El mapa de la pobreza y los planes sociales: ¿cómo pasar de la contención a la inserción?

La tasa de pobreza en Argentina alcanzó el 41,7% en el segundo semestre de 2023, lo que significa que más de 19 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Ante este flagelo, se impone la pregunta: ¿Qué está haciendo el Estado nacional para combatirlo?
Para responder esta pregunta, elaboramos el “Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina 2023” (CIAS/FUNDAR), en el cual analizamos la evolución de las políticas sociales durante los últimos 20 años. Constatamos que la inversión en ayuda social ha crecido de manera significativa: un 1018% entre 2002 y 2022. Sin embargo, la pobreza, lejos de disminuir, aumentó aceleradamente desde el 2018. Además, su impacto varía entre grupos etarios: el 17,6% de los adultos mayores vivían bajo la línea de pobreza, pero entre los niños esa cifra ascendía a 58,4% en el segundo semestre 2023.
Ante este panorama, nos preguntamos no sólo por la cantidad, sino sobre todo por la calidad del gasto: ¿cómo se compone la inversión social en políticas de combate contra la pobreza?
Argumentamos que el sistema de protección social es cada vez más amplio pero menos profundo. Mientras que la cantidad de beneficios de programas sociales se ha cuadriplicado desde 2002, sus prestaciones monetarias se han deteriorado significativamente en los últimos años.
Entre 2015 y 2022, las jubilaciones y pensiones no contributivas cayeron un 22,97%, los planes de cooperativa disminuyeron un 36% y los subsidios para promover el trabajo formal se redujeron en un 65,20%. También las prestaciones monetarias de la AUH y la Tarjeta Alimentar han perdido contra la inflación, aunque combinadas han aumentado el beneficio monetario total para las familias.
Esto nos lleva al segundo hallazgo: en los últimos años, la inversión social se ha equilibrado entre los diferentes grupos etarios. Históricamente, esta inversión favorecía a los adultos mayores, principalmente debido a la creación de las moratorias previsionales. Entre 2010 y 2019, se invertían en promedio 4,6 pesos en adultos mayores por cada peso destinado a niños.
Sin embargo, la combinación de la creación de la Tarjeta Alimentar y el ajuste previsional redujo el ratio de inversión entre adultos mayores y niños a 2,6 pesos en 2022. Aunque la Tarjeta Alimentar representa un avance importante, la alta incidencia de la pobreza entre los niños exige repensar y expandir aún más la inversión en este segmento.
Por último, constatamos que el Estado invierte cada vez más en la contención de los trabajadores informales a través de planes de cooperativas, pero cada vez menos en promover su inserción en la formalidad. La cantidad de personas cubiertas por planes de cooperativas se quintuplicó entre 2015 y 2022.
Al mismo tiempo, la inversión en programas destinados a integrar a las personas vulnerables en el mercado de trabajo formal se redujo drásticamente en un 63,42% entre 2011 y 2022, representando tan sólo el 0,03% del PBI en 2022.
En este contexto, resulta particularmente problemático que el segmento joven de la población no cuente con un conjunto de políticas públicas específicamente destinadas a fomentar su integración educativa y laboral. Aunque existen las becas educativas Progresar, su prestación monetaria es muy baja y la inversión en ellas representó apenas el 0,12% del PBI en 2022.
En resumen, el Estado de Bienestar argentino ha funcionado bien como una red de contención que ataja a los pobres para que no caigan por completo ante las recurrentes crisis y el estancamiento económico.
Sin embargo, no ha logrado servir como un trampolín que potencie la movilidad social ascendente de los pobres y su integración al mercado de trabajo formal. Por lo tanto, creemos necesaria una transición hacia una etapa de sintonía fina en la que las políticas sociales no solo complementen los ingresos de las personas más vulnerables, sino que también promuevan la movilidad social, su educación e inserción laboral, especialmente la de los jóvenes.
En este proceso, es crucial que el Estado cumpla un papel central en establecer reglas claras en la selección de los beneficiarios y afiance los mecanismos de control institucional. En otras palabras, en un país que ha logrado un nivel de cobertura del Estado de Bienestar muy amplio, es preciso avanzar hacia otra etapa en los programas sociales, a fin de mejorar las capacidades y recursos de los sectores populares y, así, lograr cambios significativos y duraderos en sus vidas.