¿No debería una política de Estado tener un grado de coherencia? "Una política pública también tiene matices. No es sí o no", responde, y deja sentada posición: "Berni entra en el mismo error de creer que el Poder Judicial debe dar respuestas unívocas", dice.

La jueza María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara del Crimen y del colectivo filokirchnerista Justicia Legítima, también rechaza los dichos de Berni, con un argumento que no favorece del todo al Gobierno. "En épocas de campaña muchos salen con el discurso de mano dura porque piensan que agrada al votante, pero vincularlo con la nacionalidad es ridículo y anticonstitucional. Además, el índice delictivo se redujo en el país. Lo dice la ONU, y hay cifras oficiales que tiene la Corte Suprema. Eso está bien establecido, pero hay cuestiones de urgencia fogoneadas por los medios", sostiene.

PREOCUPACIÓN "DE DERECHA"

En la colección de extremos en que se ha convertido, para muchos temas, el debate público en el país, la inseguridad es una preocupación "de derecha". "Es un discurso que podía entenderse cuando los niveles de delito eran bajos y se podía pensar que las víctimas eran mayormente de clase más alta. Pero el delito aumentó significativamente en los últimos 20 años, los sectores más ricos fueron protegiéndose con distintas formas de seguridad privada y el delito fue derramando sobre los pobres. La principal contradicción que aún veo es que el discurso progresista más estereotipado no ve que las víctimas del delito provienen de todos los grupos sociales y que aumenta la victimización en sectores menos pudientes", dice Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato Di Tella y director del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (Licip) de esa institución.

"Según nuestras estadísticas, el delito no se redujo, afecta a los más pobres y los pobres sufren delitos más violentos. Por eso, si a uno le preocupa genuinamente la situación de los que tienen menos recursos, le tiene que preocupar la inseguridad", subraya. El último índice de victimización del Licip afirma que, el mes pasado, el 33,5% de los hogares de 40 centros urbanos del país había sido víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses.

Schargrodsky pone sobre la mesa no sólo la contradicción más incómoda del pensamiento progresista cuando mira el delito, sino lo que para muchos explica nuestros intercambios de opiniones sin salida sobre la inseguridad: hablamos sin saber. Sin cifras oficiales sobre el delito, que no existen desde 2008-09, sin evidencia empírica como la que hace falta para diseñar una política, probarla, medirla y generalizarla.

Sin embargo, se pueden reconstruir datos. En Controversias sobre la desigualdad (FCE), un libro recientemente publicado, el sociólogo Gabriel Kessler rastrea fuentes de datos disponibles sobre delitos (informes de algunas provincias, de centros de investigación y universidades) y concluye que en la última década se produjo un aumento de la victimización, que hacia fines de 2013 alcanzó un pico del 40% en casi todas las grandes y medianas ciudades del país y sobre todo en el conurbano bonaerense. "Más allá de las diferencias por jurisdicciones y tipos de delitos, no se logra bajar el umbral del delito alcanzado durante los años 90", escribe Kessler, una tendencia que no acompaña la disminución de la desigualdad que se dio en algunos campos. Es decir, en la Argentina puede disminuir la desigualdad sin que lo haga el delito.

"Todos estos debates se dan como consecuencia de que el Gobierno oculta la información. Discutir en abstracto es una falta de respeto a la sociedad y habilita a hacer afirmaciones temerarias, como que el problema es por los extranjeros, o a sacar conclusiones sobre un país por seis personas -dice Alberto Föhrig, politólogo y profesor de la Universidad de San Andrés, especializado en los lazos entre narcotráfico y política-. La consecuencia es que la Argentina no tiene ninguna política pública de seguridad ni ninguna reforma orgánica de sus cuerpos de seguridad a nivel nacional y provincial que haya sido duradera o haya dado resultados positivos."

Probablemente no sea ajeno a la decisión gubernamental de retacear las estadísticas el hecho de que, más que la pobreza, la inflación y hasta la corrupción, la inseguridad es un tema incómodo: obliga a hacer equilibrio entre las demandas urgentes de quienes son víctimas de la violencia y quienes tienen miedo de serlo, y las razones más profundas a la vez. "El progresismo más estereotipado creyó que si atacaba las causas últimas de la inseguridad, como la desigualdad y la pobreza, el problema se resolvía de alguna manera solo, por derrame. Creo que el Gobierno encontró el límite de su teoría del derrame y está enfrentando la realidad de una demanda popular que las políticas sociales no resuelven tan rápidamente como la ciudadanía reclama", afirma Schargrodsky.

Puede haber aún otra razón para que la inseguridad incomode tanto al Gobierno. "El kirchnerismo no dejó nunca de concebirse a sí mismo como un gobierno de la opinión pública, en particular porque asumió con baja legitimidad electoral. A pesar de que ratificó esa legitimidad en las urnas varias veces, esa marca de origen persiste y en temas de seguridad puede explicar el zigzagueo. La figura y las acciones de Berni tienen un hilo clarísimo que las une a las reformas Blumberg", describe Gabriel Puricelli, vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas, quien participó en la redacción del documento "Más derechos. Más seguridad", del CELS. "El Gobierno ha resignado tener una política de seguridad y en eso se ha comportado como los sucesivos gobiernos peronistas de la provincia de Buenos Aires, si se miran los intentos fallidos y las primaveras democráticas en ese territorio."

Como sucede con la educación, la seguridad es en los papeles responsabilidad de las provincias, aunque del gobierno nacional dependen la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Por eso, y aunque el gobierno central diseña políticas, las transmite y comparte datos de inteligencia con las provincias, muchas veces las fallas en la seguridad pueden ser una prenda para "castigar" públicamente a un gobierno provincial díscolo o en vías de serlo, como varias veces sucedió en estos años con la provincia de Buenos Aires.

"Una parte de las variaciones irresponsables del discurso tienen que ver con este factor institucional. El Gobierno habla con el mismo nivel de liviandad de muchas cosas, como cuando reivindica logros en educación o se despega de sus problemas. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la demanda de seguridad es inespecífica porque no tenemos claro a quién nos tenemos que dirigir", continúa Puricelli.

¿Seguirá la seguridad ubicada en la derecha de nuestro estereotipado universo ideológico y, por eso, convertida en un tema difícil para la izquierda? Hay quienes piensan que no. Que las generaciones que no tuvieron experiencia directa de la dictadura, por ejemplo, y la tienen de los aumentos sostenidos del delito desde los 90 empiezan a sacarle prejuicios al tema. "Esto está cambiando también por formación. Hoy hay una generación de gente formada en maestrías en políticas públicas, que existen en el país desde hace 15 años. Hay expertos y técnicos cerca de distintos gobiernos. Eso va a tener un impacto", dice Föhrig.

La dificultad, sin embargo, no parece tanto técnica como política. El discurso demagógico del endurecimiento de la respuesta estatal contra el delito es una trampa difícil de evadir. "Los progresistas caen en esta lógica y les cuesta trabajo construir consenso al interior de sus alianzas para pensar en otra dirección", afirma Sozzo.

"Los que me acusan de xenófobo no quieren debatir sobre la inseguridad", abundó Berni después de sus polémicas declaraciones. En el ejercicio del "cruce" en los medios, tan frecuentado por los políticos, no parece estar la salida para una de las dos principales preocupaciones de los argentinos, junto con la situación económica, de los últimos veinte años.