Si el próximo presidente quiere ganar las elecciones de medio término de 2025 y no perder político, tiene solo dos años para bajar la inflación rápidamente. Para ello tendrá que implementar una reforma monetaria, dado que solucionar su causa estructural, el caos de las finanzas públicas lleva tiempo.
Las alternativas con costos políticos de reversión de menor a mayor son tipo de cambio fijo, libre circulación de monedas con poder de cancelación legal de contratos, bimonetarismo, convertibilidad o dolarización.
Pero el éxito de la reforma monetaria puede generar complacencia. Argentina está sujeta al bloqueo de la corporación política militante, sindicalistas empresarios y empresarios prebendarios cuya presión puede anular los cambios en cuanto pierda poder el Ejecutivo.
Ahora bien, si se quiere ganar elecciones y que Argentina se desarrolle económica y socialmente, tendrá que eliminar para siempre la fuente de la inflación y la deuda insostenible: el déficit fiscal, el despilfarro y la corrupción presente en parte del gasto público.
Parafraseando a Thomas Sargent, Premio Nobel de Economía de 2011, “la inflación persistentemente elevada es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal, dónde el Banco Central es su cómplice monetario”.
Pero en Argentina, los bancos, el sistema previsional, seguros, fondos locales de inversión también son cómplices no voluntarios ya que compran bonos basura a tiro de default para financiar un Estado inviable.
A continuación, planteo en forma no exhaustiva y sintética algunos de los problemas centrales que origina la inflación persistente y una propuesta que creo factible de solución.
Déficit de empresas públicas
La asistencia del Tesoro para paliar el déficit de empresas públicas suma aproximadamente 1,5% del PBI, casi igual que el déficit fiscal primario comprometido con el FMI, equivalente al presupuesto para Educación y superando el destinado a Salud y también al de Asistencia Social. En el primer semestre 2023 las transferencias han aumentado 147% respecto de 2022, triplicando la inflación (507 por ciento).
En la órbita del Sector Público Nacional no Financiero existen 34 empresas públicas con 111.000 empleados, equivalentes al 39% de las plantas permanentes y transitorias de la Administración Nacional, con remuneraciones semejantes a las firmas privadas del rubro. Según la OPC (Oficina del Presupuesto del Congreso) no hay mecanismos para asegurar el cumplimiento de leyes que ordenan al Tesoro no transferir fondos a empresas cuyos presupuestos no estén aprobados por el Ejecutivo.
YPF es la única empresa superavitaria, pero con un enorme pasivo contingente que se explica por los dos juicios en EE.UU. contra YPF por su proceso de nacionalización y por daños ambientales. La deuda que acaba de regularse por la jueza Loreta Prieska es por hasta USD 16.000 millones, equivalente a 3 años de déficit del total de empresas públicas.
Todo esto sin ninguna auditoría y control ya que el mismo Congreso que aprobó la ley para convertir a la YPF privada en una empresa pública decidió evitar que se le apliquen las normas generales que rigen para esas entidades.
Enarsa (ex Ieasa) fue la receptora principal de las transferencias del Tesoro Nacional (explicó el 40%), seguida por AySA, Sofse (ferrocarriles) y Aerolíneas Argentinas. AySA recibió una transferencia del Tesoro por USD 1.000 millones en 2022, casi el doble que el déficit de Aerolíneas Argentinas sin ningún tipo de auditoría y control.
Además, existen casos donde prácticamente no hay producción o no tiene mercado como Yacimiento Carboníferos Fiscales o la baja productividad de Astilleros Río Santiago que insólitamente a cargo al presupuesto de la Provincia de Buenos Aires.
Diversas soluciones han sido adoptadas en el pasado desde su administración profesional y técnica, concesionar y hasta privatizar. Hoy la mayoría de los servicios públicos e incluso las áreas petroleras son concesiones y no privatizaciones. Pero nadie va a tomar una concesión o comprar empresas públicas tales como Aerolíneas o AySA sujetas al bloqueo múltiple sindical y de sus proveedores corporativos monopólicos.
Prácticamente hoy el valor de mercado de las empresas públicas es cero pesos. Antes de decidir qué hacer, hay que sanearlas para que se vuelvan autosuficientes, para que luego tengan valor. Asimismo, no se debe utilizar los recursos de las posibles concesiones, regalías y privatizaciones para financiar gasto corriente o se tendrá otra vez efecto “joya de la abuela”, como en los “noventa”.
Pero la estructura regulatoria de las empresas de servicios públicos esta dinamitada y sujeta a la cooptación por el capitalista amigo del presidente de turno desde 2001 hasta el presente, paradójicamente por los gobiernos kirchneristas tan a favor de la regulación.
Hay que reconstruir e independizar los Entes Reguladores de Servicios Públicos de la política para evitar el capitalismo de amigos y la corrupción, eliminando la incertidumbre y anarquía regulatoria que deja como herencia el kirchnerismo.
Déficit cuasifiscal
El denominado déficit cuasi fiscal que genera el Banco Central de la República Argentina representaría hoy más del 10% del PBI, duplicando la base monetaria y el doble que fines de 1989, justo antes del Plan Bonex, que convirtió depósitos de corto plazo en títulos de la deuda en dólares a 10 años de vencimiento. En los activos de los bancos, hay contenida una potencial hiperinflación futura, además de la presente, ya que las Leliq del BCRA representan emisión monetaria futura.
Si el plan de estabilización es exitoso a corto plazo, es probable que la tasa real de interés sea alta. Si no se recuperó rápidamente la monetización, es decir la confianza en el peso, el cuasifiscal volverá a reaparecer, desencadenando el riesgo de una segunda hiper como sucedió con el plan Bunge y Born durante la gestión del presidente Carlos Menem.
Hay que sanear el sistema bancario que hoy es meramente transaccional: 80% de la liquidez está colocada en deuda pública sujeta con riesgo de default, poniendo en peligro el ahorro nacional, fuente de la inversión y el crecimiento.
Parafraseando a Gerry de la Paolera, estamos en un verdadero “gaucho banking” pero bajo un impresionante Esquema Ponzi macroeconómico inducido por el Estado. La banca realiza la gauchada de prestar y renovar deuda pública insostenible, ya que no es negocio el crédito al sector productivo, especialmente a pyme.
Las soluciones propuestas para las Leliq no son completamente incruentas. Se ha propuesto su “paulatina” licuación con inflación, mediante tasas reales de interés negativas en conjunto con la expectativa que se recupere la demanda de dinero. Así como también, se ha propuesto su conversión a deuda externa en dólares y su localización en jurisdicciones seguras. También se ha propuesto un swap maturity cuyo anuncio generaría riesgo de corrida bancaria, en el extremo es un revival de un Plan Bonex.
Hay que preservar en todo momento el ahorro de los argentinos, fuente de la inversión y el crecimiento. Por supuesto cuanto más creíble sea el futuro plan de estabilización, menores costos y menos incruenta será una solución de las Leliqs para generar espacio al crédito productivo.
Tamaño del Estado
El gasto público consolidado supera 40% del PBI, pero sin embargo la provisión y calidad de bienes y servicios públicos es penosamente de baja calidad. La clase media debe duplicar los gastos en educación y salud ya que recurre al sector privado mientas paga con sus impuestos la salud y educación pública que no utiliza.
Las propuestas habituales incluyen reducir el empleo público y bajar salarios horizontalmente. Pero reducir salarios y empleo público horizontalmente como en general se realiza en la urgencia política es ganar enemigos en toda la administración, además de reducir la capacidad estatal.
Creo que la reducción del gasto debe ser por programas. Hay subsidios y exenciones impositivas de magnitud equivalentes no solo al del Ministerio de la Mujer sino al de todos los ministerios.
Por supuesto su reducción está bloqueada por una pared granítica erigida por proveedores amigos del poder, sindicalistas empresarios y empresas prebendarias. Por ejemplo, es conocido el caso en que el Estado contrata proveedores corruptos amigos del militante burocrático de turno para proveer fideos a las familias vulnerables a precios que triplican los precios de mercado.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego es sostenido por razones de soberanía al mismo tiempo que se instalan bases chinas y se incentiva una industria que solo empaqueta bienes durables. La pérdida de recursos para el Estado es de aproximadamente USD 1.000 millones, así como es inconmensurable la pérdida de los consumidores argentinos de todo el país por precios por encima de sus sustitutos importados, según la estimación del economista Juan Carlos Hallak.
Sin embargo, no se incentiva del mismo modo el turismo, fuente importante de divisas; la cría de salmón está prohibida mientras se lo importa de Chile; todo lo cual implicaría recursos y empleo para la provincia muy superiores a los actuales.
La reducción de estas prebendas permitiría un ahorro sustancial que implicaría invertir en la mejora de los salarios del personal publico calificado, tales como bomberos, salud, policía y otros que hoy hacen trabajos en el sector privado para llegar a fin de mes.
El problema central
Todas estas soluciones son sujetas a reversiones posibles si no vuelve el populismo. Pero no hay que ser ingenuo, lo que impide la solución es el bloqueo al cambio de la corporación política, sindical y empresaria con poder de lobby sobre el Congreso y el Poder Ejecutivo, verdadera fuente del déficit fiscal insostenible.
Un Congreso constituido por diputados electos por listas sábana no reconocidos por sus votantes es permeable. Ello provoca que se dicten leyes contra el sentido común que agravan el problema que tratan de solucionar como la Ley de Alquileres, sin ningún costo político para los legisladores desconocidos.
El bloqueo corporativo financia sus beneficios rentísticos con cargo al gasto público. La corrupción y el despilfarro se financia con presión impositiva máxima e impuesto inflacionario sobre la espalda de la mayoría de los argentinos: jubilados, autónomos, monotributistas, trabajadores no sindicalizados u obligados a ser afiliados contra su voluntad, clase media profesional y pyme no tienen llegada a la Casa Rosada.
Para eliminar la reversibilidad de las políticas públicas, especialmente la reforma laboral y la previsional, así como también reducir el bloqueo corporativo hay que establecer límites al poder.
Argentina paga muy caro las consecuencias de no tener República: despilfarro y corrupción incontrolable financiado con emisión monetaria, impuestos impagables y deuda pública insostenible. Los costos políticos de incumplir con la Constitución, dictar leyes en contra del sentido común, y corromper la administración pública hoy son nulos.
Para que aumente los costos políticos de revertir reformas, el poder político de turno tiene que ceder poder a organismos e instituciones independientes de la política.
Para que las leyes tengan sentido común, hay que eliminar las listas sábana.
Para eliminar el despilfarro y la corrupción en el gasto público, los organismos anticorrupción como la OA, la Sigen, la AGN y la UIF deben ser independientes y auditados.
ENRE, Enargas, Indec y BCRA deben ser autárquicos e independientes, con directores electos por concurso. Que el funcionario de carrera tenga más poder que el político de turno.
Es necesario una burocracia estatal meritocrática, que respete y haga respetar los procedimientos standard del manual violados continuamente por el Poder Ejecutivo y sus funcionarios militantes.
Tampoco hay que ser ingenuos, la corporación política, sindical y empresaria no cederá voluntariamente el poder a menos que haya una fuerte presión social para limitarlo.
Un ejemplo cercano es Brasil. La corrupción en la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol provoco una movilización masiva de la clase media de San Pablo y de las favelas de Río de Janeiro no solo de repudio sino también exigiendo ficha limpia y eliminación de listas sábana. El presidente Lula da Silva aprobó estos cambios y luego se le volvió en contra.
El presidente del Banco Central de Brasil Roberto Campos Neto nombrado por el presidente Jair Bolsonaro le dijo NO a su proyecto de moneda común Mercosur (peso-real). No solo Bolsonaro respetó la decisión, sino que Roberto Campos Neto continua a cargo del Banco Central a pedido del presidente Lula, su principal enemigo político.
La solución de la hiperinflación ahora y para siempre es no solo técnica sino también y sobre todo política.