La Justicia pone en jaque a Google, Instagram y TikTok en Europa: qué puede pasar en Argentina

Desde hace casi un mes, los gigantes de internet (Big Tech) y otros jugadores clave están sujetos a Ley de Servicios Digitales o Digital Service Act (DSA) en la Unión Europea (UE), una nueva normativa que entró en vigencia el viernes 25 de agosto que los hacen responsables de los contenidos que se postean.

Si bien esta legislación rige sólo para los 27 países de la UE, esto podría cambiar el panorama general de cómo se relacionan con sus usuarios: en términos generales, deberán ser más transparentes en cuanto a sus recomendaciones, avisos publicitarios y, sobre todo, tendrán más responsabilidades.

Ahora, las plataformas empezarán a responder por las fake news -noticias falsas- que se publiquen, tendrán que recalcular la vigilancia que hacen de los usuarios, deberán proteger más a los menores de contenidos ofensivos, serán responsables por la promoción de contenidos ilegales y deberán reajustar lo que muestran para que no todo esté curado por un algoritmo pensado para freír cerebros.

Para entender qué cambia y pensar cómo podría afectar esto en un esquema general a estos gigantes globales como Google, hay que dar unos pasos hacia atrás y hacerse algunas preguntas. ¿Qué es lo que está “roto” en internet hoy?

¿Qué es lo que se les cuestiona a estos gigantes? ¿De qué manera abusan de los derechos de los usuarios? ¿Cómo se va a aplicar esta legislación a empresas que parecen no tener injerencia sobre un país determinado, sino sobre todo el mundo?

Acá, expertos explican los detalles de la nueva normativa y de qué manera podría incidir en otras regiones del mundo como Argentina.

Nuevas normas para los monopolios tech

Que TikTok muestre un video de nuestro interés tras otro es una práctica habitual. Que Amazon ofrezca un kit de herramientas porque un usuario hizo una búsqueda sobre un martillo parece razonable. Que Instagram nos sugiera un contacto en común o una publicidad de sillones porque hablamos del tema en WhatsApp, es parte de nuestra "dieta informativa".

El modelo de negocio de todas las plataformas es quedarse con lo más preciado que tienen, quizás sin saberlo, los usuarios: su atención, en un mundo de hiperinformación. “Cuando algo es gratis, el producto sos vos”, dice una máxima que está más vigente que nunca. Y que los sitios más visitados del mundo explotan día a día.

Esta metodología prioriza, ante todo, una palabra muy común en la dinámica de las plataformas: el engagement, algo difícil de traducir con exactitud pero que remite a esas ganas de “tener más” que suelen dejar, sobre todo, las redes sociales.

Esto es lo que se conoce como “radicalización del algoritmo”. Cory Doctorow, experto en derechos digitales con más de 20 años de trayectoria en torno a revisar las prácticas online, explica a Clarín este fenómeno: “Es cierto que los algoritmos pueden hacerte descubrir cosas nuevas. El problema aparece en los casos en que las recomendaciones son negativas y te pueden orientar a experiencias negativas: posteos de odio racial, por ejemplo”.

“Por ejemplo, si sos proclive a las explicaciones racistas de lo que ocurre en el mundo, una simple búsqueda puede llevarte a teorías racistas cada vez más esotéricas que puedan tener cada vez más sentido para vos”, grafica, en lo que constituye un caso de radicalización algorítmica. Una inyección de sesgo de confirmación.

Ahí es cuando las plataformas suelen eludir su responsabilidad y plantearse como meros medios entre los usuarios y los contenidos: “Es el algoritmo”, responden de manera vacía sus voceros cuando son consultados, como si un algoritmo no estuviese programado por humanos.

Contra eso apunta Europa sus cañones: la DSA intenta que sean responsables por difundir ese tipo de información.

Esto tiene que ver en parte con que “los procesos detrás de eso son automatizados y opacos: no sólo no sabemos cómo funcionan, sino que tampoco conocemos los intereses detrás de esos procesos, porque el modelo de negocio de las plataformas es retener nuestra atención”, explica Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.

“La opacidad del funcionamiento de estos sistemas, cómo dar de baja un contenido, cómo es la automatización por algoritmos: estos algunos de los temas que la DSA pretende atender”, agrega la especialista en privacidad y derecho a la información.

Qué cambia con la nueva ley

“La organización de los contenidos está motivada por un modelo de negocios basado en la publicidad conductual que es invasivo de la privacidad (porque extrae datos de geolocalización, contactos, chats, historial de navegación, etc.)”, explica a este medio Martín Becerra, investigador principal en Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires.

Bajo este escenario, hay dos grandes temas que regula la DSA: lo que se conoce como VLOP (Very Large Online Platforms) y VLOSE (Very Large Online Search Engines), es decir, plataformas online y buscadores muy grandes que superan los 45 millones de usuarios.

Esto impacta en cuatro tipos de regulaciones “madre”:

• Prohibición de venta de productos ilegales
• Prohibición de difusión de contenidos ilegales
• Prohibición del uso de datos personales como el género para ofrecer publicidades
• Evitar “patrones oscuros” que manipulan el comportamiento de las compras online.

“Un ejemplo es que la llamada 'moderación' de contenidos, que en realidad es organización de contenidos editada por las grandes plataformas (sea el motor de búsqueda de Google, el feed de Instagram o el For You de TikTok) debe contener opciones alternativas a la, hasta ahora, impuesta por cada plataforma”, explica Becerra.

“Esto es fundamental, porque a partir de ahora los usuarios podrán elegir una opción que sea de aparición cronológica de contenidos para ver lo que publican las cuentas que sigue, sin la manipulación de la plataforma en cuestión, rompiendo de este modo el cerco o la burbuja impuesta por las Big Tech”, agrega, en relación a las redes sociales.

También hay varios tipos de problemáticas relacionadas a proteger menores de edad que la DSA intenta resolver: la suspensión de recopilación personal (vía cookies, ver acá) para ofrecerles publicidad y la evaluación de riesgos de salud mental a la hora de mostrar contenidos sensibles.

“La nueva norma también prohíbe la publicidad conductual basada en el perfil de menores de edad, lo cual es importante para protegerlos de la mercantilización a la que están sometidos en entornos digitales”, agrega Becerra.

Otro de los puntos sustanciales de la ley tiene que ver con la desinformación y las noticias falsas: las plataformas serán responsables por su difusión, algo que venían esquivando al posicionarse como medios entre los usuarios y las noticias.

“La desinformación y las fake news hasta ahora son parte del modelo de negocios de las grandes plataformas, que lucran captando el tiempo de atención de sus usuarios y saben que el contenido escandaloso, aún falso, retiene al usuario más tiempo en la plataforma”, contextualiza.

“Esto se traduce en la mayor extracción de datos personales y en su comercialización publicitaria. Pero el nuevo reglamento europeo obliga a las grandes plataformas a disponer de herramientas sencillas para que los usuarios puedan denunciar contenido ilegal, facilitando la identificación de piezas u operaciones de desinformación y evitando su viralización”, suma el experto.

Para el experto, la ley constituye un doble aporte: “Por un lado, establece obligaciones para las grandes plataformas digitales en función de su escala de mercado y de la concentración de recursos que acaparan (es decir, no obligan a redes emergentes a cumplir los estándares dispuestos para Google, Meta, Amazon o TikTok)".

Por otro lado, hay un reconocimiento de derechos que marca un antes y un después en el rubro: "Reconocen explícitamente derechos de los usuarios y consumidores que hasta ahora estaban sometidos a decisiones opacas, cambiantes e inapelables de las principales plataformas”.

El impacto en el mundo: qué puede cambiar en Argentina

La nueva normativa dio que hablar desde su entrada en vigencia, ya que las penas para quienes no se adapten son grandes. Las empresas que no cumplan en Europa con esta nueva regulación están amenazadas de ser multadas con un 6% del beneficio global que obtengan. En el caso de Apple, por ejemplo, tomando 2022, serían cerca de 23 mil millones de dólares de penalidad.

De hecho, algunas como Meta activaron cambios desde el mismo viernes que entró en vigencia la norma. Redes sociales muy populares como Instagram ya permiten elegir un feed distinto al que sugiere la app.

Pero, ¿cómo impacta en otras regiones del mundo como América Latina? ¿Podría haber una regulación similar en Argentina?

En rigor, “la regulación en Europa marca una línea que, una vez implementada por parte de las plataformas, no tiene por qué no ser aplicada en otras jurisdicciones más allá del alcance de la DSA”, señala Busaniche. Con lo cual, en primera instancia, si bien no es vinculante a otras jurisdicciones, podría orientar las políticas globales de las empresas.

Pero el escenario es más difícil. “Hablar de regulaciones a nivel regional es muy complicado porque nosotros no tenemos la institucionalidad que tiene la Unión Europea. Entonces construir regulaciones de este tipo que sean lo suficientemente potentes como para obligar a las plataformas a cumplirlas, es un proceso sumamente complejo”, agrega.

En este sentido, América Latina es más débil en comparación con la Unión Europea y debería regular país por país, según la institucionalidad de cada nación.

“América Latina se rige por la Convención Americana de Derechos Humanos que, en materia de libertad de expresión, es una de las regulación más eficientes, claras y concretas. Ahí hay un marco de referencia importante para nuestra región”, expone Busaniche, como punto de partida para pensar en un desborde del espíritu normativo de la DSA hacia otros continentes.

Ahora bien, aunque en Argentina no hay normativas tan claras y con tanta potencia como la DSA, sí hay una serie de proyectos que van en este sentido.

“Creo que el más destacable en este momento es el relacionado a la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales -Resolución AAIP 119/2022 y 145/2022-. Allí hay disposiciones sobre las decisiones automatizadas, (incluida la elaboración de perfiles) y la protección de menores en particular”, señala Santiago Gini, Director del Programa de Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones (DITC) de la Universidad de San Andrés.

El año pasado, recuerda, el senador Adolfo Rodriguez Saa presentó un proyecto llamado “Protección y defensa por publicaciones de contenido ilegal en plataformas de proveedores de servicios de redes sociales”. Incluso, en 2020 hubo un “pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas o planes de acción para la regulación de redes sociales, plataformas o portales de internet y sus contenidos en relación a noticias falsas o maliciosas”.

Como señala el experto, la legislación, lejos de lo que sucede con la DSA en Europa, está atomizada entre proyectos, pedidos y normas vigentes a nivel regional.

A fin de cuentas, no es menor que “detrás de la norma subyace un ‘juego de poderes’, dado que no es lo mismo lo que puede imponer la Unión Europea a las grandes plataformas (y a las pequeñas) que lo que le pueda imponer una nación o bloque no tan significativo en términos económicos”, señala el experto.

En este sentido, la ley europea sí podría sentar un precedente, no tanto para los países, sino para el accionar de las plataformas. “Si puedo armar mi dieta informativa y saber cómo funcionan los algoritmos en la UE, quizás podemos esperar -aunque quizás estoy siendo muy optimista- que a futuro las plataformas armonicen este tipo de regulaciones para su operatoria global”, arriesga Busaniche.

Arreglar las plataformas

Una gran parte de los problemas con el funcionamiento de las plataformas tiene que ver con el “excepcionalismo tech”, una idea que plantea el periodista Cory Doctorow en su nuevo libro, La estafa de internet, y que detalló en una entrevista con Clarín.

“El excepcionalismo tecnológico es la idea de que, como la tecnología es tan poderosa, innovadora y fascinante, no está sujeta a las viejas reglas. Por ejemplo, hay gente que dice ‘bueno, esto no es una violación de la intimidad si lo hacés con tu computadora’, pero nunca te plantearías si está bien o mal escuchar conversaciones telefónicas, seguir a alguien y sacarle fotos o anotar todos los lugares que visitan. Y sin embargo, en internet la vigilancia de las plataformas es constante, pero pocos la ven como una violación de la intimidad”, explicaba.

Bajo esta idea, la tecnología ha adquirido una relevancia sustancial en la vida de los ciudadanos, al punto que su influencia la convierte en un fenómeno social y no sólo computacional.

“El poder de las grandes plataformas es, hoy, un problema político -porque editan la agenda pública-, cultural -porque afectan los valores y filtran los contenidos de miles de millones de personas-, y económico -porque resienten la competencia y la innovación-. Por lo tanto, ese poder inédito es todo un problema democrático. Es lógico y deseable que las instituciones democráticas como los congresos y parlamentos, tras habilitar un amplio debate como ocurrió en Europa, establezcan reglas de juego que corrijan los caprichos y el apetito voraz de un puñado de corporaciones”, reflexiona Becerra.

En este sentido, afirma que la ley es un paso adelante: “Creo que es positiva. Ninguna ley aislada va a resolver los problemas múltiples que aquejan a los entornos digitales, pero la regulación legal es imprescindible para avanzar en su reforma”.

“Creo que la tecnología es el campo donde vamos a librar todas las batallas que importan. Las luchas por la justicia de género, la emergencia climática y todas esas otras cuestiones tan importantes sólo se ganarán o perderán en las plataformas tecnológicas. Y por eso es realmente importante que consigamos una internet libre, justa y abierta, porque es la condición previa necesaria, pero insuficiente, para un mundo libre, justo y abierto”, cierra Doctorow.

En Europa, las Big Tech tendrán que adaptarse o pagar las millonarias consecuencias económicas de no acoplarse a la Digital Services Act.

El tiempo dará una sentencia más clara sobre sus efectos en el resto del mundo que, por ahora, parece estar bastante por detrás de la Unión Europea.