Patricio Nazareno: Una Constitución para este tiempo


Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución Nacional (CN) de 1853, concibió el proyecto constitucional argentino desde dos ideas que hoy pueden parecernos extrañas. Primero, él pensaba que una constitución no debía limitarse apenas a organizar los poderes del Estado y las reglas de juego del sistema para que, a posteriori, fuese cada gobierno en particular el que decidiese qué políticas conviene implementar. En cambio, Alberdi entendía que una buena constitución es un plan de gobierno concreto que identifica ciertas políticas muy importantes que directamente manda a poner en marcha a los sucesivos gobiernos.

Segundo, el jurista tucumano creía que una constitución no debía tener pretensiones de perdurar inalterada por demasiado tiempo. Más bien lo contrario, la concebía como un instrumento de coyuntura que sirve para dar respuesta a los dramas de la época en que busca regir y que, por tanto, cuando el correr de los años trae nuevos desafíos, debe ser reformada para incorporar herramientas pensadas para la nueva era. (Un buen ejemplo de la constitucionalización de una política muy concreta y coyunturalmente central para la Argentina decimonónica puede verse en el artículo 25 de la CN).

Estas ideas son interesantes para pensar hoy en la Constitución de Catamarca, a casi treinta años desde su última enmienda (1988). Resulta claro que, como exponente de la oleada de reformas gestadas durante la restauración democrática, varios de los grandes temas con que fue concebida difieren en buena medida de nuestras preocupaciones más acuciantes de hoy en día. Si antes se pensaba en cuestiones como viabilidad institucional o alternancia en democracia, hoy hablamos de corrupción, transparencia y gobierno participativo, por mencionar algunas.

Asimismo, si bien tres decenios puede no parecer mucho en tiempos constitucionales, menos para una provincia casi bicentenaria, la velocidad con que cambió el mundo durante estos años es incomparable con todo tiempo pasado: pensemos que hace treinta años, como hace doscientos, usted solo podría estar leyendo esta nota en soporte papel, y que hoy es muy probable que -como otros lectores- lo esté haciendo a través de internet. Además, nuestras valoraciones colectivas también han experimentado cambios abruptos como nunca antes: por caso, si bien en los años ‘80 muchos podían creer razonable que para ser Gobernador se exigiese la profesión del culto católico (como lo piden los artículos 131 y 142), hoy nadie duda que ello es flagrantemente inconstitucional.

Catamarca tiene en la actualidad un nuevo episodio de reforma constitucional en puerta. Siguiendo el (segundo) punto alberdiano sobre la coyuntura, ésta es la oportunidad para preguntarnos qué le pediríamos hoy a una nueva constitución. ¿Cuáles son los grandes temas que nos preocupan como sociedad en esta época? Sugerir una respuesta completa excede mis posibilidades aquí, pero vale ilustrar ensayando alguna que otra idea.

Pensemos, por ejemplo, en el tópico que más abunda estos días en la prensa gráfica y los programas de noticias: la corrupción pública. Es un tema claro y bien identificable, aunque tal vez por su mundanidad un tanto difícil de imaginar como objetivo asociado a una constitución. Pero pensar así sería un error, especialmente cuando absorbemos el primer punto del viejo Alberdi: asuntos muy concretos y centrales como éste son precisamente aquellos que resultan más importantes recoger y consagrar a nivel de política constitucional.

Son muchas las formas en que la constitución -y solo ella- puede asistirnos en este cometido. Pensemos en los problemas relativos a la perpetuación en el poder de determinados liderazgos enquistados: la constitución bien podría limitar las reelecciones de intendentes municipales en toda la provincia, y hasta requerir renovaciones periódicas en asociaciones no estatales que ejerzan ciertos poderes públicos (como los colegios profesionales). Asimismo, podría dar un decidido impulso al involucramiento de los ciudadanos en la cosa pública, ya sea para promover transparencia en la gestión (facilitando el acceso ciudadano a la información), o directamente posibilitando ciertas herramientas modernas de participación (como el presupuesto participativo, hoy inexplicablemente proscripto por el artículo 129).

Igualmente, resulta crucial actualizar los mecanismos de selección y remoción de los jueces -hoy enteramente resortes del Gobernador y la Legislatura- como clave fundamental para incrementar la independencia de dichos poderes políticos, que son en la inmensa mayoría de los casos aquellos investigados en casos de corrupción. Solo ésta puede ser la puerta de entrada para una reforma judicial más abarcadora. Adicionalmente, potenciar ciertas facultades preventivas en cabeza de organismos de control también tendría efectos virtuosos en la fiscalización del uso de fondos públicos. Finalmente, buena parte de los problemas de corrupción pública suelen ser, en última instancia, el producto no deseado de sistemas de toma de decisión excesivamente centralizados: una articulación más fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo (con un calendario de sesiones acorde al siglo XXI, una fisonomía unicameral, etc.) resultaría en una coordinación más eficiente y con mayores controles cruzados.

Nada de esto implica desconocer que la corrupción pública, como cualquier otra cuestión de esta magnitud y trascendencia, sea un tema complejo. Ninguno de estos tiene soluciones mágicas, ni siquiera luego de alinear a la constitución fuertemente para encararlo: si bien una ley fundamental puede hacer mucho para ayudarnos a superar nuestras dificultades actuales, claramente no puede hacerlo todo. Sin embargo, deberíamos más bien partir desde el ángulo complementario, pensando en cuán difícil es llevar a cabo políticas de envergadura sin contar con la propia Constitución de nuestro lado. Alberdi lo sabía, y por eso abogaba por un constitucionalismo concreto, involucrado y coyuntural. Nuestras frustradas experiencias en temas como la lucha contra la corrupción deberían empujarnos a retornar a los sabios consejos de nuestro padre fundador.

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04 de Agosto de 2016
Corte Suprema de Justicia