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Juristas y expertos nacionales y extranjeros debatieron sobre Derechos Humanos y Justicia

La charla fue organizada por el Departamento de Derecho y se realizó en la Sede Capital de la Universidad. Allí estuvieron Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales (Chile) y columnista dominical del diario El Mercurio; Luis Alberto Romero, historiador y miembro de San Andrés; Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Comisión Nacional por Desaparición de Personas (CONADEP); Marcelo Alegre, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Emilio Cárdenas, ex embajador argentino ante la Organización de Naciones Unidas (ONU); Sam Ferguson, ex miembro del Centro Schell para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Yale, Estados Unidos; Martín Sabelli, ex Defensor Público Federal en San Francisco, Estados Unidos; Verónica Blanco, integrante del Ministerio Público de la Defensa; y Robert Barros, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. El encuentro estuvo coordinado por los profesores Lucas Grosman y Sebastián Elías.

Los efectos del Juicio a las Juntas a casi 30 años de su sentencia, la prosecución y alcances jurídicos de los actuales procesos a los acusados de delitos de lesa humanidad, y la búsqueda de verdad y justicia que procuran estas instancias fueron algunos de los temas que analizaron nueve juristas, intelectuales y políticos nacionales e internacionales durante una charla organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad. 

Durante el encuentro “Derechos Humanos y castigo: las discusiones pendientes”, los disertantes se mostraron en su mayoría críticos con el desarrollo de los actuales juicios, en especial por la calidad de las pruebas presentadas y la violación del principio de la cosa juzgada, entre otros puntos.

“Todos merecen tener la mejor justicia posible”, afirmó Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y miembro de la CONADEP, la comisión que relevó parte de las pruebas que derivaron con la condena a las juntas militares a mediados de los 80.

Fernández Meijide recordó que en los meses siguientes al secuestro, desaparición y asesinato de su hijo, Pablo, de 17 años, cometido por la dictadura militar en octubre de 1977, se “dormía soñando que le metía un tiro en la cabeza a (Emilio) Massera, (Orlando) Agosti y (Jorge) Videla”, los jefes militares de la época. “Cuando me di cuenta de que no era capaz de matarlos decidí que iba a meterlos presos”, destacó.

Al respecto, consideró que la CONADEP, conformada en 1984 por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín, “no soñaba siquiera con que hubiera justicia”, pero finalmente, a partir de la recolección de pruebas y testimonios, “hizo más por la verdad que los tribunales”.

El historiador Luis Alberto Romero, otro de los disertantes, consideró que “los juicios actuales están en las antípodas del Juicio a las Juntas” porque, entre otras consideraciones, “parece que los únicos responsables de la tragedia argentina se circunscribe a los militares”.

“En los actuales juicios se ven claramente la idea de una justicia popular que dará su merecido a los inculpados y una demostración de fuerza de quienes los impulsan. Esto explica bastante cómo se hicieron. Los juicios demuestran la enorme capacidad de la voluntad política y la ignorancia de las leyes”, opinó.

Verónica Blanco, integrante del Ministerio Público de la Defensa, afirmó que “los actuales juicios” a represores “no se asemejan en nada a lo que conocemos como juicios. Para una apasionada del Derecho como yo es todo muy triste”, agregó.

“Muchos de los acusados son perseguidos por hechos por los cuales ya habían sido investigados. Se vulnera el principio de la cosa juzgada. Los juicios tienen mucho de símbolo pero poco de judicial. Lo que pasó en Argentina fue tremendo, una tragedia. Pero lo que hacen con esa tragedia es una violación del debido proceso. Otro problema que se observa en el juicio es cómo se reconstruye la verdad. Treinta años después es muy difícil conseguir pruebas. Hay un estado de indefensión de los imputados. La prueba de cargo es la que recabó la CONADEP”, sostuvo.

Según Robert Barros, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de San Andrés, “los procesos judiciales contribuyen a la verdad” y en el caso chileno, uno de los que investigó en su carrera, “han revelado mucha información desconocida: se documentaron unas 3.000 desapariciones y 30.000 detenidos, gran parte de los cuales aseguró haber sido torturado en cautiverio”.

En cambio, Martín Sabelli, hijo de padres argentinos y ex Defensor Público Federal en San Francisco, Estados Unidos, “los juicios penales no están destinados a descubrir la verdad como la conocemos a nivel público, social o político”.

“En Estados Unidos tenemos una deuda interna que es el racismo, pero no podemos hacer juicios por crímenes a quienes tenían esclavos en los siglos XVIII y XIX. Puede ser una comparación útil porque si lo que buscamos es la verdad y castigar a quienes los cometieron debemos encontrar otra forma”, indicó.

Por su parte, Sam Ferguson, ex miembro del Centro Schell para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Yale, Estados Unidos, expresó que “la lógica de justicia transicional no captura a los juicios en la actualidad. No creo –comentó- que el principal interés sea defender la democracia sino que el énfasis está puesto en la memoria. Durante el Juicio a las Juntas se intentó sacar a la luz lo que había ocurrido. Ahora se quiere quebrar lo ocurrido por medio de los juicios”, dijo.

Para Marcelo Alegre, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “no está todavía lo suficientemente claro la importancia del Juicio a las Juntas, que puso fin a la impunidad en Argentina”.

“Fue en sí una reforma institucional y una política pública. Es incomparable con lo que vino después. El Juicio a las Juntas fue el cruce de los Andes de la democracia”, consideró.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, de Chile, afirmó que “no tiene sentido político hacer justicia al precio”, como sostiene el dicho, “de que se hunda el cielo”. Al respecto, mencionó que resulta “imprescindible que América Latina sea capaz de reelaborar el pasado y reconocer los hechos desproveyéndolos de una práctica destructiva”.

En tanto, Emilio Cárdenas, ex embajador argentino ante Naciones Unidas, pidió que un nuevo gobierno en Argentina encare un “proceso de reconciliación” tras doce años “de siembra constante de resentimiento, de división, de separar, de golpear insistentemente en el plexo social”.

La charla estuvo coordinada por Lucas Grosman y Sebastián Elías, director y profesor, respectivamente, del Departamento de Derecho.

Los organizadores también convocaron al encuentro a representantes de organizaciones civiles como el CELS, que desistió de tomar parte.