El año pasado un 44% de las empresas listadas en la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó algún tipo de informe vinculado a la sustentabilidad. El número está lejos todavía de lo que sucede en Europa y Estados Unidos, donde las compañías están habituadas -cuando no obligadas- a reportar sus acciones en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Sin embargo, impulsadas por las filiales locales de compañías multinacionales y cambios en la regulación, lentamente las políticas de ASG van cobrando protagonismo en el país.
"La adopción de políticas ASG es un movimiento muy importante y relevante fuera de la Argentina. Y ahora empieza a aparecer acá para los que establecen vínculos comerciales con empresas internacionales y quieren exportar, porque es una exigencia que tienen mercados como el europeo", explica Bárbara Ramperti, Socia de Marval O'Farrell Mairal.
Además, destaca que el tema está presente en las conversaciones de negocios cuando se busca iniciar relaciones comerciales y contractuales con compañías internacionales. Estas firmas tienen parámetros y políticas internas y buscan trabajar con quienes tienen una agenda similar.
"A nivel internacional existe normativa sobre temáticas ASG, como por ejemplo el bloque regulatorio de la Unión Europea, que, entre otros, dispuso limitaciones a las importaciones de países o regiones objeto de actividades de deforestación, que tienen efecto extraterritorial y que, por lo tanto, exigen a las compañías argentinas a cumplir con dichos estándares", aporta María Victoria Tuculet, socia de la práctica ASG de Bomchil.
Además, las filiales locales de empresas multinacionales tienen que estar en condiciones de reportar a la casa matriz sus avances en cuestiones de sustentabilidad para asegurarse de que estén alineadas con sus políticas globales. Y, tal como sucede en sus países de origen, buscan derramar esas prácticas a toda su cadena de valor.
Educar a las pymes
"Tienen un rol importante para que las empresas locales adopten estándares internacionales, especialmente las pymes. Les explican en qué consiste y, sobre todo, cuáles son las ventajas, entre ellas mejorar su reputación y volverse más atractivas para las generaciones más jóvenes. Pero sobre todo, tienen que entender que no se trata de solo un discurso. Tienen que tener políticas concretas, con resultados medibles y que se puedan proyectar a futuro", agrega Ramperti, de Marval O'Farrell Mairal.
Pablo Andrés Crimer, profesor del departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés y consultor experto en ASG del estudio Bruchou & Funes de Rioja, agrega que otro de los motivos que acerca a las compañías a la adopción de estándares de sustentabilidad es el acceso al capital. Cada vez más bancos empiezan a pedir políticas sociales y ambientales para otorgar préstamos. Además, la aparición de los bonos sustentables en la CNV se convirtió en una opción atractiva para el mercado.
"Eso sin contar la presión de los stakeholders, que es cada vez mayor. Vecinos que se organizan, ONG que demandan cambios y el capital humano que prefiere trabajar en las compañías que cumplen con estándares ASG", destaca el especialista y agrega que, cada vez más, las compañías cuidan su activo reputacional y ninguna, especialmente las grandes, quiere tener un impacto en su imagen por cuestiones ambientales.
Sin embargo, la coyuntura económica argentina marca otro ritmo. Para compañías más preocupadas por la inflación y la caída del consumo, el momento para hablar de adoptar este tipo de políticas se posterga una y otra vez. Es que, según interpretan, para implementarlas se necesita un desembolso que, hoy, se entiende más como gasto que como inversión.
Una gestión diferente
"Hay que desmitificar esa idea de que adoptar estándares ASG es caro. En muchos casos solo se trata de tomar conciencia de cómo gestionar el negocio de una manera diferente. Es entender qué significa la sustentabilidad para el negocio y qué se puede hacer desde el lugar de la empresa para tener una posición responsable en términos ambientales, sociales y de control y gestión", dice Crimer
Fomentar la diversidad de talento y de género, revisar los criterios de selección de clientes y proveedores, analizar con qué tipos de prácticas no se quiere ser asociado son solo algunos ejemplos de medidas fáciles de adoptar y que no requieren de un gran desembolso. "Hay un montón de aspectos vinculados a la gobernanza que se pueden revisar sin hacer una inversión millonaria", agrega.
Lo cierto es que si se busca acelerar el ritmo de adopción de estándares ASG, la mejor manera es otorgar incentivos. Ese es el espíritu de la aparición del panel verde de BYMA, que abrió el mercado de capitales a las políticas de sustentabilidad.
"En 2017 la CNV sacó los lineamientos de los bonos verdes y sustentables y desde entonces hubo 65 emisiones. Esto permite acceder a un mercado diferente, con inversores institucionales que buscan específicamente este tipo de bonos", explica Gabriela Grigioni, socia de Compliance y Mercados de Capitales de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Bonos con propósito
Más del 60% de los bonos y títulos del panel verde de BYMA fueron a financiar proyectos ambientales, mientras que el resto se dividió en partes iguales entre iniciativas sociales y de gobernanza. Además del beneficio reputacional que supone operar en ese panel, se puede acceder a mejores tasas.
"Lo que se ve en distintos relevamientos es que hay intención de dar cumplimiento o entrar en estándares de ASG. El tema todavía es incipiente, pero se están dando pasos en ese sentido, como la obligación negociable emitida por Techo en 2021. Fue la primera vez que una asociación civil emitió un bono social y allanó el camino para otras que llegaron después. En el fondo lo que se busca es llegar a la verdadera sustentabilidad. Lograr entorno económico próspero, que se pueda mantener en el tiempo, pero protegiendo medioambiente y la calidad de vida de las personas con las que estás vinculado", cierra Grigioni.