La regulación de criptomonedas debe tener en cuenta los contextos locales
El sábado 2 julio de 2022, el día en que el entonces Ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dejó su cargo, la compra de criptomonedas en el país aumentó entre dos y tres veces respecto a un sábado típico. Argentina ocupa el décimo puesto del Índice Global de Adopción de Criptomonedas. Quienes poseen activos digitales en el país declaran resguardar el valor de sus ingresos de las altas tasas de inflación, la falta de confianza en la moneda local y los controles de divisas implementados en la última década. Al operar como un sistema descentralizado, las criptomonedas evitan las consecuencias indeseadas de la gestión de las instituciones monetarias tradicionales. Maia Levy Daniel, investigadora asociada del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS), y Matías Jackson, de la Universidad de la República Uruguay, proponen que, en el contexto argentino, las criptomonedas se han transformado, para algunas personas, en una forma de preservar su derecho de propiedad.
Si a nivel global las criptomonedas son adoptadas como una forma de inversión alternativa, en Argentina su uso se concentra en la preservación de los recursos financieros particulares frente a la inflación y posibles intervenciones estatales. Tras consultar a distintos especialistas argentinos en consumo y regulación de criptomonedas, Levy Daniel y Jackson observan que las regulaciones locales no consideran el contexto particular argentino. En un nuevo trabajo publicado por el Stanford Cyber Policy Center argumentan que, a pesar de los beneficios declarados que esta tecnología aporta a una porción significativa de la población argentina, el gobierno nacional tendió a desalentar su uso, lo que por momentos contradice las medidas tomadas por otros gobiernos locales. La posición del gobierno nacional responde a la adopción de marcos normativos globales enfocados en la prevención de actividades ilegales, como el lavado de dinero o la evasión fiscal, y posibles vulneraciones a la actual regulación cambiaria. Sin embargo, según los autores, la limitación a la compra y uso de criptomonedas podría perjudicar a los usuarios que resguardan la mayoría de sus ahorros en esta divisa. Si bien la libertad de transacción no forma parte del marco internacional de derechos humanos, el derecho a la propiedad puede servir de sustituto para reflexionar sobre las libertades implicadas.
En un país con uno de los niveles más altos de adopción de criptomonedas entre su población, las particularidades locales deberían informar el enfoque regulatorio. Los investigadores proponen tres recomendaciones para los responsables de la toma de decisiones en este tipo de escenarios: identificar explicaciones alternativas a la amenaza para el uso generalizado y la disposición a comprar criptomonedas en un contexto de crisis económica y financiera, reconocer los beneficios para la inclusión y alfabetización financieras que podría traer esta tecnología, y considerar la adopción de activos digitales como una forma de derecho básico cuando los ahorros en criptomonedas pasan a ser necesarios para el desarrollo de las vidas de las personas.