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Juan María Del Sel: El secreto de las fuentes periodísticas

La Constitución reconoce la existencia e intangibilidad del secreto de las fuentes de información periodísticas. Esta protección es esencial, porque protege el derecho de todos a recibir informaciones e ideas. La cuestión a resolver es si esos derechos son absolutos e inalienables o si deben ceder ante “un requerimiento superior de interés público”, como podría ser el caso Nisman. La versión original de la nota puede verse aquí: http://ar.bastiondigital.com/notas/el-secreto-de-las-fuentes-periodisticas

Al momento de comenzar su investigación, la fiscal Viviana Fein realizó un pedido público a los periodistas para que aporten toda la información que posean vinculada a las últimas horas con vida de su colega Alberto Nisman.

Este requerimiento trajo de vuelta, inevitablemente, el interrogante acerca de hasta qué punto pueden las autoridades judiciales pedir –y llegado el caso compeler– el cumplimiento de este tipo de informes y en qué medida deben los periodistas cumplir esos pedidos.

El Código Procesal Penal autoriza a los ministros de un culto, abogados, escribanos y médicos, entre otras profesiones, a abstenerse de declarar como testigos respecto de hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en el ejercicio de su cargo o profesión. Sin embargo, en una llamativa omisión histórica, los periodistas no están incluidos en ese listado. Esto no ha sido obstáculo, en general, para que los tribunales reconozcan de todas formas la potestad de los periodistas de abstenerse a declarar y de identificar a sus fuentes, pues se le reconoce a la libertad de prensa y al secreto de sus informantes un indudable sostén en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales de los que Argentina es parte.

En efecto, la Constitución reconoce expresamente la libertad de prensa y la prohibición a la censura previa a una publicación como uno de sus pilares fundamentales en el marco republicano, democrático y de división de poderes. Asimismo, también se refiere a la existencia e intangibilidad del secreto de las fuentes de información periodísticas cuando trata acerca de los recursos de amparo y habeas data disponibles para cualquier persona.

Esta protección es esencial, pues cuando se restringe ilegalmente la expresión de un individuo están en juego, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “no sólo el derecho de ese individuo que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas".

En este escenario, la verdadera cuestión a resolver es si esos derechos son absolutos e inalienables o si deben ceder ante “un requerimiento superior de interés público”, como indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La mera existencia de una investigación penal no es causa suficiente para forzar a que un periodista entregue información o revele sus fuentes, tal como quedó claro en distintos fallos jurisprudenciales. Vale decir que debe sopesarse en cada caso puntual las características y reales necesidades de la investigación penal para constatar algún caso excepcional en el que no sólo sea útil sino estrictamente necesario, pues, en principio, se mantiene incólume el derecho de la prensa. De hecho, en ese ámbito de análisis queda descartada desde el inicio la posibilidad de recurrir a la inquisición a los periodistas cuando los tribunales cuentan con vías alternativas independientes para obtener la información que se necesita.

Esta protección se extiende a la imposibilidad de forzar una declaración testimonial del periodista para que aporte la información, a la inviabilidad de ordenar su detención por considerarlo un testigo remiso y también al impedimento que de jueces y fiscales ausculten los movimientos, llamadas y registros de los periodistas en búsqueda de la información que el profesional se negó a aportar. Esto sucedió en 2002 cuando el juez federal Claudio Bonadío ordenó recopilar y analizar todos los llamados entrantes y salientes registrados en los teléfonos del periodista Thomas Catan frente a la imposibilidad de conocer la identidad de sus fuentes. En ese caso la Cámara de Apelaciones reprendió al juez y declaró la nulidad de esa medida. Lo mismo sucedió años después cuando se pretendió analizar los llamados entrantes y salientes del periodista que adelantó en 2005 que la Justicia se aprestaba a procesar a los responsables del caso de las coimas en el Senado.

Tengamos en cuenta que esta protección integral es necesaria para un cabal ejercicio de la libertad de prensa, pues los periodistas deben estar en condiciones de poder asegurar a su fuente que el contenido de la conversación y la identidad del informante quedarán en secreto. Bajo estas condiciones de seguridad informativa, la fuente podrá evaluar con libertad si cree o no que el periodista cumplirá su palabra; de lo contrario, esa evaluación sería estéril pues siempre temerá que más allá de lo que el profesional le diga existirá la posibilidad de que se devele su identidad con tan sólo que un juez se lo requiera o analice las llamadas telefónicas del periodista.

No se trata de impunidad para la prensa, pues no hay ninguna duda de que tanto el medio como el periodista de que se traten deberán responder por el contenido de lo publicado. Pero lo que sí es claro es que debe prevalecer la libertad de prensa y la prohibición a la censura previa.

Desde este punto de vista, la convocatoria pública y voluntaria realizada por la fiscal Fein parece encasillada en los parámetros actuales delineados por la ley y la jurisprudencia, como así también la conducta de los periodistas que, aun teniendo información acerca del asunto, no la aportaron en ejercicio de su derecho a la libertad de prensa y a la reserva de sus fuentes. Ojalá que esta mesura se mantenga en el tiempo. Por el bien de todos.