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“El acceso a la información no es sólo la difusión de la gestión del Estado, sino saber qué se hace con el dinero público”

Manuel Garrido, diputado nacional por el radicalismo; Karina Banfi, consultora en Gobierno Abierto, Acceso a la Información Pública y Planeamiento Estratégico para organizaciones de la sociedad civil y la OEA; y Ramiro Álvarez Ugarte, director del Área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) participaron este martes de una mesa redonda organizada por el Centro de Estudios Anticorrupción de San Andrés y que coordinó su director, Juan Pablo Montiel.

“Es un momento propicio para que una ley de este tipo avance en el Congreso. Es un momento histórico para una discusión franca y en condiciones de igualdad, porque ningún partido sabe quién la va a implementar.  Si están dadas las condiciones sería bueno que, una vez aprobada, la ley empiece a regir en 2015”, sostuvo Garrido.

Durante la mesa redonda “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, organizada por el Centro de Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, Garrido opinó que resulta “lamentable que el Congreso vaya detrás de las decisiones judiciales”, en referencia al fallo que la Corte Suprema de Justicia dictó semanas atrás en el que obligó al Gobierno que difunda información relacionada con la distribución de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social e instó a los legisladores a que dicte una ley de Acceso a la Información Pública.

“Hay un contexto político y jurídico muy interesante a partir de una sentencia muy generosa de la Corte”, analizó Álvarez Ugarte, quien destacó un “significativo optimismo” de cara a un posible debate en el Congreso de un proyecto impulsado por la diputada Diana Conti, del bloque Frente para la Victoria.

Sin embargo, advirtió que el oficialismo “ha sido en los últimos años el principal obstáculo para tratar” la norma.

“Lo importante es la voluntad política para impulsar la ley”, comentó Banfi.

Al respecto, recordó que Argentina es, junto con Venezuela, Bolivia y Paraguay, de los pocos países latinoamericanos que no cuenta con una regla de ese tipo.

“Tener un derecho con estas características es lo que permite que podamos reclamar y los funcionarios que estén incumpliendo su deber puedan ser sancionados. Las leyes de Transparencia y Acceso a la Información le piden al poder que se auto-legitime. Por eso nadie puede pensar que estén contentos con hacerlo”, señaló.

Y agregó: “El Estado da la información que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Quedamos sujetos a la voluntad de un gobierno y eso no puede suceder cuando estamos ante un derecho humano. El acceso a la información no es sólo la difusión de la gestión del Estado, sino saber qué hace el Estado con el dinero público”.

de Hector , 11 de May de 2014

La ley de "Acceso a la Información Publica y Privada" se encuentra restringida o anulada su aplicacion por la ley de Medio Audiovisual que dice controlar la equiedad d información y pauta publicitaria oficial en relacion a la informacion y pauta privada cuando existe un monopolio informático oficial que no respecta la diversidad de opinon, evidenciando la gran corrupción y falta de transparencia en la gestion del actual gobierno