Polémica por una base de datos de la Superintendencia de Servicios de Salud accesible para cualquiera
Una base de datos que puede ser consultada por cualquiera y revela inmediatamente información sobre qué obra social tiene cada ciudadano argentino. Incluso las del pasado. Incluso si el beneficiario es empleado en relación de dependencia o monotributista. “A través de esta página Ud. podrá acceder a los datos de los beneficiarios titulares y familiares a cargo incluidos en la Base de Datos del Padrón de afiliados que actualiza esta Superintendencia con los datos aportados por cada uno de los Agentes del Seguro de Salud con carácter de declaración jurada”, señala el sitio, que no requiere de ninguna identificación para el acceso a los datos, tal como publicó Clarín hace unos días.
Según dicen desde la Superintendencia de Servicios de Salud, se trata de “una fuente de consulta para que los más de mil hospitales públicos descentralizados puedan tener allí acceso a la información de sus pacientes y de esta manera poder realizar la facturación correspondiente”, explican.
Solo hace falta ingresar a un sitio web gubernamental, poner el CUIT (un dato que se obtiene fácilmente en la web) y listo: ahí salen los resultados. La discusión es sobre qué tan sensible son esos datos y si deben ser públicos. Para la Superintendencia “esa misma base de datos no reviste información sensible. Además, las personas que quieren saber en qué Obra Social están, pueden hacerlo”, señalan en diálogo con LA NACION.
Sin embargo, varios especialistas en protección de datos, opinan lo contrario. Pablo Palazzi, profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés y director del CETYS, señala que “el Estado tiene mucha información, pero no todo lo que tiene es público o publicable. Mucha información que el Estado tiene es claramente pública y está destinada a ser publicada, y está bien que el Estado la publique, pero los criterios de open data y de open government tienen que armonizarse con la privacidad y las normas de protección de datos personales. Por ejemplo, al debate sobre transparentar cuánto ganan los funcionarios se pueden publicar franjas, que igual da publicidad, pero ampara al empleado público”, ejemplifica.
“En este caso concreto, el Estado al hacer disponible la pertenencia a la obra social, está dando demasiada información. Hay que ver si existe una norma que disponga la publicación de esto y cuál es el objetivo de la publicidad, y si es proporcional con el impacto que puede tener en la privacidad del individuo. Tal vez en vez de informar la obra social podrían haber informado solamente que si tiene obra social. O tal vez podrían pedir un dato más al afiliado para mostrar la obra social y así evitar dar información adicional”, agrega.
Javier Pallero, activista de derechos digitales independiente, explica, respecto al resguardo y acumulación de datos, que “la regla es la intimidad y la privacidad, y la excepción es cuando vos podés romperla para un fin público”. “La acumulación de datos genera riesgos como el robo de información, riesgos de identidad y también riesgos de autoritarismo por parte del Estado o de implementación de políticas terribles. Imaginate que mañana viene un gobierno de corte autoritario fascista que quiere discriminar a la población en base al ejercicio de ciertos derechos. Bueno, acá tenés todo el caldo de cultivo y todo lo necesario para que lo hagan”.
Lucas Tamagno, abogado laboralista que entiende de datos personales y autor de un libro sobre derecho laboral y nuevas tecnologías de próxima publicación, explica que “el libre acceso que permita verificar la obra social que tiene una persona claramente violenta los derechos personales consagrados en la Ley 25.326 (Protección de los Datos Personales). De esta forma, el poder tomar conocimiento de la Obra Social que posee el particular generaría la posibilidad de verificar un estatus económico determinado, ya que la consulta ofrece un archivo por el cual se indica también los adherentes, lo que a su vez constituye otra violación a la intimidad de la persona”. Palazzi señala un aspecto relacionado con esto: “esta base de datos genera un montón de datos que se pueden inferir, por lo cual hay que tener un balance”.
“Un elemento no menos importante es que se informa también los datos del empleador, lo que en muchas ocasiones es utilizado como una forma de presión en eventuales juicios laborales. Si el empleado se consideró despedido por alguna razón, esta información podría ser utilizada para pedir informes a su nuevo empleador, con el riesgo que conlleva para un empleado que su actual empleador sepa de la existencia de un juicio”, agrega Tamagno.
Volverla privada
En diálogo con LA NACION, desde la Superintendencia de Salud explicaron que están los planes “cerrar completamente” esa fuente de consulta pública. “Hay una puesta en marcha de una plataforma para que los hospitales tengan credenciales de acceso directo. Por el momento, muchos todavía no tienen acceso y es por ello que se mantiene de fuente pública la actual base de datos”, explicaron.