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Khatchik DerGhougassian: Drogas y delito en Argentina, una correlación compleja

"Es importante reconocer la necesidad de implementar estrategias integradoras y democráticas que permitan contrarrestar los clamores de ciertos sectores de la sociedad que exigen soluciones rápidas al problema" de la inseguridad, indicó el profesor del Departamento de Ciencias Sociales. La nota fue escrita junto a Sebastián A. Cutrona, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Rioja. La versión original del texto puede verse aquí: http://goo.gl/lyJ4U9

La preocupación por la inseguridad comenzó a crecer en Argentina a fines de la década de los ‘90, cuando las tasas de criminalidad aumentaron drásticamente, alcanzando niveles históricos durante el colapso económico y la crisis social del 2001-2002. Como indican los reportes oficiales, en 1991 se registraron un total de 498.290 delitos, mientras que en el año 1999 las cifras prácticamente se duplicaron. El pico, sin embargo, vino en el 2002 cuando Argentina registró 1.340.529 delitos. Con la recuperación económica y el crecimiento a partir del año 2003, conjuntamente con las iniciativas oficiales tales como la Segunda Reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, la preocupación ciudadana por la seguridad disminuyó considerablemente en las encuestas de opinión pública, aunque nunca desapareció completamente. Efectivamente, desde los años 2010-11, en medio de ciertas dificultades económicas y una disminución del apoyo al gobierno nacional, los problemas de seguridad comenzaron nuevamente a convertirse en una prioridad para los argentinos.

No resulta extraño, entonces, que diferentes medios de comunicación nacionales, especialmente aquellos críticos del gobierno, hayan focalizado su atención en la inseguridad. En particular, este fenómeno ha sido a menudo vinculado con el consumo de drogas a través de diferentes historias donde jóvenes delincuentes son continuamente estigmatizados como la causa principal de la inseguridad en el país Titulares de importantes diarios como “Viven para Consumir y Pueden Matar;” “Drogas y Delito, una Relación Siniestra;” y “El Paco, la Droga que se Vincula al Delito y a la Pobreza” ilustran la histeria predominante reflejada por los medios más influyentes del país. Del mismo modo, miembros de la elite política nacional han apuntalado la posible relación entre drogas y delito utilizando diferentes prácticas discursivas. Tal ha sido el caso del Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, quien declaró que “asusta el nivel de violencia que hay en los delitos. Para mí, guste o no, está emparentado con el consumo de droga;” o el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien observó que “la droga es la raíz del delito, mi enemigo, la contracara de la vida”.

Diferentes estudios han recogido la preocupación por parte de la opinión pública, vinculando analíticamente la inseguridad con el mundo de las drogas. Un informe de la Universidad Católica de Argentina, por ejemplo, reveló que el temor al delito incrementa en hogares cercanos a las drogas. La relación entre sustancias psicoactivas y el miedo a ser víctima del delito, según indica el informe, está presente a lo largo de todos los estratos socioeconómicos analizados. Del mismo modo, estudios estadísticos recientes hicieron presuponer que las drogas y el delito están fuertemente relacionados. Ha sido el caso de un informe realizado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través del Observatorio Argentino de Drogas, según el cual el porcentaje de la fracción total atribuible, que corresponde al porcentaje total de delitos que tienen vinculación con el consumo, tráfico y delitos conexos a drogas, es del 28,1%.

La ecuación, sin embargo, no es tan simple. Estudios más pormenorizados sobre la problemática dieron lugar a conclusiones más rigurosas sobre la potencial relación entre las drogas y el delito. Si bien estas nuevas aproximaciones reconocen que ambas problemáticas están vinculadas, han demostrado la importancia del contexto a efectos de evitar prejuicios y estereotipos sobre el fenómeno de la inseguridad en nuestro país. A diferencia de los saberes constituidos, diferentes estudios sociológicos contemporáneos sugieren que el nexo entre drogas y delito en Argentina no es lineal, ya que ambos fenómenos están influenciados por una serie de factores estructurales que encuentran su origen en el modelo económico desarrollado durante la década de los ‘90. Factores como la precarización del mercado laboral, la familiarización con el uso de la violencia, el papel contradictorio de las fuerzas de seguridad, el desdibujamiento de la ley y la desnaturalización de los contextos de socialización como la familia, la escuela y el barrio, constituyen el contexto ideal en el cual tanto el delito como el consumo de drogas tienden a prosperar. En otras palabras, una aproximación más detallada sobre la problemática revela que el nexo entre ambos fenómenos en Argentina es endógeno, ya que el efecto del consumo de drogas sobre los niveles de delincuencia sólo puede operar bajo ciertas condiciones específicas.

A pesar de la acumulación de evidencia empírica en contra del llamado nexo “drogas-delito,” este argumento sigue caracterizando los debates populares en Argentina. ¿Cómo se explica esta aparente desconexión entre la investigación en ciencias sociales, en particular aquellas ancladas en la sociología, y las afirmaciones de ciertos políticos oportunistas y algunos expertos en la Argentina?

En términos generales, hay tres factores importantes a considerar. En primer lugar, hay una razón política. El problema de las drogas, enmarcado en términos de seguridad, es mucho más atractivo para un electorado si las posibles consecuencias del uso de drogas son relativamente evidentes. Considerando la existencia de un amplio apoyo político para medidas de seguridad, resulta más difícil de convencer al electorado sobre la necesidad de hacer algunos cambios en las políticas para hacer frente a amenazas menos directas y difusas como las drogas cuando éstas están definidas como un problema de salud. En segundo lugar, hay una razón metodológica. Si se tiene en cuenta el aumento del consumo de drogas en Argentina durante los últimos años, existe la tentación de encontrar una correlación con el incremento paulatino de la delincuencia. Sin embargo, al hacerlo, se estaría cometiendo lo que normalmente se denomina “falacia ecológica;” es decir, la extrapolación de condiciones estructurales como causas de conducta individual. Por último, también existe desinformación, prejuicios y miedo. Aunque sería absurdo negar los efectos nocivos del consumo de drogas, los cuales han sido vastamente documentados, los peligros de muchas sustancias ilícitas han sido comúnmente exagerados, sobre todo por los medios de comunicación. Evidencia empírica es frecuentemente ignorada y fenómenos tales como el consumo de drogas y el delito son a menudo simplificados. Esta tendencia se debe, en parte, al hecho de que la mayoría de estas aproximaciones se han focalizado en la conducta patológica y no en lo que ocurre en condiciones de vida normales. En los Estados Unidos, por ejemplo, entre el 80 y el 90 por ciento de los consumidores de cocaína no desarrollan problemas con la droga, a pesar de que su historia nunca ha sido difundida. Del mismo modo, la mitad de las personas con adicción a las drogas son empleadas a tiempo completo, tienen familia y muchas de ellas nunca han estado involucradas en ningún tipo de delito.

Esta aproximación alternativa a la problemática, por supuesto, tiene consecuencias prácticas y políticas. Alejarnos de ciertos consensos ideológicos, los cuales han sustentado las políticas contra el delito en la Argentina, implica reconocer que más de tres décadas de enfoques prohibitivos no han logrado modificar los patrones de consumo y los ciclos de las drogas a nivel internacional, ni mucho menos la actividad delictiva en el país. En particular, resulta apremiante la necesidad de revisar las políticas de “mano dura” contra las drogas, ya que éstas sólo han contribuido a incrementar el hacinamiento en nuestras cárceles por delitos de características menores. Efectivamente, las consecuencias de una potencial profundización de la lógica hobbesiana, según la cual la sociedad debería disponerse a renunciar a todo derecho a cambio de seguridad, podrían ser prácticamente irreversibles para las instituciones democráticas de Argentina.

En este contexto, es importante reconocer la necesidad de implementar estrategias integradoras y democráticas que permitan contrarrestar los clamores de ciertos sectores de la sociedad que exigen soluciones rápidas al problema. El camino a largo plazo, muy probablemente, no se encuentre únicamente dentro del marco de las políticas públicas contra las drogas. Avances estructurales en áreas como el acceso a la educación, la distribución del ingreso, el mercado laboral, los contextos de socialización como el barrio y la familia, conjuntamente con las propias instituciones del estado nacional, serán determinantes a la hora de garantizar las condiciones generales que permitan contrarrestar el avance de las drogas en el país. En el marco de una progresiva deslegitimación del modelo de la “guerra contra las drogas,” Argentina también necesita reconstruir los mecanismos de cooperación internacional que le posibiliten desarrollar estrategias colectivas que privilegien el fortalecimiento institucional y el desarrollo socioeconómico de toda la región.