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Sebastián Elías: "Carmen Argibay se resistió siempre a la tentación de decidir lo que era políticamente más fácil"

El profesor consideró que, "con su independencia, integridad y coraje", la fallecida jueza de la Corte Suprema de Justicia e integrante del Consejo Asesor del Departamento de Derecho de San Andrés, "devolvió la esperanza a todos los argentinos" que aspiran "vivir en una república bajo los principios de la Constitución".
Carmen Argibay fue una mujer y jueza notable por muchas razones. No voy a ahondar en aquellas características personales que han sido destacadas en las diferentes publicaciones en las que se lamentó su muerte, ocurrida el sábado último, y se le rindió merecido homenaje. Aquí quisiera enfatizar algunas notas que surjen de la observación de su tarea en el Alto Tribunal; fundamentalmente, lo que nos dejó a través de sus fallos.

Argibay fue una jueza, en algún sentido, inusual, gratamente inusual. A diferencia de muchos de sus predecesores, no tuvo reparos en decidir en contra de los deseos de quienes la designaron, incluso en temas de notable importancia.

Tuvo la altura de saber dejar sus preferencias de lado cuando pensó que el Derecho imponía una solución distinta, interpretó muchas veces (y más allá de naturales discrepancias que uno pueda tener con el contenido de sus votos) la Constitución de manera no esotérica, se tomó en serio los precedentes, y tuvo, a mi juicio, una concepción de su propio rol (y del Tribunal que integraba) muy interesante. Podrían elegirse muchos casos para ilustrar lo que quiero decir. La selección, en una situación de este tipo, siempre tiene algo de arbitraria, pero vale como botón de muestra.

Así, en materia de “pesificación” de depósitos bancarios —un tema clave para el gobierno de entonces— no le tembló el pulso para decir lo que todos sabían pero pocos a esa altura  (el juez Carlos Fayt fue otra excepción) se animaban a firmar: que esta era inconstitucional.

Cuando debió decidir sobre la validez de los indultos a personas acusadas por crímenes de lesa humanidad, y a pesar de su convicción de que la Constitución no reconoce la facultad de indultar a quienes no han sido condenados, privilegió ­—nuevamente en disidencia junto al ministro Fayt— el valor de la cosa juzgada emanada de otro fallo de la Corte dictado 18 años antes en la misma causa.

Junto a Fayt defendió también la intangibilidad de la cosa juzgada emanada de una decisión de que ella integraba, en un caso que involucraba violaciones a los derechos humanos y donde se había declarado prescripta la acción penal por la propia Corte y luego, en una muy cuestionable decisión, la mayoría del tribunal dejó sin efecto su decisión anterior mediante un recurso de revocatoria, invocando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no imponía ese resultado.

Cuando le tocó decidir la espinosa cuestión de los abortos no punibles, concurriendo en el resultado con la mayoría del tribunal, reconoció el severo conflicto de derechos involucrado y la situación indudablemente dilemática que esos casos presentan.

Al enjuiciar la validez de la Ley de Medios, encaró un análisis profundo y realista del problema, que la llevó a concluir —nuevamente contra los deseos del gobierno— que la aplicación de las normas cuestionadas en ese caso, y dadas las circunstancias, era inconstitucional por cercenar la libertad de expresión.

En materia de Decretos de Necesidad y Urgencia y Delegación Legislativa, abrazó posiciones interpretativas restrictivas de las facultades presidenciales, con apego al texto constitucional razonablemente interpretado. Fue consistente en la aplicación de los criterios que sostuvo, con independencia de los litigantes que concurrieran a los estrados de la Corte Suprema. Se tomó muy en serio los precedentes y también los hechos que presentaba cada caso, prefiriendo decisiones ceñidas a ellos antes que declaraciones de amplios principios que se desentendieran de aquellos elementos fundamentales de los expedientes y de la función judicial.

Naturalmente, no es necesario compartir la resolución que dio a cada una de esas —y muchas otras— causas para valorar su trabajo. Más allá de los aciertos y errores propios de la naturaleza humana, Carmen Argibay se resistió siempre a la tentación de decidir lo que era políticamente más fácil o parecía más simpático. Si algo no hizo fue populismo judicial.

Con su independencia, integridad y coraje, nos devolvió la esperanza a quienes enseñamos derecho constitucional y, más ampliamente, a todos los argentinos que deseamos vivir en una república bajo los principios de nuestra Constitución.