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Federico Morgerstern: Hacer justicia con casos del pasado

"El sistema de justicia penal argentino no puede convalidar estafas procesales y después pretender que tiene legitimidad para mantener la identidad normativa de la sociedad a través de la pena", consideró el profesor e investigador del Departamento de Derecho.

La visión general de que el sistema de justicia penal decide en forma injusta erosiona su capacidad de generar influencia normativa y social, porque su efectividad depende, en gran parte, del grado de credibilidad moral que haya ganado en los ciudadanos. Si la ciudadanía percibe que por la inacción deliberada de un funcionario judicial, no se logra condenar a quien se sabe que cometió un delito, la sociedad verá a los tribunales como sesgados y deshonestos.

Por eso, como el sistema de justicia penal no puede convalidar estafas procesales y después pretender que tiene legitimidad para mantener la identidad normativa de la sociedad a través de la pena, es necesario examinar el contexto procesal en el que se dictaron las decisiones judiciales que se presumen “contaminadas”.

Los acusados de un delito tienen la obligación de someterse a los procedimientos y autoridades fijadas para resolver la imputación. Su deber es hacerlo una vez y solamente una vez, pero quien –por ejemplo- corrompe o amenaza a un juez ni siquiera cumplió con ese compromiso porque buscó hacerle trampa al sistema e imposibilitó que la comunidad que integra le pida explicaciones y lo exponga al riesgo de una acusación.

Si, además, el acusador fiscal responde a las directivas del imputado o si éste, por medio de sí o de otro, maneja el proceso, entonces siempre su destino estará en sus manos y generará el riesgo que supone una verdadera investigación penal. Figurar como imputado en un proceso que fue una impostura no debe hacer que juegue la garantía contra el doble juzgamiento: ne bis in idem.

Es imprescindible, entonces, que los jueces reconozcan y actúen ante manipulaciones institucionales dirigidas a conseguir escudos de inmunidad disfrazados en forma de sobreseimientos veloces e inapropiados que adquieren firmeza.

Argentina integra el sistema interamericano de derechos humanos y, por ende, se debe investigar la ilegalidad del poder. La aplicación de la llamada “cosa juzgada írrita”, que atenúa los efectos de la cosa juzgada cuando es obtenida de modo malicioso o ilícito y es pasible de anularse si se muestra que fue dictada con un consentimiento viciado, se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal debe definir la validez, o no, del sobreseimiento con el que fue beneficiado en su momento el ex juez federal Juan José Galeano por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Dos fallos anteriores dictados en 2007 y 2013 consideraron que no había existido una verdadera pesquisa con riesgo procesal para el ex magistrado. La nulidad por cosa juzgada írrita de los sobreseimientos firmes “contaminados” no solucionará la cuestión de la impunidad, pero seguramente desincentivará soluciones fraudulentas hacia el futuro. Y hará justicia en algunos casos del pasado.