En contexto

Enfoques sobre la actualidad del país y del mundo

Comunicación Institucional

San Andrés en imágenes

Galería multimedia

+ San Andrés

Actualidad

Lucas Grosman: Los jueces como custodios de la competencia democrática

"Hay quienes sostienen que es antidemocrático que un juez interfiera con la política. Por el contrario, la democracia requiere que los jueces se involucren más en ella, no para tomar decisiones propias de esa esfera sino para garantizar que funcione de forma competitiva. Una democracia inmadura como la nuestra no debe ir en piloto automático", destacó el director del Departamento de Derecho.

Hay quienes sostienen que resulta antidemocrático que un juez interfiera con la política. Soy de los que creen precisamente lo contrario: nuestra democracia requiere que los jueces se metan mucho más en política, no para tomar decisiones propias de esa esfera, sino para garantizar que ella funcione de manera competitiva.  Una democracia, en especial si es inmadura como la nuestra, no puede funcionar en piloto automático. En este punto, democracia y mercado se parecen bastante. Cuando el mercado opera sin controles, existe un alto riesgo de que las empresas con posición monopólica o dominante se valgan de ella para excluir a sus rivales. Esto restringe la competencia y, por ende, perjudica a los consumidores. Para evitarlo, los países desarrollados recurren a las normas de defensa de la competencia, que resultan mucho más efectivas y beneficiosas para los consumidores que la alternativa de la regulación directa por la que apostó nuestro país en los  últimos años, con los deslucidos efectos por todos conocidos.

Esta necesidad de preservar la competencia, que parece tan obvia en el caso del mercado, no debería serlo menos en el caso de la política. Al igual que los monopolios económicos, quien goza del monopolio de los recursos estatales –el Gobierno– puede utilizar esos recursos para desplazar a sus competidores y perpetuarse así en el poder. Claro está, no todo lo que haga un Gobierno para ganar poder resultará criticable. Muchas veces, lo que beneficia electoralmente a un Gobierno también promueve el interés público. Esto, obviamente, no tiene nada de malo: al fin y al cabo, de eso se trata la democracia. Para seguir con la analogía, sería una locura reprocharle a una empresa dominante que invierta parte de sus ganancias en mejorar aún más su producto líder, por más que tal inversión perjudique a sus rivales, pues esta es la esencia de la competencia. El problema aparece si esa empresa realiza conductas que no tienen por fin mejorar su producto, sino castigar a sus rivales; por ejemplo, si presiona a los fabricantes de insumos para que no les vendan a otras empresas competidoras. Como se puede apreciar, el problema no radica en desplazar competidores, sino en cómo se los desplaza.

Lo mismo se aplica a los gobiernos. Cuando una conducta solo es entendible a partir del objetivo de desplazar competidores, se materializa el riesgo al que me refiero. En este sentido, así como las empresas monopólicas en ocasiones incurren en una discriminación de precios para beneficiar a empresas verticalmente integradas con ellas y perjudicar a sus rivales, también los gobiernos pueden tratar de discriminar a quienes amenazan su posición dominante. Un típico ejemplo de esto es que un gobierno local opositor reciba menos fondos del gobierno central justamente por ser opositor, o que un diario crítico del Gobierno reciba menos publicidad oficial por igual razón. Desde el punto de vista del interés público, ello es obviamente injustificable: la existencia de oposición y prensa críticas aumenta los controles sobre el Gobierno, contribuye a que los ciudadanos cuenten con más información y opciones para elegir y, en consecuencia, robustece la democracia. Nos encontramos, por ende, frente a un claro abuso de posición dominante.

De modo similar, la comunicación de los actos de gobierno puede cumplir un fin útil –por ejemplo, difundir una campaña de vacunación– pero la mayoría de las veces no es más que mera propaganda política sin mayor utilidad para la población. En nuestro país, esta práctica ha alcanzado una dimensión escandalosa. Poner los recursos estatales, que son de todos, al servicio de fines meramente partidarios es, nuevamente, un claro abuso de posición dominante.

Frente a conductas como las descriptas, que son meramente ejemplificativas de un fenómeno más vasto, muchos dirán “y bueno, es la política”. También frente a las conductas económicamente abusivas se podría decir “y bueno, es el mercado”. Pero no, eso no es el mercado, sino la distorsión abusiva del mercado, y es por eso que los países que valoran el mercado no han dudado en perseguir tales prácticas. Del mismo modo, insistiría en que eso no es la política, sino el abuso de la política, y es por eso que, si queremos fortalecer la democracia, si queremos que la política sea competitiva y no monopólica, debemos controlar esas prácticas.

Es allí donde aparece un desafío enorme para los jueces, pues en buena medida es a ellos a quienes les cabe la tarea de evitar que prácticas como las descriptas prosperen. Preservar ciertas reglas de juego en defensa de la competencia política no restringe la democracia: es, precisamente, lo que la hace posible.