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Patricio Nazareno: Carlés, la Corte Suprema y la democracia

"Las deliberaciones que se avecinan decidirán si Roberto Carlés tiene o no lugar en el estrado mayor de la nación, pero además —tan importante como esto— darán un paso clave hacia explicitar lo que como sociedad queremos ver en nuestros jueces", sostuvo el profesor de Derecho de San Andrés.

El sistema de democracia constitucional que tenemos depende en buena medida de una Corte Suprema de calidad y que sea independiente del gobierno de turno y de la oposición. Estas no son ideas fáciles de desentrañar, pero tampoco son conceptos triviales ni cortinas de humo. Virtualmente todos los sistemas constitucionales de occidente les rinden tributo y las emplean como criterios a la hora de considerar las candidaturas a juez para sus máximos tribunales. Es cierto, esto impone una dinámica de cierta esquizofrenia: como no puede ser de otro modo, son precisamente los poderes ejecutivo y legislativo —la oposición, pero sobre todo el oficialismo— quienes deciden quién será juez supremo, y por ende quienes sopesarán la capacidad que tiene un candidato para mantenerse independiente… de ellos mismos (!).

¿Qué impide entonces que puestos tan trascendentes para la vida política de un país sean cubiertos por cuadros políticos del oficialismo de turno camuflados con toga? Bueno, la experiencia indica que esto nunca puede prevenirse del todo, pero las estructuras constitucionales como la nuestra ofrecen un par de paliativos. Primero, los jueces permanecen en sus cargos muchos años o hasta de por vida, con lo que es esperable que cada presidente vaya encontrándose con vacantes muy esporádicamente (o quizás nunca) y esta circunstancia limite su capacidad de influir en la composición de un tribunal numeroso. Segundo, lo que está en juego en cada nombramiento de un juez para la Corte es tan importante que hace de cada instancia una de alta visibilidad política, que convoca un escrutinio riguroso de parte de la oposición, organizaciones afines y la ciudadanía en general.

Este es sin dudas el esquema constitucional que adoptamos en los libros, y sin embargo dudo que quede entre nosotros algún argentino que todavía recuerde haberlo visto funcionar así.

La diferencia más dramática es que desde mediados de la década de los ’40 hasta nuestros días, lejos de contentarse con algún nombramiento esporádico, casi todos los presidentes decidieron copar la Corte Suprema con nombramientos en bloque, una práctica que —contrario a lo que se piensa— no cesó con la restauración democrática. Desde la asunción de Perón hasta el kirchnerismo, cada partido político o golpe militar que llegó al poder decidió entre sus primerísimas medidas reemplazar a todos o al grueso de los jueces de la Corte y nombrar por si una nueva mayoría para poner al tribunal “en sintonía con la nueva época”. Esto tuvo lugar nada menos que nueve veces en 70 años, en las gestiones de Perón (1946-7); la Revolución Libertadora (1955); Frondizi (1958-60); la Revolución Argentina (1966); Cámpora (1973); el Proceso de Reorganización Nacional (1976); Alfonsín (1983); Menem (1990) y Kirchner (2003-4). La lista incluye prácticamente a todos los movimientos políticos que controlaron los destinos de los argentinos, con apenas un puñadito de excepciones, todas ellas presidencias breves y con poder bastante acotado por circunstancias históricas diversas (Guido e Illia, a comienzos de los años ’60; De La Rúa y Duhalde, a principios de siglo).

Pero, claro, aun partiendo de esta lectura hay importantes sutilezas que destacar. Si nos detenemos en las tres renovaciones cortesanas de la democracia —1983, 1990 y 2003— advertiremos que, a pesar de tratarse de nombramientos en bloque, dos de ellas fueron conducidas poniendo especial cuidado en preservar valores institucionales de independencia y calidad. En circunstancias especiales para el país, con sabor refundacional, los presidentes Alfonsín y Kirchner fueron particularmente contemplativos del clamor social por mejores instituciones de justicia y supieron volcar estas expectativas en sus selecciones para integrar la Corte. Alfonsín hizo seis nombramientos durante su mandato, e influyó en un séptimo que fue realizado a sus instancias (Bossert en 1994). Kirchner nombró en su turno a cuatro jueces supremos. Tomados en conjunto, estos once magistrados parecen compartir cierto perfil que pone de relieve un contrapunto interesante con otro conjunto de jueces nombrados en circunstancias muy diferentes: aquellos elegidos y elevados por el presidente Menem. Alfonsín y Kirchner buscaron acentuar la calidad institucional y la independencia de la Corte, y para ello orientaron su selección hacia candidatos con un perfil bien definido: el de lo que se conoce como un “jurista”, esto es, jueces o abogados de carreras destacadas que a ello agregaban trayectorias académicas sobresalientes como reputados autores y profesores universitarios. Al menos ocho de los once jueces nombrados por estos presidentes responden claramente a esta semblanza. Como contraste interesante, solo uno de los nueve jueces supremos elegidos por Menem se ajusta al molde (Boggiano). El prototipo de nominación menemista recayó más bien sobre un político, abogado o magistrado sin pergaminos académicos donde el punto central no era lo destacado de su carrera sino la fuerte identificación partidaria o personal con la gestión en funciones: un “juez-partidista” con marcada sensibilidad por la agenda presidencial del momento. Las protestas sociales de 2001-02 rechazaron con vehemencia este perfil, luego desterrado por los cinco enjuiciamientos exigidos por Kirchner y su selección de reemplazos.

La segunda gran diferencia entre el sistema que la Constitución promete y el que el país vivió desde mediados del siglo pasado es la trascendencia de los controles públicos en cada proceso por el que se nomina a alguien para servir en la Corte. De hecho, las oportunidades de discutir pausada y participativamente cada candidatura fueron prácticamente inexistentes hasta tiempos recientes, producto de los vaivenes cívico-militares, la práctica de sustituciones en bloque, y la característica renuencia de la política argentina a transparentar tomas de decisión. Las nominaciones a la Corte recién comenzaron suscitar discusiones públicas de alto impacto e influencia sobre su resultado final gracias a la reforma constitucional de 1994, que le concedió verdadero peso a la oposición en el Senado; y a las valiosísimas reformas complementarias de comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, que abrieron las puertas del proceso al ciudadano de a pie. Recién hace pocos años, con estas notables ampliaciones en las voces (de todos) y los votos (de senadores), podemos decir que el proceso se ha democratizado genuinamente.

Este ritual constitucional (retocado) de propuesta y confirmación tuvo su inspiración en la correspondiente práctica estadounidense, que es tal vez la más pública y contenciosa del mundo para la evaluación y confirmación de jueces supremos. Su propósito es sencillo: en resumidas cuentas, se somete a los candidatos a un intenso escrutinio para evaluarlos en cuatro aspectos, las cuatro “íes” (integridad, idoneidad, independencia e ideología).

(i) La integridad moral se explica de suyo: nadie toleraría como juez a alguien de quien se sospeche haya cometido delitos o faltas éticas graves, como evadir impuestos. Varias candidaturas norteamericanas naufragaron o se complicaron severamente por problemas de este tipo, como la de un aspirante con antecedentes racistas en 1970; la de uno consumidor de estupefacientes en 1987; y la de otro denunciado por acoso sexual en 1991.

(ii) La idoneidad técnica es claramente un requisito esencial para ser juez del máximo tribunal nacional: la tarea es tan importante que solo se la confiamos a juristas de comprobada capacidad. El caso más resonante fue el retiro a regañadientes por George W. Bush de su escandalosa nominación de 2005, de una abogada mediocre con conocimientos jurídicos escasos que apenas se había desempeñado como su asistente.

(iii) La independencia de los poderes políticos que promueven su nombramiento es un indicador complejo, pero permite descartar casos de flagrancia. Un ejemplo claramente fuera de la línea fue la fallida postulación que hiciera el presidente Lyndon Johnson en 1968 para que presidiese la corte su abogado y amigo personal.

(iv) Finalmente, una vez que los criterios anteriores se encuentran satisfechos, el debate suele centrarse en dilucidar si la ideología del juez propuesto, los valores e ideas políticas sobre el derecho que seguramente encarnará en sus sentencias, nos resultan aceptables o no. Este factor fue el determinante del colapso de varias nominaciones norteamericanas, de jueces que habían tomado posiciones en contra de los intereses de los trabajadores y a favor de la segregación racial (en 1930 y 1969), o contrarias a los derechos de las mujeres (en 1970), y hasta el caso de un extremista reaccionario (en 1987).

Típicamente, reconocemos estar ante un candidato “natural” a ocupar una vacante en la Corte —como fue el caso de los cuatro juristas propuestos por Kirchner— cuando advertimos rápidamente que el mismo supera con facilidad los tres primeros filtros. Por tal razón, la discusión de estas candidaturas suele concentrarse en torno a la dimensión ideológica. Recordemos por caso la nominación de Eugenio Zaffaroni en 2003: un jurista de pergaminos destacadísimos, que aun así suscitó un gran debate debido a que sus posiciones ideológicas “garantistas” en lo penal fueron consideradas inaceptables por muchos. Como ejemplo inverso, durante la reciente consideración de Daniel Reposo para jefe de los fiscales (puesto equivalente a juez de la Corte), nunca se llegó a abrir la discusión sobre su perfil ideológico porque la postulación se derrumbó a nivel de los tres primeros criterios (información sospechosamente errónea en su CV; antecedentes insuficientes; autoproclamación como “peronista k”).

Hoy retomamos este accidentado capítulo de nuestra historia: la presidente ha propuesto a Roberto Carlés para ocupar el sitial que Zaffaroni dejó vacante. Todos los analistas se apresuran a remarcar que se trata de un candidato atípico, y es cierto; pero es equivocado suponer que esto se debe a su juventud. La razón reside más bien en que, a diferencia de las anteriores nominaciones del kirchnerismo, Carlés no es un candidato “natural” porque está lejos de quedarnos claro desde el inicio que superará el escrutinio de las tres primeras “íes”. Dejando de lado ciertos aspectos éticos que surgieron y deberán ser aclarados, su idoneidad técnica es complicada de establecer precisamente por la ausencia de carrera judicial, forense o académica destacada y la consecuente escasez de escritos jurídicos que lleven su firma. Asimismo, la vinculación militante con el gobierno plasmada en su metralla de tweets requerirá explicaciones en persona, pero indefectiblemente impondrá retomar el debate sobre los “jueces-partidistas” que parecía superado. Por ello, no es difícil vaticinar que las audiencias del Senado tenderán a focalizarse en evacuar estas cuestiones más fundamentales antes de reeditar la discusión ideológica sobre el “garantismo” que el candidato suscribe.

Las deliberaciones que se avecinan decidirán si Carlés tiene o no lugar en el estrado mayor de la nación, pero además —tan importante como esto— darán un paso clave hacia explicitar lo que como sociedad queremos ver en nuestros jueces en términos de las cuatro “íes” y lo que no. Esta es en cierta medida la primera vez que podemos hacerlo: nunca antes habíamos debatido participativamente la nominación de un candidato no-“natural”. Y es un paso gigante hacia acercarnos a lo que la Constitución promete.

de Sebastián Elias, 31 de March de 2015

Excelente análisis, Pato. Hay que retomar ese debate y darlo en todos los ámbitos posibles.