En contexto

Enfoques sobre la actualidad del país y del mundo

Comunicación Institucional

San Andrés en imágenes

Galería multimedia

+San Andrés

Actualidad

“En el contexto actual, es problemático hablar del Estado como amigo de la libertad de expresión”

Los juristas Lucas Grosman, Julio César Rivera y Roberto Gargarella abordaron en una charla realizada en San Andrés los alcances de la Ley de Medios Audiovisuales, cuya constitucionalidad se encuentra en análisis de la Corte Suprema de Justicia.
“El gran riesgo es que a través de una ley regulatoria de los medios de comunicación se quiera silenciar a los medios hostiles y no lograr más diversidad en el debate. Tenemos que analizarlo en un contexto en el que son muchos los medios sensibles a los incentivos económicos que ofrece el Estado a través de publicidad oficial o subsidios, más allá de los medios públicos”, consideró Grosman, director del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Amicus Curiae del grupo Clarín en la audiencia pública realizada el 28 de agosto ante la Corte.

Al respecto, Rivera, docente de Derechos Fundamentales de San Andrés, señaló que el Estado “puede y debe promover la diversidad y pluralidad de contenidos en los medios. Esto –agregó- debería estar casi fuera del debate. El tema es qué tipo de control constitucional deberíamos hacer de esa medida y si consideramos al Estado como amigo o enemigo de la libertad de expresión”. Rivera expresó que “para hablar de libertad de expresión hay que tener en cuenta el contexto del país y la región”, y en tal sentido aseguró que no hay motivos para referir “un Estado amigo de la libertad de expresión”.

“Tenemos como ejemplo el uso partidista de los medios públicos; la practicas abusivas en materia de publicidad oficial, que es utilizada para premiar a quienes piensan como el gobierno de turno y castigar a los que piensan distinto; las restricciones graves en materia de acceso a la información, el uso de símbolos partidistas en los bienes públicos. Y son prácticas que también se repiten a nivel de la ciudad de Buenos Aires, la confusión grave que hay entre lo público y el gobierno”, sostuvo.

Por su parte, Roberto Gargarella, profesor de Derecho Constitucional de las universidades de Buenos Aires (UBA) y Torcuato Di Tella (UTDT), calificó de “preocupante” el modo en el que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el organismo estatal que controla el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “aceptó la desinversión” de algunos propietarios de medios que traspasaron sus acciones a manos de familiares.

“La Ley de Medios es un mecanismo sub óptimo, deficiente para evitar que una persona se valga de su tamaño para eliminar la competencia y disminuir el grado de diversidad existente. El mecanismo habitual es la Ley de Defensa de la Competencia. Es una ley que en la Argentina está vigente desde hace mucho tiempo”, señaló Grosman. Rivera, en cambio, expresó sus “dudas” acerca de cómo funcionó Defensa de la Competencia en materia de comunicación, y citó como “caso más paradigmático el uso del fútbol por parte de grupo Clarín. Hay precedentes de la Comisión Europea de Defensa de la Competencia que muestra que la práctica ejercida desde 1990 hasta que el grupo Clarín perdió los derechos era incompatible con la ley” de Defensa de la Competencia y “no hubo consecuencias” para el sector empresario, mencionó.

“Años atrás se asumió que el Estado, con la propiedad a su cargo de los canales de televisión, por ejemplo, podía garantizar la diversidad. Y lo mismo se instaló durante el menemismo acerca de que la diversidad de propietarios garantizaba la diversidad de voces, algo que era mentira. Hoy tendemos a ir hacia un Estado haciendo negocios con los privados. Son tres escenarios distintos y todos horribles”, aseveró Gargarella.