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Alberto Föhrig: La segunda generación de saqueos

"La organización de estos hechos no proviene centralmente de actores políticos como en el pasado. Grupos marginalizados que conforman proto-formas de crimen organizado y narcotráfico actúan como núcleos organizativos de la acción que busca desplazar y rivalizar con la autoridad estatal", sostiene el profesor del Departamento de Ciencias Sociales.

La Argentina vivió una primera generación de saqueos que vincularon necesidades sociales extremas con la organización política de la movilización. Así ocurrió en la hiperinflación de 1989, en la crisis del 2001, y hasta en los episodios del 2011 iniciados en Bariloche.

Aquellos hechos dejaron una marca indeleble en esta nueva generación de saqueos, la posibilidad efectivamente probada que el Estado y las autoridades democráticas pueden ser desbordados por la movilización. Sin embargo, esta segunda concepción que se manifestó en Rosario hace algunas semanas y en los últimos días en Córdoba y el Conurbano Bonaerense  tiene características distintas: sus protagonistas son, en su mayoría, personas sin privaciones económicas extremas.  Sus necesidades, como sostiene la teoría de la “privación relativa”, provienen de un ejercicio de comparación con otros ciudadanos que crecientemente acceden a bienes que estos actores carecen. El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman sostiene que se trata de “consumidores descalificados” para tal tarea, que sienten su carencia y definen su falta de dignidad ante una serie de expectativas de vida insatisfechas. Se trata, además, de personas que en muchos casos son parte de barrios con “pobreza persistente” habitados por jóvenes que son nietos y hasta bisnietos de pobres.

Por otro lado, la organización de esta segunda generación de saqueos no proviene centralmente de actores políticos como en el pasado. Grupos marginalizados que conforman proto-formas de crimen organizado y narcotráfico actúan como núcleos organizativos de la acción que busca desplazar y rivalizar con la autoridad estatal. Y aunque la política sigue estando presente, a través de negar asistencia a las provincias opositoras al gobierno nacional, ya no es el organizador excluyente del proceso.

Esta nueva generación requiere de medidas mucho más sofisticadas que la primera. La política social a implementar, si es que se quiere eliminar este flagelo, no debe ya paliar situaciones de carencia sino proveer horizontes de futuro. Eso requiere políticas persistentes y específicas para estos sectores, pero no clientelares, y también una mucha mayor calidad en la provisión de políticas.

Respecto de los núcleos organizativos de estas acciones, hace falta operar sobre diversas aristas del fenómeno. La más importante de ellas es no perder una batalla cultural: que estas organizaciones pueden proveer bienes que el Estado o la sociedad no proveen a sus miembros, y por tanto los sustituyen. Además de ello hay que intervenir sobre los procesos de reclutamiento de jóvenes por parte de estos grupos, previniendo su crecimiento. Finalmente, es necesario operar específicamente, sin estigmatizaciones banales, sobre estos grupos organizados sobre la base de acciones de inteligencia criminal específica, quebrando sus lazos de protección política y rompiendo sus procesos de ramificación económica y financiera. De lo contrario emergerán nuevas formas de inestabilidad democrática.