La Inteligencia Artificial podría tener múltiples aplicaciones en el ámbito judicial, indica un compilado de informes producido por el Centro de Tecnología y Sociedad de San Andrés

Los cinco informes analizan las prácticas, políticas y normas existentes alrededor de la aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito judicial latinoamericano.

El pasado 24 de noviembre de 2021 se produjo un importante avance alrededor de la implementación de la Inteligencia Artificial a nivel global: la Conferencia General de la UNESCO adoptó la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Se trata del primer instrumento estandarizado de este tipo que será adoptado por los 193 estados miembros de ese organismo internacional. El evento va en consonancia con esfuerzos regionales para comprender las condiciones normativas y regulatorias en las que las tecnologías de Inteligencia Artificial se insertan. Tal es el caso del documento “Preparación del Sector Judicial para la Inteligencia Artificial en América Latina”, publicado por el Centro de Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés, con un prólogo escrito por sus co-directores, Carolina Aguerre y Gonzalo Bustos Frati. Aguerre formó parte del Grupo de 24 Expertos Ad Hoc que trabajó en la formulación de la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la Inteligencia Artificial.

El trabajo, producto de la colaboración entre por lo menos 13 investigadores latinoamericanos, indica que la Inteligencia Artificial, en particular los desarrollos de Machine Learning y Deep Learning, podría tener múltiples aplicaciones en el ámbito judicial, ya que “el gran volumen de información y datos que se genera en la administración de justicia lo torna un espacio relevante para implementar técnicas de IA que permitan sistematizar, inferir, generar patrones y predicciones en menor tiempo y con mayor eficiencia de recursos”. La incorporación de estas técnicas podría impactar al sector judicial, según indica el informe, por lo menos de tres maneras: primero, mediante el apoyo a procesos existentes (por ejemplo, al proveer información de manera veloz); segundo, mediante la sustitución de procesos previamente realizados por humanos (por ejemplo, al relevar el rol de un asistente que busca información de forma manual); tercero, mediante la disrupción de maneras de trabajar (por ejemplo, al proveer una capacidad predictiva que fuera inédita). Es sobre todo en el segundo y tercer nivel (la sustitución y la disrupción) que el análisis y debate sobre los marcos normativos y regulatorios en los que se insertaría la Inteligencia Artificial se tornan cada vez más relevantes.

A lo largo de cinco informes, el compilado releva los casos de Argentina, Chile, Colombia, México, y Uruguay. Se trata de un documento pionero ya que aplica un marco analítico inédito desarrollado para esta investigación sobre la relación entre Inteligencia Artificial y organismos estatales para la región. El marco, que podría ser replicado para otros países y regiones, consta de seis dimensiones: (1) mapeo general del caso según índices de referencia; (2) normativa y estrategias relativas a Inteligencia Artificial; (3) gobernanza de los procesos de modernización judicial, con énfasis en la Inteligencia Artificial; (4) diagnóstico y desarrollo de capacidades para la adopción de inteligencia artificial; (5) condiciones existentes para el despliegue de Inteligencia Artificial en el ámbito judicial; e (6) Inteligencia Artificial como oportunidad para el sector judicial. A su vez, el documento propone más de 50 indicadores empíricos.

Miércoles, Diciembre 22, 2021