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Roxana Mazzola: A 25 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

"Debemos interpelar más a fondo nuestro tradicional modo de pensar y procesar la resolución con políticas de problemáticas sociales en la niñez y juventud. Las dificultades en deserción y efectividad de la educación son llamados de atención al respecto", sostuvo la especialista en Políticas Sociales del Cedep y Magíster en Administración y Políticas Públicas de San Andrés. La versión original de la nota puede verse aquí: http://goo.gl/dWAtXL

Cada chica y chico de Argentina tiene que contar con buena alimentación, acceder a cuidados de su salud, poder ir al jardín, al colegio o iniciar la universidad, recibir cuidados y cariño de sus familias, que sus madres y padres tengan trabajo, y encontrarse protegido cuando sus derechos son vulnerados, por ejemplo, cuando sufren abusos o son víctimas de violencia familiar. Además de ello tienen que poder hacer deportes, arte, música o jugar, participar en la vida de sus barrios y políticamente, votar y contar con espacios para que sea posible. Esto sienta el horizonte de base a apuntalar desde la intervención del Estado.

Cuando digo cada chica y chico refiero a cada uno de los 12,3 millones niñas y niños hasta 17 años, es decir, más del 30,7% de la población del país.

De este modo, agrega el reto de la magnitud y no de invisibilización, que la subvaloró durante muchos años. Son millones de chicos, de infancias con derechos en el país.

Infancias y no la infancia. Porque cada historia, cada vida es distinta y singular y no podemos homogeneizarla. Al cumplirse 25 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989 en la agenda de infancias y derechos hay avances y retos de transformación en la Argentina. Tres puntos al respecto: En primer lugar, pasos a favor de restituir y ampliar derechos del niño.

Luego de 15 años de la aprobación de la Convención fue recién en el año 2005 que se sancionó la ley de protección y promoción de los derechos del niño en el país y se deroga la ley de patronato vigente desde 1919. También en los últimos años las políticas de derechos a la niñez son más amplias, con envergadura e inversión, reconocidas como vanguardia a nivel internacional por la Unicef, Unesco, PNUD, OIT, etc. Son recomendadas para desplegarse en Europa bajo la crisis actual que se vivencia y también en otros países de la región latinoamericana por sus resultados positivos. Ahora es el sur reconocido en su aporte al norte.

Estas políticas son la Asignación Universal por Hijo y para Embarazadas que amplió el derecho a la seguridad social en la niñez, el programa Conectar Igualdad igualando el acceso a la alfabetización digital, el Plan Nacer Sumar que fortalece coberturas en salud, la ampliación del calendario de vacunas obligatorias y gratuitas, las nuevas normativas ligadas a la erradicación del trabajo infantil, la sanción del voto a los 16, la nueva ley de salud sexual y reproductiva, el establecimiento de la obligatoriedad del secundario y ahora debate de ampliación del nivel inicial.

No hablamos de pequeños programas con pequeño alcance y partidas presupuestarias. Tampoco de medidas que duran un año, coyunturales. Las mismas tienen una historia reciente, 5 a 10 años, persistente y que deja huella, huellas distintivas y reparadoras de injusticias en las infancias de la Argentina. Claro que también se solapan con otras no tan positivas y miradas de antaño porque como bien sabemos la linealidad no siempre es tal.

Algunos resultados se ven en la información agregada que expresan las estadísticas sociales que es más despersonalizada, pero detrás de ellas hay vidas concretas. Según la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil pasó de 16,5‰ a 11,1‰ entre 2003 y 2012, las necesidades básicas insatisfechas se redujeron de 17,7% a 12,5% entre 2001 y 2010 según el Censo Nacional 2010, el acceso a la educación también mejoró y redujo la desigualdad.

También esto se ve cuando uno contrasta en el tiempo cómo han cambiado las demandas. Antes eran las demandas por la extensión de un ingreso a la niñez, ahora los reclamos son por la calidad de la educación.

En segundo lugar, sólo es un inicio de procesos de largo aliento. Si bien fueron restituyéndose derechos en la niñez y estableciéndose pisos que antes no estaban, estos avances inician procesos que requieren décadas de transformación social.

Poder participar y proyectarse, soñar y sentirse parte de su sociedad no es tema lateral de la agenda de los derechos de la niñez. Está bien que si un chico no está bien comido ni puede pensarse en lo que sigue.

También si sus madres y padres no tienen trabajo. Algo en ello se avanzó. Pero pensemos además que es un hecho que si todas las estadísticas desmejoran en las infancias, la informalidad laboral se amplifica entre las juventudes; esto también es reflejo de falta de instancias de participación efectivas de la niñez.

Debemos interpelar más a fondo nuestro tradicional modo de pensar y procesar la resolución con políticas de problemáticas sociales en la niñez y juventud. Las dificultades en deserción y efectividad de la educación son llamados de atención al respecto. Otro ejemplo es el despertar político de los adolescentes y juventudes al que asistimos e inicios del fortalecimiento de los Centros de Estudiantes.

En tercer lugar y vinculado a lo anterior, trascender límites. Fomentar actividades de representación política, social y cultural de las infancias es clave. Un componente obligado en toda política de niñez (sea en salud, educación hasta en la Asignación Universal por Hijo o el Progresar) debiera ser considerar las miradas y voces de las infancias y juventudes.

Registrar qué piensan, mirar al valor que agregan y hacerlas partícipes. La evaluación de impacto realizada por la Untref y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, dirigida por el especialista Bernardo Kliksberg y encargada por Anses, destacó que cuando se indagó a los chicos sobre qué piensan de la Asignación Universal dijeron que es un derecho de ellos, que el Estado les garantiza esa asignación porque ellos estudian.

Pensemos también en el proceso movilizador del Parlamento Juvenil del Mercosur donde chicos y chicas de todas las provincias del país participan proponiendo la escuela pública que quieren. O en otras experiencias como la escuela pública 721 de Camarones, en la Patagonia, que en su laboratorio y planta procesadora, estudiantes del secundario le dan valor agregado a los mejillones que producen.

Sobran casos pero no tanto su visibilización. Es más, a menudo se dice que los chicos son inmaduros, manipulables, acríticos e irracionales.

También se ve al “niño pobre” como una “amenaza” y objeto de tutela del Estado, donde el “control” es imprescindible o se piensa que son menores “a formar” o formatear como si fueron discos duros de una PC. No se llega a poner en valor o mirar distinto. Hay prácticas donde hubo y hay un Estado que les está empezando permitir expresarse y desarrollarse. Hay también mucha voluntad y esfuerzos de quienes se comprometen y creen en estas transformaciones por elección e historias de vida, porque saben por experiencia personal de sus beneficios. Hay que amplificar sus alcances, (re) distribuir poder, ampliar derechos y trascender límites. A 25 años de la Convención Internacional de los Derechos tenemos que (re) pensar en ello.