La foto es mediocre, pero la película de la Argentina es mala, muy mala. Y probablemente se ponga peor a medida que pasen los meses. El guión es predecible: se vendrán mayores trabas a las importaciones, más intentos por controlar los precios de los alimentos y en el segundo semestre se descuenta que la inflación, la escasez de combustibles y la falta de dólares empezarán a conspirar contra los “brotes verdes” que tanto se ha esforzado en visibilizar el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La inflación, con suerte, terminará el año en torno al 65%, mientras que el tipo de cambio intentará alcanzarla, posiblemente con algún empujón más fuerte cuando termine la temporada alta de liquidación de divisas.
En el Banco Central (BCRA) hacen los números finos a diario. Tan finos que hasta Miguel Ángel Pesce, el presidente del ente monetario, recibe cada semana un WhatsApp de las empresas cerealeras con la estimación de cuántos dólares piensan ingresar. Con un volumen de importaciones que en abril volverá a superar los US$7000 millones –un registro tan alto como el de marzo, que fue el más elevado en una década–, en el BCRA reconocen que no tienen demasiado margen para liberar más divisas a la industria.
En una charla coordinada por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el economista Carlos Melconian estimó que la disponibilidad de divisas para importaciones tendrá un techo de US$55.000 millones para todo 2022. Habrá algunas pocas excepciones, pero la realidad es que el torniquete a la importación llegó para quedarse. Más teniendo en cuenta que, en plena temporada alta de liquidación de divisas, este mes la entidad apenas está logrando acumular reservas en el mercado cambiario por US$155 millones. Economistas como Amilcar Collante ya advierten que el Central podría no terminar consiguiendo los US$2300 millones de reservas que le faltan para cumplir con la meta definida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el segundo semestre.
¿Y por qué la cosecha de dólares del Gobierno es tan baja? Basta con salir a recorrer la pampa húmeda para ver la invasión de silobolsas y entenderlo. Nadie tiene alicientes para vender con tasas de interés en pesos que siguen negativas en términos reales. Por el mismo motivo, las empresas de todos los rubros están demandándole al BCRA más dólares para importar: hoy acumular stocks tiene poco costo financiero y es garantía de seguridad.
El dato de inflación de abril será malo. Ya en el Gobierno lo admiten con resignación. El relevamiento que hacen en Comercio Interior a partir de los datos del Sistema Electrónico de Precios Argentinos (SEPA), donde a diario los supermercados vuelcan las listas que reciben de sus proveedores, estaba dando hasta el 27 de este mes una inflación en el mes de 4,2%. El número final, luego de que se consoliden los precios de los otros canales –autoservicios y almacenes–, suele ser mucho más alto. El secretario Roberto Feletti ya prepara una nueva embestida: citó a las grandes empresas de consumo masivo para conocer su cadena de costos. “Estoy harto de que me mientan con los precios y los aumentos”, dicen que les dijo a sus colaboradores.
El abastecimiento de las canastas de precios regulados bajó diez puntos el último mes, confían cerca de Feletti. No descartan que vuelva a amenazar con aplicar la Ley de Abastecimiento en algunos casos. En la mira vuelven a estar las empresas aceiteras.
El problema de la economía hoy no es el diagnóstico. Hay una certeza entre los actores económicos: no hay nada que pueda hacer el gobierno de Alberto Fernández –o su vapuleado ministro de Economía, Martín Guzmán– para modificar el rumbo. Pese a que faltan poco menos de 20 meses de mandato, entre empresarios y funcionarios actúan como si la gestión ya estuviera jugada.
Los ejecutivos, funcionarios y legisladores que pulularon por Washington en los últimos días –ahora hay una delegación de políticos en Estados Unidos de la mano de la cámara norteamericana, Amcham; otros viajaron como parte de la gira de Patricia Bullrich, y otros tantos participaron de la reunión de primavera del FMI– recogieron casi un mismo mensaje: el gobierno norteamericano no tiene previsto presionar demasiado a Fernández, la mirada –o la esperanza– está puesta en 2023.
“Con el acuerdo del FMI hicimos lo que pudimos”, le dijo un funcionario de la administración Biden a uno de sus visitantes, que terminó por admitir lo que ya es más que un secreto a voces, y es que, aun laxo, el programa se firmó para no ser cumplido. “Lo que hicimos es tratar de que el próximo gobierno no tenga una herencia peor. Pero no hay intenciones de producir una explosión en una interna política que se recalienta”, confesó. Estados Unidos, admiten, es uno de los socios del Fondo que tenía mayor vocación de que Guzmán recalibrara sus metas. Una discusión que quedará para la próxima revisión del programa.
En el FMI se contentan con que, acercándose mínimamente a las metas del acuerdo, al menos la herencia en algunos aspectos pueda ser menos pesada que la que recibió en su momento Mauricio Macri. Por lo pronto, el déficit fiscal estará más cerca de 1% del PBI que del 7% que heredó Cambiemos; y los vencimientos de deuda en moneda extranjera recién deberán atenderse en 2025, al año de asumir. Tal vez el mayor desafío pase por la bomba de bonos en pesos –sobre todo los indexados– que viene emitiendo Guzmán para financiar el gasto.
Una señal de alerta empieza a dar el mercado: abril cierra con una renovación de los vencimientos de deuda del 90%; el primer mes desde agosto de 2021 en el que el Tesoro no consigue renovar todos los vencimientos, según consigna Facimex Valores.
Pero entre los economistas que trabajan en un plan de estabilización ante un eventual triunfo de Juntos miran encuestas y se entusiasman: creen que tendrán más margen que el que tuvieron en 2015 para lanzar un programa de shock. En diciembre de 2015, apenas comenzó Macri su mandato, una encuesta de la Universidad de San Andrés reflejaba que 66% de la población consideraba que la situación económica era mala o muy mala. La misma casa de estudios publicó una encuesta esta semana en la que el 84% de los entrevistados respondió estar completamente insatisfecho con la situación económica. La percepción del problema económico argentino es mucho más palpable que lo que era entonces. En la última encuesta, la inflación, el desempleo y la pobreza son mencionados como los tres principales problemas del país.
En el establishment ya no creen en anuncios, no importa cuánto se esfuerce Guzmán. Alberto tiene un historial de promesas sin vuelo: la guerra contra la inflación, la apuesta de un plan plurinanual –dos veces anunciado– y las convocatorias a un diálogo social, empresarial y sindical son sólo algunos ejemplos. Para los actores económicos, está claro que sólo la política puede torcer la suerte de la gestión de Fernández y de la Argentina. Pero la interna en la coalición de gobierno sólo puede recrudecer, no importa cuántos actos de unidad se ensayen en los próximos meses. Lo reconocen los albertistas del Gobierno y también los kirchneristas, y se sigue viendo en la diaria de la gestión. Así, mientras desde La Cámpora boicotean la suba de tarifas con la que se comprometió Guzmán ante el FMI en pos de sostener el poder adquisitivo de las familias, desde YPF pujan por un nuevo aumento de los combustibles.
La vicepresidenta, la “dueña” de los votos, necesita diferenciarse de Fernández. En el kirchnerismo descuentan que la batalla de 2023 está perdida, pero necesitan proteger su bastión (la provincia de Buenos Aires) y su relato para poder aspirar a recuperar el poder en algún momento. Al final de cuentas, en la Argentina nunca nadie está perdido.
Mauricio Macri hoy vuelve a asomar como uno de los candidatos más competitivos para 2023, cuando hace apenas dos años parecía acabado. Del mismo modo que nadie podía imaginar a fines de 2017 que Cristina Kirchner volvería a ganar una elección apenas 20 meses después. La Argentina, una tierra de oportunidades. Al menos, para la política.