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Juan Pablo Mugnolo: La negociación colectiva como instrumento para el ajuste

" La señal emitida por el gobierno nacional al sector docente no deja dudas. La negociación colectiva salarial constituye un instrumento indispensable para posibilitar el ajuste sobre los salarios tras la abrupta devaluación veraniega y las “nuevas” tasas de inflación", sostuvo el profesor del Departamento de Derecho San Andrés. La versión original de la nota puede verse aquí: http://tinyurl.com/oycxnvy

Ha sido una constante de los últimos años la reivindicación de las mal llamadas paritarias (de aquí en más negociación colectiva) casi como una dádiva del gobierno o del Estado cuando, en realidad, el derecho a negociar colectivamente está garantizado a los gremios por normas constitucionales e infra-constitucionales desde mitad de siglo pasado. Seguramente lo que refleja el mentado “agradecimiento por las paritarias” intenta poner el énfasis en una negociación salarial que, luego de la crisis de 2001, ha ido siempre recuperando los salarios: en una primera etapa tras la devaluación post convertibilidad y en una segunda etapa, persiguiendo y ganándole –dependiendo la actividad– a la inflación creciente. Ahora bien, sí podría ser un mérito del Gobierno la aplicación de una de política económica que tuviera como efecto la posible conservación del poder adquisitivo de los trabajadores.

A tales fines, el Poder Ejecutivo venía apelando a negociaciones testigo procurando producir en lo salarial negociaciones imitativas (pattern bairgaing) que respetasen ese porcentual de aumento que, se entendía, garantizaba el normal desarrollo de la economía  y el equilibrio en sus variables. Fue así como, si bien cambiando la actividad económica de referencia salarial (camioneros, UOM, docentes), siempre existió por parte del Gobierno una acción más o menos discreta para dejar en claro cuál era ese porcentaje “optimo” de aumento de sueldos.

Apelando a ese mismo argumento, hoy no puede negarse que la negociación colectiva salarial constituye un instrumento indispensable para posibilitar el ajuste sobre los salarios tras la abrupta devaluación veraniega y las “nuevas” tasas de inflación (un  3,7% en enero que anualizado arroja un incremento de 54,6%). La señal emitida por el gobierno nacional al sector docente no deja dudas. Lo mismo ocurrirá con el empleo público, debido al gran retraso salarial que dicho sector ostenta, con el agravante que el Gobierno, en tanto juez y parte, “laudará” como lo vino haciendo: imponiendo el porcentaje que el ajuste amerite, ya sea pagando el costo político el Estado nacional o bien remitiendo factura a las provincias.

Otro elemento que convierte a la negociación colectiva en instrumento para el ajuste lleva directa relación con el nivel en el que se negocie colectivamente, contemplando las normas incorporadas por la última reforma laboral de 2004. Me refiero a la preferencia de la ley por el convenio colectivo de actividad, de amplia extensión territorial, negociado entre el sindicato más representativo de esa actividad y la cámara empresarial. Dicha estructura de la discusión colectiva, sostenida sobre grandes convenios  de actividad, facilita la posibilidad de homogeneizar salarios cerrando la posibilidad de que la negociación salarial se escape y se diversifique.

Dicho de otro modo, los sindicatos más representativos (con personería gremial) y las cámaras empresarias se tragarían la llave una vez cerrado el tema salarial. Así, la negociación colectiva actúa nuevamente como instrumento para garantizar el ajuste, pues una vez concluida en el porcentaje más cercano al deseado por el gobierno y los empresarios sólo podrá ser reabierta en un ámbito menor (oficio o de empresa) estableciendo mayores sueldos.

Pero hay un dato que debe tenerse en cuenta y es la existencia de los delegados de sindicatos con o sin personería gremial que podría, en una empresa por ejemplo, ir a la huelga a fin de que se establezcan mejores condiciones que las negociadas en el convenio macro de actividad. Dicha posibilidad que, por un lado, está acotada por la poca implantación de delegados de sindicatos con personería gremial en las empresas, por otro se potencia tras el reconocimiento y protección que la Corte Suprema de Justicia le dio a aquellos otros delegados de sindicatos simplemente inscriptos (minoritarios) que en la Argentina son más que los ostentan personería gremial. En caso que las dirigencias sindicales no respondan a las reales necesidades de sus bases, esos delegados gremiales podrán activar en las empresas, generando gran incertidumbre y conflictividad. Ojo pues con atragantarse con la llave.