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Juan Pablo Montiel: ¿Corrupción como política de Estado?

"Será responsabilidad de la nueva dirigencia mostrar que en 2015 finaliza una etapa que tuvo a la corrupción como política de Estado. Para ello se requiere probidad y consenso", indicó el profesor del Departamento de Derecho y director del Centro de Estudios Anticorrupción de San Andrés. La versión original de la nota puede verse aquí: http://www.clarin.com/opinion/Corrupcion-jueces-ley-democracia_0_1261073936.html

Existen razones para preocuparse tras los últimos ataques al Poder Judicial. Todos sabemos que este tipo de embestidas del Gobierno no son nuevas y encontraron su punto más álgido en el contexto de la aprobación y la declaración de inconstitucionalidad de la “Ley de Democratización de la Justicia”. Si quisiéramos encontrar alguna novedad ahora, podríamos decir que hubo un aumento en el tono de las bravuconeadas. De “corporaciones mediáticas” pasaron a ser “golpistas”, “atacantes despiadados” y “pistoleros”. En realidad, el mayor motivo de preocupación es que con esta actitud parece haberse declarado públicamente a favor de la corrupción como política de Estado. Todo aquel que se oponga a ello, entonces, tendrá que enfrentarse al “duro brazo” del Estado, ora mediante investigaciones de la AFIP o planteando la destitución del juez que conduce una investigación.

En este caso, el Gobierno podría haber elegido un camino menos confrontativo pese a no ser éste su estilo habitual. Esa fue su actitud en muchos momentos de la investigación judicial a Amado Boudou, en la que, sin ahorrar cuestionamientos a la Justicia, confiaba demostrar la inocencia del vicepresidente. Sin embargo, esta vez la postura parece ser otra: junto a la cáustica crítica a la Justicia habría venido a transmitir el mensaje “nosotros no rendimos cuenta de nuestros actos a nadie”. Con ello, no sería exagerado interpretar que el Gobierno dio uno de los saltos contrarios a las instituciones más grandes visto desde la vuelta a la democracia, al reivindicar que, al menos la mandataria, estaría por encima de la ley. Si bien antes el Gobierno había pretendido sortear las restricciones a la acumulación del poder público, esta vez la ruptura con el Estado de Derecho alcanza su máxima expresión: el cumplimiento de la ley y la Constitución es tarea de todo ciudadano, menos de quien detenta el poder.

Analizar los méritos o deméritos éticos o técnicos del juez Claudio Bonadío o de la propia jefa de Estado es un aspecto del problema. Pero, en realidad, el verdadero debate no es ése, sino el deber de todo funcionario de rendir cuentas ante la ley como cualquier ciudadano. La actitud del Gobierno debería ser leída, entonces, como un punto de inflexión en nuestra todavía joven democracia. A partir de allí sería esperable que los precandidatos presidenciables miren en sus agendas políticas más allá de la seguridad y la inflación, e incluyan entre sus principales temas de campaña la lucha contra la corrupción. Así como la salud de la economía debe evitar recaídas inflacionarias, la de nuestras instituciones requiere un cambio verdadero en las políticas de transparencia. Será responsabilidad de la nueva dirigencia mostrar que en 2015 finaliza una etapa que tuvo a la corrupción como política de Estado. Para ello se requiere probidad y consenso.