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Pablo Palazzi: La libertad de expresión en Internet

"Quedará sujeto a la discrecionalidad del funcionario público de turno decidir qué sitios pueden ver los internautas en la Argentina", señala un proyecto de ley presentado en el Congreso y analizado en esta nota por el profesor del Departamento de Derecho y la Maestría en Derecho Empresario. La versión original de la nota puede verse aquí: http://goo.gl/Flou7A

Un proyecto de ley que obliga a las empresas que ofrecen el servicio de Internet a instalar filtros que bloqueen el acceso a una lista de sitios de acceso restringido ingresó semanas atrás al Senado. Mediante este mecanismo legal las compañías restringirán, por ejemplo, contenidos “pornográficos”, en tanto que los usuarios de Internet que no deseen tener estos filtros deberán pedir por escrito a su proveedor que no los aplique. El proyecto tiene varios problemas, entre ellos que establece la censura de ciertos contenidos como regla general cuando, en realidad, debería ser la excepción y sólo cuando se encuentren estipulados los tratados internacionales de Derechos Humanos que suscribió el país.

Asimismo, la iniciativa no define cuáles serán los criterios fijados para elaborar el listado de los sitios a bloquear. Se encomienda a una dependencia del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la facultad de bloquear el acceso a ciertos sitios de Internet. A falta de criterios en la ley quedará sujeto a la discrecionalidad del funcionario público de turno decidir qué sitios pueden ver los internautas en la Argentina. Nada dice el proyecto sobre publicar la nómina de sitios filtrados o los criterios usados para incluirlos o marginarlos.

Finalmente si bien la exposición de motivos habla de pornografía infantil, y combatir esta f lagelo es loable, el texto del articulado del proyecto se refiere solamente a pornografía. La distribución de pornografía infantil es un delito (art. 128 del Código Penal) pero el listado de delitos que se pueden cometer online es muy extenso: filtrar todos los sitios de Internet relacionados con ellos es una tarea técnicamente imposible y en la práctica termina bloqueando contenidos legales. Como ejemplo de ello, un juez ordenó tiempo atrás el bloqueo a Piratebay.

Al hacerlo, impidió el acceso a millones de contenidos ilícitos, pero en el camino se restringieron contenidos legales como, por ejemplo, obras en el dominio público.

El proyecto de ley generaliza el bloqueo y pone en cabeza de los ciudadanos el requisito de presentar una nota por escrito para pedir que no sean alcanzados por la medida. Este mecanismo pone patas para arriba el derecho a buscar y recibir información en Internet, que está garantizado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes previamente aprobadas por el Congreso. También contradice la ley 25.690 que abarca a los filtros de Internet pero no impone a los intermediarios la obligación de filtrar contenidos dispuestos por el Gobierno. Resulta preocupante que dentro del Congreso se piense en esta iniciativa como una posibilidad legal. A esta altura de la Sociedad de la Información nuestros legisladores deberían pensar en formas de impulsar el desarrollo de la red y de sus contenidos en lugar de limitarla.