Una herramienta contra la desigualdad estructural


María Gandía
Profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés

El 28 de septiembre de 2021, la Unesco ha celebrado por sexto año consecutivo el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, conocido como el “día del derecho a saber”. Esta fecha adquiere especial importancia a partir de los aprendizajes incorporados durante la pandemia por Covid-19.

El desarrollo normativo de este derecho tuvo un salto de calidad en 2016 con la sanción de la ley 25.275 de derecho de acceso a la información pública en el ámbito nacional, y con la modificación de la ley 104 de 1998 de la ciudad de Buenos Aires. Ambas normas pusieron en funcionamiento un andamiaje institucional garante del acceso a la información y la transparencia activa siguiendo los estándares previstos por la ley modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 1.0.

En octubre de 2020, la Asamblea General de la OEA aprobó la ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública. Fue elaborada en consulta con los Estados miembros, instituciones nacionales y regionales, expertos y organizaciones de la sociedad civil. Uno de los aspectos más significativos es la incorporación en su diseño del enfoque de grupos en situación de vulnerabilidad y, en particular, de la perspectiva de género. Estos sectores enfrentan barreras que les impiden o dificultan el ejercicio de sus derechos, y los Estados tienen la responsabilidad de removerlas.

La ley modelo 2.0 pone el foco en el carácter instrumental del derecho de acceso a la información pública, resaltando su implicancia como herramienta de combate contra la exclusión. Facilita que quienes sufren desigualdades estructurales puedan conocer su situación y accionar para transformar sus realidades cotidianas. El acceso a información pública propicia la generación de conocimiento y contribuye a mejorar la toma de decisiones por parte de los sectores más desaventajados de la sociedad.

Actualmente, adquiere aún mayor relevancia este enfoque respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad, dado que la pandemia Covid-19 ha impactado negativamente de forma profunda e interseccional a estos colectivos más que a otros de la sociedad. Las personas en situación de pobreza, mujeres, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas, personas migrantes o que estén en situación de vulnerabilidad por razones relacionadas con su identidad de género u orientación sexual necesitan poder ejercer este derecho sin barreras, ya que permite ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación, etc. La ley modelo 2.0 propone deberes de transparencia activa focalizada. Esto significa la posibilidad de que los sujetos obligados divulguen, por iniciativa propia, información de especial interés para estos grupos. Así, el acceso a la información no es una cuestión abstracta e intangible, alejada de la vida cotidiana de las personas. Por el contrario, su incidencia se encuentra mucho más presente en la vida diaria de lo que puede suponer el imaginario colectivo.

El derecho a saber no solo ha incrementado la transparencia en la gestión pública, sino que también importa un paso adelante en la realización del compromiso de no dejar a nadie atrás asumido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, especialmente en este contexto de pandemia. Estoy convencida de que esta norma modelo inspirará a los ordenamientos jurídicos nacionales y locales y a sus organismos garantes para contribuir en la lucha contra las desigualdades estructurales. El derecho de acceso a la información pública empodera a las personas en situación de vulnerabilidad y promueve mayores niveles de participación que acercan las inquietudes y necesidades sociales a la agenda pública.

Profesora de Derecho de la Universidad de San Andrés

La Nación
María Gandía
29 de Septiembre de 2021