¿Cómo aumentar la participación electoral? Un nuevo estudio muestra que disminuir las multas electorales podría perjudicar a los más pobres

Si bien bajar el monto de las multas reduce el costo monetario de no votar, paradójicamente puede aumentar la brecha de clase que existe en la participación electoral.

Las elecciones primarias que se celebraron en Argentina en septiembre de 2021, en medio de la pandemia, tuvieron la menor participación electoral desde el 2011, año en que se inauguraron las elecciones primarias obligatorias. En septiembre de 2021, sólo el 66% del padrón se presentó a votar. Los niveles bajos de participación electoral preocupan ya que pueden indicar la exclusión de los más desfavorecidos económicamente. Argentina de hecho se encuentra dentro del grupo de 24 países de todo el mundo donde se implementa el sufragio obligatorio. Según un nuevo trabajo del Departamento de Ciencias Sociales de San Andrés, el voto obligatorio aumenta la participación y ayuda a cerrar la desigualdad electoral entre ricos y pobres. Pero no en todos los casos.

Una de las estrategias diseñadas institucionalmente para penalizar la falta del voto es la multa monetaria, que va muchas veces de la mano con la restricción a ciertos servicios o trámites administrativos (como, por ejemplo, los vinculados con la renovación del pasaporte). Sin embargo, imponer multas implica un dilema: si el objetivo del voto obligatorio es, al menos en parte, el de reducir las brechas en la participación, entonces cobrar una multa (incluso a quienes menos tienen), puede resultar dañino para quienes se está tratando de proteger. Este es el tema que analizaron Germán Feierherd, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, en conjunto con Guadalupe Tuñón, profesora en la Universidad de Princeton y graduada en ciencia política de San Andrés, y Gerson Julcarima Álvarez, estudiante de la Universidad de Lethbridge, en un trabajo recientemente publicado en la revista académica Electoral Studies.

A través de un diseño de regresión discontinua, Feierherd y sus colegas investigaron el caso de la reforma institucional que tuvo lugar en Perú en el año 2006 y por la cual el gobierno comenzó a cobrar multas por no votar acordes al nivel de pobreza de los distritos en donde residían los votantes. La idea detrás de dicha reforma era la de aliviar la carga monetaria y administrativa colocada sobre los ciudadanos de menores recursos económicos y sostener así un sistema de incentivos más justo. Con datos del padrón electoral para más de 20 millones de votantes durante las elecciones peruanas regionales de 2010 y 2014, y las presidenciales de 2011 y 2016, los autores encontraron que el impacto del diseño de las sanciones electorales fue paradójico. La multa más elevada en distritos calificados como “no pobres” aumentó la participación electoral levemente respecto a distritos similares pero clasificados como “extremadamente pobres” y “pobres”. Esto indicaría que, potencialmente, la proporcionalidad de las multas terminó aumentando la brecha electoral entre ricos y pobres para el caso de Perú.

El estudio ilumina así las complejidades de los diseños institucionales y las múltiples variables que deben tenerse en cuenta a la hora de buscar estrategias para incrementar el voto y, sobre todo, hacerlo de una forma que promueva la participación de todos los sectores de la sociedad.

Martes, Febrero 22, 2022