Impacto ambiental del desarrollo: esconder la cabeza debajo de la arena será costoso


Roberto Bouzas
Profesor emérito de la Universidad de San Andrés

Hace pocas semanas la Comisión Europea publicó su propuesta integral para combatir el cambio climático. La implementación del ambicioso paquete de medidas deberá aprobarse por el Parlamento y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, algo que demorará algún tiempo. Pero en medio de la incertidumbre dos cosas parecen seguras. La primera es que los efectos del cambio climático producido por la actividad humana han llegado para quedarse y, si continúa la trayectoria actual, incluso empeorarán con resultados imprevisibles. La segunda es que más temprano que tarde el comercio internacional resentirá las consecuencias de las medidas que para combatirlo eventualmente adopten los gobiernos más activos en el tema.

Con la Organización Mundial del Comercio en estado catatónico y la eficacia del Acuerdo de París bajo un gran signo de interrogación, el escenario más probable es un avance asimétrico y heterogéneo hacia un control más efectivo de la emisión de gases de efecto invernadero. Si este pronóstico es correcto, el comercio internacional va a sufrir inevitablemente las consecuencias de la ausencia de un enfoque integrado y coordinado por parte de la comunidad internacional.

El dilema es claro: si un grupo de países (como, por ejemplo, los miembros la Unión Europea) decide avanzar hacia la implementación de mecanismos más rigurosos y efectivos de reducción de las emisiones, deberá simultáneamente evitar que las actividades intensivas en emisiones se deslocalicen hacia países con regulaciones más laxas. Si bien no hay evidencia de que en el pasado haya habido “fuga de carbono”, es razonable suponer que a medida que aumente el costo económico de las iniciativas también aumentarán los incentivos para reasignar producción hacia jurisdicciones con regulaciones más permisivas. Por consiguiente, el cumplimiento del objetivo ambiental que dio origen a la medida requerirá inevitablemente la implementación de acciones para desalentar la “fuga de carbono”. Por otro lado, y en paralelo al objetivo ambiental, es previsible que el costo económico de implementar medidas más efectivas y rigurosas creará en las jurisdicciones con políticas más restrictivas presiones políticas insoportables para “nivelar el campo de juego”.

Este dilema está claramente reflejado en la propuesta de la Comisión, que incluye la adopción de un mecanismo de ajuste en frontera que sirva para gravar las importaciones de ciertos productos intensivos en emisiones provenientes de países que no adopten medidas equivalentes a las de la UE. El diseño y la implementación de ese mecanismo serán claves a la hora de determinar su consistencia o inconsistencia con los compromisos multilaterales asumidos en la OMC. Pero es bien sabido que una medida que algún Estado interprete como una violación o un menoscabo de derechos adquiridos solo podrá convertirse legalmente en tal como resultado de un dictamen del mecanismo de solución de controversias, cuyo Órgano de Apelación se encuentra paralizado por la negativa del gobierno norteamericano de apoyar el nombramiento de nuevos jueces. Esta impasse que no tiene visos de resolverse en un plazo razonable.

Por estas razones para la Argentina, como para muchos otros países en desarrollo, la evaluación del impacto ambiental (en particular sobre las emisiones) de la trayectoria deseada de desarrollo económico adquirirá una importancia cada vez mayor. Si bien es cierto que tenemos muchos otros problemas urgentes para atender, no parece una buena idea dejar de lado estas consideraciones cuando se piensa y planifica el largo plazo, un deporte al que en cualquier caso no estamos muy acostumbrados. La explotación más intensiva de la formación de Vaca Muerta, que hasta hace poco lucía como una estrella naciente del desarrollo económico de la Argentina, hoy debería ser evaluada con más prudencia y más reservas. Más allá del desestímulo general a la explotación y utilización de hidrocarburos que será la tónica dominante en las próximas décadas en los países industrializados, la extracción de gas natural tiene problemas propios (filtraciones y escapes) que la hacen una actividad particularmente sensible. También es muy probable que en el futuro próximo los organismos multilaterales de crédito vean con mucha menos simpatía el financiamiento de proyectos de infraestructura vinculados a la explotación de hidrocarburos. Otras actividades claves para el desarrollo económico de la Argentina, como la agricultura y la ganadería, también están en la mira de quienes se ocupan de estos temas.

En síntesis, la inclusión de consideraciones ambientales en el debate sobre el futuro de la economía argentina no debe verse apenas como el resultado de una preferencia ideológica o de una postura de “corrección política”. Parece más bien  una necesidad imperiosa dictada por el curso que están tomando los acontecimientos en el plano global. Nos guste o no, esconder la cabeza debajo de la arena va a tener un alto costo. Y la sarasa también.

*Roberto Bouzas: Profesor emérito de la Universidad de San Andrés.

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Roberto Bouzas
13 de Septiembre de 2021