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Thomas Rotsch: “Una empresa debe evitar que se genere la mínima sospecha sobre la comisión de un delito”

El Centro de Estudios Anticorrupción (CEA) de la Universidad organizó las “Jornadas Internacionales sobre responsabilidad penal de la empresa y del Compliance Officer”, en las que participaron especialistas argentinos y extranjeros.

Los alcances de la ley al momento de analizar iniciativas que puedan prevenir la corrupción a nivel privado y el abordaje de las repercusiones de una condena en la estructura y actividad de una compañía fueron algunos de los principales aspectos analizados durante las “Jornadas Internacionales sobre responsabilidad penal de la empresa y del Compliance Officer”, realizadas en el campus de San Andrés y en las que participaron juristas de Argentina, Alemania y España.

“Estas jornadas resultaron de enorme importancia, porque representaron la primera muestra del método y del enfoque característico de sus capacitaciones. La jerarquía de los participantes locales e internacionales evidenciaron el interés por brindar a los profesionales herramientas que le permitan resolver los complejos problemas del mundo del compliance", explicó Juan Pablo Montiel, profesor del Departamento de Derecho de San Andrés y director del Centro de Estudios Anticorrupción (CEA), organizador del encuentro.

Thomas Rotsch, Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Kiel, en Alemania, y director del Center for Criminal Compliance de la Universidad de Giessen, indicó en su exposición que “el impacto inicial del fenómeno de compliance se produjo a partir del affair Siemens”, el caso que derivó en el procesamiento de más de una docena de directivos de la empresa por pagar, en 1998,  sobornos a funcionarios del entonces presidente Carlos Menem para lograr la confección de DNI.

En los años siguientes a este escándalo, y a partir de imposiciones impuestas a las empresas interesadas en cotizar en la Bolsa estadounidense, se pusieron en práctica una serie de resoluciones que se traducen en mecanismos para prevenir la corrupción. La tendencia, sin embargo, provocó en algunos casos que las regulaciones internacionales anticorrupción choquen con las normativas locales.

El compliance, dijo Rotsch, se transformó en una “supuesta arma universal” que busca “impedir cualquier responsabilidad del tipo penal” a nivel privado. “Una empresa –agregó- debe evitar que se genere la mínima sospecha sobre la comisión de un delito”.

Este fenómeno legal, cuyo inicio se estima a principios de 2000, tiene tal alcance “mundial que existe respuestas globalizadas a preguntas globales. El compliance –sostuvo- crece de una manera vertiginosa”.

En este panorama, el Departamento de Derecho de San Andrés decidió crear este año el Centro de Estudios Anticorrupción, que aspira a convertirse en uno de los principales referentes nacionales y regionales en la difusión de estudios sobre la prevención de la corrupción.

Fernando Basch, Master en Teoría Política y Jurídica por University College London, investigador de CEA y socio de la consultora Governance Latam, afirmó que si las empresas no cumplen con los requisitos legales del compliance “pueden quedar afuera del mercado”.

Por ese motivo, muchas de ellas pusieron en práctica las denominadas Acciones Colectivas anticorrupción, una suerte de acuerdo para involucrarse en la lucha contra el delito en el ámbito privado no solo en las casas matriz de una empresa sino también en todos los países donde opera como compañía. “el sector privado debe no solo controlar al interior de la firma sino también a la cadena de valor”, manifestó.

Algunas medidas recomendadas para impedir acciones delictivas a nivel empresario, sin embargo, “no son suficientes en países como Argentina, un ejemplo donde hacer negocios evitando la corrupción es difícil”.

Consultado por uno de los asistentes sobre si a partir del fenómeno de compliance se vive un proceso de “descorrupción gradual”, Basch expresó que las empresas reconocen un interés por prevenir la corrupción aunque “no puede hacerse de un día para el otro”.

“También hay una cuestión de buena reputación en las compañías que aplican estas medidas, cada vez más ligadas al marketing. Lo que en algún momento fue el compromiso social de las empresas hoy es el compliance”, resumió.

De las Jornadas también participaron Manuel Beccar Varela, Abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho penal por la Universidad Austral; Marina Bericua, directora de la Maestría y Especialización en Derecho Empresario de San Andrés; Mateo Bermejo, Master en Sociología y Ciencia Política por FLACSO y Doctor en Derecho penal y Ciencias penales por la Universidad Pompeu Fabra (España); Marianela Espasadín, abogada por la Universidad Católica Argentina y Head de Anti-Corruption para Latinoamerica en JPMorgan.

A estos se sumaron Víctor Gómez Martín, Máster y Doctor en Derecho penal por la Universidad de Barcelona; Raquel Montaner, Doctora en Derecho penal y Ciencias penales por la Universidad Pompeu Fabra (España);  Iñigo Ortíz de Urbina, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (España); Andrea Rey, socia a cargo de la Práctica de Fraud Investigation and Dispute Services de EY Argentina; Raúl Saccani, socio a cargo del servicio de Forensic & Dispute de Deloitte LATCO; Eugenio Sarrabayouse, Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires; y Patricio Serrano Espelta, abogado de la Universidad Nacional del Litoral (1992).