El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de lanzar el trabajo hecho por Mariano Tommasi (CEDH) y Nora Lustig (CeQ) sobre los efectos del COVID-19 en la poblaciones vulnerables de América Latina.


Este trabajo forma parte de un conjunto de documentos escritos por los más destacados economistas latinoamericanos, que buscan develar distintas dimensiones de la actual pandemia.

Antes de la llegada del COVID-19, América Latina ya se encontraba en una situación de gran desigualdad, con más de un quinto de su población en condiciones de vulnerabilidad. Las consecuencias del paso de esta pandemia implicarán grandes desafíos para todos los países, teniendo un mayor impacto en países cuyas sociedades se encontraban en una marcada fragilidad económica y social. 

Medidas como la higiene preventiva, el aislamiento social, el trabajo y el estudio desde el hogar, no resultan una opción viable para personas que no cuentan con medios para trabajar o estudiar desde sus casas, que viven en situación de hacinamiento, que no tienen acceso a elementos de higiene básicos y, en algunos casos ni siquiera a agua potable. Tampoco es un tema menor el hecho de que el confinamiento puede provocar el aumento de casos de violencia doméstica y abuso infantil.

Los problemas que enfrentan las personas que viven en situación de pobreza no solo se relacionan con sus ingresos, sino también con hacinamiento, mayor prevalencia de condiciones preexistentes de salud, menor educación, menor acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, de conectividad y altas tasas de embarazo adolescente, desnutrición y malnutrición.

Estas personas viven en su mayoría en barrios emergentes donde la alta densidad poblacional, dificulta la contención del contagio y sus rebrotes. Por otra parte, el caso extremo de quienes se encuentran en situación de calle tampoco debe ser dejado de lado ya que no solo tienen gran posibilidad de contraer el virus sino también de convertirse en potenciales transmisores.

En este contexto, el COVID-19 exacerba las desigualdades y vulnerabilidades de un grupo que se encontraba desfavorecido, y al que le será más difícil recuperarse de las consecuencias que esta pandemia deje a su paso. Particularmente, puede tener efectos crónicos e irreversibles para los niños y adolescentes de estos sectores, así como para los adultos mayores, las mujeres, los discapacitados, los migrantes y las comunidades históricamente discriminadas (como los indígenas o pertenecientes al colectivo LGBTI), que ya enfrentan carencias y agravios en mayor escala e intensidad.

Trabajar por el bienestar de este sector de la población ya no es solo un imperativo ético y humanitario sino una necesidad epidemiológica primordial: este sector debe ser priorizado en el contexto de la pandemia. Operar sobre sus necesidades exige decisión, recursos, creatividad y la capacidad de articular y potenciar los recursos existentes en las propias comunidades y sus redes de cercanía, ya  que son éstos actores sociales quienes mejor conocen sus problemáticas y cuentan con la habitualidad necesaria para abordarlos.

Con el mismo fin, el gobierno debería asignar recursos a las unidades gubernamentales que se enfocan en los más vulnerables, y hacer parte de la entrega de los apoyos y servicios a través de las ONG y organizaciones sociales de base, asignándoles el presupuesto necesario.

Las medidas que se implementen deberán contemplar el corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo deberán apuntar a satisfacer las necesidades que resultan más fundamentales en este contexto: acceso a ingresos mínimos, alimentos, agua potable, servicios básicos y conectividad; habilitación de espacios externos para aislar a personas infectadas o con sospecha de infección. Apuntando al mediano y largo plazo se deberá buscar la forma en que se puedan generar y aumentar la resiliencia de estos grupos ante futuras crisis.

Reconociendo que el COVID-19 exacerba las profundas inequidades, asimetrías y vulnerabilidades que ya azotaban la región, debemos unir nuestros esfuerzos de cara a tres objetivos: preservar vidas y mitigar el contagio; preservar sustento; y preservar capital humano.

27 de Mayo de 2020
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