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Argentina en la era digital: Avances en la protección de datos personales

La protección de datos personales constituye un derecho fundamental. Sin embargo, el derecho a la autodeterminación informativa puede entrar en conflicto con las necesidades comerciales de las empresas que recopilan y analizan la información personal de sus clientes, proveedores y empleados con el fin de anticipar tendencias, personalizar experiencias de compra y optimizar la cadena de suministro. Esta situación se intensifica al considerar que la implementación de las nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas para incrementar la efectividad de las industrias, se enriquece con información personal. Por este motivo, el procesamiento de datos implica responsabilidades legales significativas, y el incumplimiento de las normativas puede derivar en sanciones financieras, acciones legales y deterioro de la reputación de las empresas. 

En este contexto, Argentina atraviesa un proceso de reforma de su régimen legal de protección de datos personales. En un nuevo artículo publicado en Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación, Mariano Peruzzotti, graduado de la Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de San Andrés y coordinador académico de la Diplomatura Internacional en Protección de Datos Personales del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS), examina el marco normativo vigente y el nuevo Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales presentado en el Congreso. Argentina fue pionera en Latinoamérica al promulgar la Ley de Protección de Datos Personales en el año 2000. “Se ha dicho que la incorporación del habeas data a nuestro plexo de normas rectoras responde a diversas motivaciones. Una de ellas se deriva de causas históricas vinculadas con la idea de reafirmar los buenos hábitos democráticos, como respuesta a las tristes experiencias históricas, en donde la recopilación de información de las personas relacionadas era utilizada para la persecución ideológica”, explica el investigador. A pesar de su objetivo de salvaguardar la autodeterminación informativa y los derechos de privacidad de los ciudadanos, la ley ha sido criticada por su bajo grado de cumplimiento efectivo, evidenciado por la escasez de resoluciones sancionatorias dictadas hasta la fecha.

Peruzzotti subraya la necesidad de promulgar una nueva regulación capaz de abordar los desafíos del siglo XXI. Al tratarse de una ley íntimamente relacionada con la tecnología, el transcurso del tiempo atenta contra la vigencia de la normativa actual. En 2023, se presentó un nuevo proyecto de ley con el propósito de actualizar y fortalecer el marco legal existente, considerando los recientes avances tecnológicos y los estándares internacionales. Entre las modificaciones principales se destacan la incorporación de nuevos términos como la minimización de datos y la neutralidad tecnológica, la inclusión de bases legales adicionales para el procesamiento de datos personales sensibles y una protección especial para los menores, la obligación de informar incidentes de seguridad en un plazo de 72 horas, y la modificación del cálculo de las multas por infracciones al régimen de protección de datos. 

Desde su presentación en el Congreso, el proyecto en cuestión no ha tenido avances significativos. “Más allá de la suerte que pueda correr esta iniciativa legislativa, la realidad coyuntural actual dista mucho de aquella que el legislador argentino tuvo en consideración al momento de redactar el texto de la ley que nos rige hace más de 20 años; de ahí la importancia de que se debata un nuevo marco normativo que dé respuesta a los desafíos actuales”, reflexiona Peruzzotti. 

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