En América Latina, los derechos de autor siguen sin adaptarse a Internet
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina paga por la reproducción de obras musicales entre siete y nueve veces más que el promedio de los países de Latinoamérica, confirmó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En 2019, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) fue sancionada por ese motivo, aunque la multa nunca se ejecutó. Sebastián M. Cabello, investigador del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés, enmarca dicho conflicto en el escenario contemporáneo definido por “actores que tienen poder de taxar la vida común, amparados en elementos legales antiguos, que privilegian a determinados sectores y tienen muy poca regulación”.
Junto a Silvana Rivero y Fernanda Viecens, Cabello publicó recientemente un artículo para repensar los derechos de autor en América Latina y determinar si son funcionales a la realidad actual. Los autores compararon la legislación en seis países de la región y los modos de imponer, recaudar y repartir tarifas de más de 50 Sociedades de Gestión Colectiva (SGC). La revisión de estas instituciones privadas que conceden y gestionan licencias de derechos de autor demuestra que existe escasa información de acceso público sobre las actividades que realizan y una limitada supervisión por parte del Estado. Como consecuencia, es difícil medir la eficacia de su funcionamiento e intervenir en la fijación de precios y distribución de lo que recaudan en caso de arbitrariedades. En Argentina, SADAIC funciona como un monopolio legal que gestiona de forma exclusiva los derechos de autor para todos los medios y modelos de negocio. La falta de datos de dicha SGC impide conocer hasta qué punto protege a los autores en un espacio digital que habilita la reproducción infinita de obras sin autorización o si actúa como una barrera anacrónica frente al desarrollo de nuevas producciones.
Los investigadores del CETyS observan que las SGC permanecen ajenas a los desarrollos del entorno digital, a los intereses de los nuevos actores que producen y consumen bienes y servicios, como también a los modelos de negocio que habilitan a profesionales y amateurs a gestionar sus derechos de manera autónoma e interactuar con sus audiencias sin intermediarios. “Se trata de un espacio no regulado, que en América Latina no está en la agenda política inmediata. Sin embargo, la vida del particular se ve afectada”, sostiene Cabello. La economía digital atraviesa cada vez más industrias y genera conflictos entre actores tradicionales y los emergentes apalancados en la descentralización que posibilita herramientas como el blockchain, los NFTs y contratos inteligentes. Frente a esto, se multiplican los debates sobre cómo abordar la regulación y aparece la necesidad de modernizar la normativa centrada exclusivamente en los derechos de cobro de privados, para que también integre los intereses de usuarios particulares. Este objetivo requiere fijar estándares de transparencia para las SGC, establecer controles por parte de una única autoridad gubernamental y extender la participación de los nuevos actores de la industria en el debate sobre la gestión de derechos de autor.