En contexto

Enfoques sobre la actualidad del país y del mundo

Comunicación Institucional

San Andrés en imágenes

Galería multimedia

+ San Andrés

Actualidad

Hernán Galperin: Claroscuros del proyecto de ley Argentina Digital

"Resulta evidente que es una iniciativa que consagra la discrecionalidad y atenta contra de la independencia regulatoria. Es una pobre receta para remediar la actual situación de las telecomunicaciones en el país", afirmó el profesor del Departamento de Ciencias Sociales.

La infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país adolece de graves falencias que son evidentes para todos los usuarios. Las quejas más frecuentes refieren a los servicios de telefonía móvil simplemente porque son los de uso más extendido, pero las falencias abarcan también al servicio de telefonía fija y de acceso a Internet, por nombrar a otros dos servicios de uso masivo. Para comprobarlo bastan algunos datos. Primero: pese a la pobre calidad de servicio que brindan los operadores, un estudio reciente del Foro Económico Mundial muestra que las tarifas por minuto de telefonía móvil en nuestro país son las cuartas más caras del mundo (sobre 144 países relevados). Segundo: en el relevamiento anual de precios que realizamos en el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, comprobamos que en 2014 el costo mínimo del abono hogareño de banda ancha en Argentina es el más alto en la región. Tercero: según datos de Ookla (empresa especializada en medición de velocidad de acceso) el internauta argentino navega a una velocidad que apenas llega a la mitad del internauta brasilero y a un cuarto del internauta charrúa. En resumen, en el mundial de las telecomunicaciones estamos perdiendo por goleada.

Frente a este diagnóstico poco alentador, el proyecto de Ley Argentina Digital que debate el Congreso podría representar un importante hito. Sin embargo, el proyecto presenta diversas falencias que lo convierten en un dudoso tratamiento para remediar la actual situación. La que revista mayor gravedad refiere a la creación de una todopoderosa autoridad de regulación sobre cuya integración, estructura y funcionamiento el proyecto de ley dice poco y nada. Entre las facultades de este nuevo ente (cuya designación la ley delega al PEN) se encuentran las de fijar los parámetros de calidad y precio de los servicios, el otorgamiento y revocación de licencias, la administración de los fondos destinados a la universalización de las telecomunicaciones, la administración y control del espectro radioeléctrico, el establecimiento de reglas diferenciadas para los operadores considerados dominantes, y la fijación de los precios y condiciones del alquiler de elementos de red entre operadores.

Este conjunto de atribuciones otorgadas a la nueva autoridad de aplicación no es criticable per se. De hecho, muchos reguladores en otros países cuentan con atribuciones similares. Sin embargo, estas atribuciones son delegadas sobre la base de un marco jurídico donde el legislador establece claramente los parámetros de actuación del regulador. El proyecto de ley otorga una discrecionalidad sin precedentes para que la nueva autoridad determine qué precios son “justos y razonables”, qué operadores tienen “poder significativo de mercado”, y qué condiciones de interconexión son “no discriminatorias, transparentes, y basadas en criterios objetivos”. En su ambigua redacción actual, el proyecto incluso abre las puertas para que la nueva autoridad reclame competencia sobre aplicaciones y servicios de Internet tal como buscadores, redes sociales y servicios de mensajería instantánea (chat).

La excesiva discrecionalidad que se otorga a la nueva autoridad de aplicación es aún más preocupante frente a las escasas garantías que ofrece el proyecto sobre su autonomía de acción y su integración por profesionales capacitados. Las telecomunicaciones involucran altos costos hundidos y activos muy específicos, y por lo tanto siempre es tentador para el gobierno cambiar las reglas de juego una vez realizadas las inversiones. La independencia del ente regulador es precisamente una herramienta para reducir ese riesgo, lo que permite atraer nuevos competidores y abaratar el costo de financiamiento de los existentes. Es por ello que la nueva de ley de telecomunicaciones de México, una de las más modernas de la región, dedica más de 30 páginas a garantizar la independencia y el profesionalismo de los integrantes del nuevo ente regulador. Eso es más que todo el proyecto de ley que discute el Congreso, lo que evidencia el apuro en la redacción del texto.

El proyecto contiene muchos otros puntos que son materia opinable y de extenso debate en la industria y recintos académicos. ¿Es necesario asegurar el tratamiento no discriminatorio de los paquetes de datos por parte de los proveedores de acceso a Internet? ¿Cómo promover la competencia de servicios sobre una misma red sin desalentar futuras inversiones en redes de nueva generación? ¿Debe protegerse a los operadores cooperativos o de menor porte aún a costa de limitar la competencia? Las respuestas a estas preguntas no son evidentes y suelen variar entre países. Lo que sí resulta evidente es que un proyecto de ley que consagra la discrecionalidad y atenta contra de la independencia regulatoria es una pobre receta para remediar la actual situación de las telecomunicaciones en el país.