Patricio Nazareno: Jaque a la Corte Suprema

"Que la política tiene vocación expansiva no es novedad: la mueve una pulsión por controlarlo todo, por influir en cada estructura decisional. Cuando se trata del Poder Judicial, sin embargo, tal voracidad es preocupante, ya que nuestro sistema constitucional depende casi por completo de que la Corte sea independiente de nuestros líderes políticos", expresó el profesor del Departamento de Derecho.


El Gobierno nacional se encuentra ideando una estrategia de final de gestión en lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia. El retiro de Eugenio Zaffaroni le ha dejado una vacante que cubrir, lo cual no es poca cosa.

Que la política tiene vocación expansiva no es novedad: la mueve una pulsión por controlarlo todo, por influir en cada estructura decisional. Cuando se trata del Poder Judicial, sin embargo, tal voracidad es preocupante, ya que nuestro sistema constitucional depende casi por completo de que la Corte sea independiente de nuestros líderes políticos.

Pero aquí va la paradoja fundamental. Nada es potencialmente más riesgoso para la independencia de la Corte que determinar quiénes serán sus jueces. No obstante ello, estas decisiones son resorte del gobierno y la oposición. Es decir: de quienes interesa mantener al juez independiente. El lobo a cargo de los corderos.

¿Qué impide entonces que puestos tan trascendentes para un país sean cubiertos por cuadros políticos del oficialismo de turno camuflados con toga?

Primero, los jueces permanecen en sus cargos muchos años o hasta de por vida, con lo que es esperable que cada presidente vaya encontrándose con vacantes de forma esporádica (o quizás nunca) y este hecho limite su capacidad de influir en la composición de un tribunal numeroso.

Segundo, lo que está en juego en cada nombramiento de juez para la Corte es tan importante que se vuelve una instancia de alta visibilidad política, y convoca un escrutinio riguroso de parte de la oposición, organizaciones interesadas y la ciudadanía en general, quienes podrían obstruir la confirmación de algún candidato inadecuado.

Este es nuestro sistema en los libros. Si usted es sensible a los desencantos sería conveniente que dejase de leer aquí. Porque a poco que uno repasa la experiencia argentina desde los inicios de su modernidad política (digamos, circa 1945) se encuentra con que ninguno de estos dos frenos ha funcionado para limitar los apetitos por subordinar a la Corte.

Cuántos

Por empezar, lejos de contentarse con algún nombramiento esporádico, casi todos nuestros presidentes decidieron copar la Corte Suprema con nombramientos en bloque. Una práctica que no cesó con la restauración democrática.

Desde Juan Domingo Perón hasta el kirchnerismo, cada partido político o golpe militar que llegó al poder decidió entre sus primerísimas medidas disponer de todas (o al menos el grueso de) las vocalías del tribunal para nombrar una nueva mayoría que lo pusiese “en sintonía con la nueva época”.

Esto ocurrió una cantidad récord de nueve veces en 60 años, por obra de casi todos los movimientos políticos que controlaron los destinos del país. Apenas si hay un puñado de excepciones, más por debilidad política que por no haberlo intentado: José María Guido y Arturo Illia, en la década de 1960; y Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, a principios del siglo 21.

Pero para poder nombrar una cantidad de jueces que alterara la mayoría, cada gobierno debió resolver un escollo previo: cómo purgar la Corte de los jueces en funciones.

Esto nunca representó un gran problema para los dictadores emergentes de golpes de Estado, que deponían a los jueces junto con el resto de las autoridades constitucionales. Algo similar ocurrió cuando los gobiernos democráticos de Arturo Frondizi, Héctor Cámpora y Raúl Alfonsín se encontraron con cortes designadas por gobiernos de facto: como sus jueces habían sido nombrados inconstitucionalmente, pudieron reemplazarlos a piacere.

Fuera de estos anacronismos, sin embargo, los gobiernos constitucionales ávidos por copar la Corte siempre tuvieron que enfrentar una dificultad mayor: la propia Constitución estipula que los jueces (designados en forma) son inamovibles de sus cargos mientras dure su buena conducta. Esto reduce las opciones tácticas a tres.

La menos costosa es presionar a ciertos jueces para que renuncien: hoy Carlos Fayt está sintiéndolo en carne propia. Pero esto sólo puede dirigirse en contra de alguno que otro juez aislado, y el éxito ha sido bajo.

Queda todavía un único mecanismo de purga avalado por la Constitución: gatillar juicios políticos en masa para destituir a una mayoría de los jueces, si se demuestra que incurrieron en mal desempeño.

Fue la estrategia empleada por Perón en 1946 y por Kirchner en 2003 (y por Duhalde, sin éxito). Pero claro, tremendo despliegue tiene costos políticos altos, requiere sus tiempos, y sólo funciona contra jueces con legajo manchado.

Las limitaciones de estas opciones de purga llevaron a los ajedrecistas gubernamentales a buscar las anheladas vacantes por otro flanco. Y la encontraron, con cierto ingenio, mediante un aumento del número de jueces del tribunal.

Esta jugada fue urdida por dos presidentes: Frondizi en 1960 y Carlos Menem 30 años después (Illia también lo intentó sin éxito). Ambos episodios tuvieron sus esquirlas. La ampliación de 1960 fue la gota que rebalsó el vaso para el entonces presidente de la Corte, Alfredo Orgaz, que renunció inventando un motivo que se haría famoso: cansancio moral. Menem también tuvo que asordinar el portazo de un gran juez, Jorge Bacqué, quien protestó que se quería “reducir la autonomía” del tribunal respecto de los poderes políticos.

Quiénes

Ahora bien, ni siquiera un nombramiento en bloque garantiza una Corte adicta, salvo que además se la sature con jueces permeables por el poder. Por ejemplo, pese a tratarse de nombramientos en bloque, las renovaciones motorizadas por Alfonsín y Néstor Kirchner pusieron cuidado en construir independencia y calidad, y seleccionaron jueces acordes.

Pero los casos de buena voluntad presidencial no abundan. El sistema constitucional lo sabe, y por eso estimula que otros actores –la oposición y la sociedad toda– controlen que los candidatos a juez supremo sean idóneos e independientes. Pero no nos engañemos: esto es así desde hace apenas algunos años, gracias a la acción conjunta de la reforma constitucional de 1994 (que concedió verdadero peso a la minoría en el Senado) y a las reformas impulsadas por Kirchner en 2003 (que abrieron las puertas del proceso al ciudadano de a pie).

Antes, lo único que gravitó en casi todas las nominaciones de la historia fueron los designios del gobierno de turno: la prueba está en que jamás se rechazó a ningún candidato. Si el pliego de Carlés corriese esta suerte, como pareció amagarse, inauguraría una tendencia interesante.

La última vez

Ahora que usted conoce los pormenores del ajetreado pasado nacional, déjeme terminar contándole algo. A sólo 10 días de asumir la presidencia, todavía con la cicatriz de su espontáneo encuentro con la multitud en la frente, Kirchner se estrenó en cadena nacional para dar a conocer su plan para una nueva Corte proclamando: “Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo”.

Pero su cambio requería remover a los jueces de la “triste y célebre mayoría automática” y reemplazarlos, una movida que evocaba episodios poco felices (la propia creación de dicha mayoría, sin ir más lejos).

Atento a ello, Kirchner se apresuró a aclarar que no estaba buscando “contar con una Corte adicta”. Todo lo contrario, quería “poder concretar el sueño colectivo de cambio institucional profundo”. Su objetivo principal era lograr calidad institucional, lo que significaba “que contemos con una Justicia independiente y ?digna”.

Pese a la dosis de escepticismo con que la sociedad lo escuchó aquella noche, Kirchner cumplió en gran medida su promesa y ordenó las piezas para una Corte independiente. ¿Alterará su movimiento este legado?

La Voz del Interior
02 de Julio de 2015