Retomar el federalismo ambiental: Una solución para prevenir y controlar los riesgos ambientales en Argentina
En junio de este año, Argentina fue declarada “en default ambiental”. El indicador, producido por la ONG Global Footprint Network, estima el momento en que un país ha utilizado todos los recursos biológicos que la Tierra regenera durante un año completo. Si bien el artículo 41 de la Constitución Nacional asegura que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, los crecientes incendios de humedales reflejan la necesidad urgente de ejecutar políticas ambientales de control y prevención. Un nuevo trabajo publicado por María Florencia Saulino, profesora del Departamento de Derecho de San Andrés, propone que regresar al federalismo ambiental en Argentina o, en otras palabras, reconsiderar cómo se distribuyen las competencias ambientales entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, es una medida clave en ese sentido.
En el artículo, recientemente publicado en la revista electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, Saulino explica que a partir de la reforma constitucional de nuestro país en 1994, el gobierno federal adquirió la capacidad de dictar normas vinculadas con presupuestos mínimos en temas ambientales, lo cual terminó por reivindicar un centralismo en el manejo de la política ambiental. La autora argumenta que la redistribución de competencias entre gobiernos debería sin embargo seguir dos principios. En primer lugar, el de subsidiariedad, por el que aquella unidad de gobierno más descentralizada y con capacidad de solucionar el problema en cuestión sea la que asuma la tarea de resolverlo. En segundo lugar, el de correspondencia territorial, que indica que los problemas ambientales deben resolverse en las instituciones correspondientes al ámbito geográfico del problema en cuestión. Argentina es un país con una gran diversidad climática y de biomas, lo que crea una serie de escenarios potencialmente muy distintos. Para Saulino, que se ha desempeñado como Consultora de la CEPAL, del PNUD, y del Banco Mundial, los gobiernos provinciales y municipales son los más aptos para abordar los problemas ambientales de sus distritos, ya que conocen en detalles los ecosistemas afectados, tienen mayores posibilidades de escuchar a las comunidades que los habitan y, al mismo tiempo, dichas comunidades pueden controlar mejor la aplicación de las políticas locales y provinciales.
Para evitar lo que Saulino llama un “centralismo injustificado”, el gobierno federal debería enfocarse en aquellos casos en los que existe una afectación al comercio, un daño ambiental interjurisdiccional que las provincias y municipios no pueden resolver por sí mismas, o la necesidad de proteger especies y ecosistemas especialmente valiosos. Esto permitiría una política ambiental más eficiente y efectiva.